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Cambios en combustibles: así son las cuatro etapas que propone el gobierno a partir de marzo

El Parlamento comenzará a estudiar la propuesta, que trae modificaciones en las reglas de juego para Ancap, distribuidores y estacioneros

Ancap tendrá un plazo de máximo de tres años para corregir su sobreprecio respecto al PPI de la Ursea.

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04 de febrero de 2021 a las 05:00

El Poder Ejecutivo envió esta semana a la Asamblea General del Parlamento, una propuesta de revisión del mercado de combustibles, con carácter de “urgente” , que tiene entre sus objetivos ir hacia un mercado “menos regulado”, “más eficiente” y “competitivo”.

Los cambios que se plantea realizar en todos los eslabones de la cadena, desde la producción y distribución  hasta la comercialización en las estaciones, se realizarían en cuatro etapas durante los próximos 3 años. Aquí algunos de los puntos claves en cada uno de esos pasos.

Etapa 0 o “transitoria”

Esta etapa se iniciaría el próximo 10 de marzo. Mediante decreto, el Poder Ejecutivo reglamentará el artículo 235 de la ley de Urgente Consideración (LUC) que refiere a la aprobación del precio de venta de los combustibles producidos por Ancap en cada una de las plantas de distribución. 

Allí se establecerá que a partir del 10 de abril comenzaría a regir el precio que apruebe mensualmente el Poder Ejecutivo, tomando en cuenta el Precio de Paridad de Importación (PPI) que publique Ursea, más un margen X (sobreprecio) por producto, que deberá ir disminuyendo hasta converger a cero en un plazo de tres años.

Entre el precio de planta y el precio máximo se interpondrá un precio máximo intermedio transitorio (precio en que los distribuidores venden a las estaciones) que determinará la Ursea. Ese precio regirá hasta que empiece la etapa 1.

Además, el Poder Ejecutivo encomendará a Ancap a renegociar nuevos contratos de suministro de combustibles con las distribuidoras (Ducsa, Axion y Disa (ex Petrobras). Hoy los contratos están vencidos. Además, existen dos fallos arbitrales a partir de dos procesos promovidos por Axion y Petrobras, donde se dictamina que las partes tienen que negociar de buena fe nuevos contratos.

También el Poder Ejecutivo tiene previsto “dar subsidios” para que en localidades del interior más alejados puedan instalarse estaciones de servicios en zonas desabastecidas.

Etapa 1

Esta etapa comenzaría el 10 de enero de 2022. Por esa fecha empezaría a regir el nuevo precio máximo intermedio (precio al que las distribuidoras podrán vender el combustible a las estaciones de servicio) que fijará Ursea.

Los distribuidores pasarán a absorber el costo del flete -hasta ahora corre por cuenta de Ancap-, y se reconocerá un costo óptimo para el flete dentro del cálculo del precio máximo intermedio.

Además, se encomendará a la Ursea a realizar una reglamentación que autorice a los distribuidores a que puedan diferenciar productos, pero siempre deberán tener disponibilidad del producto base o vender el producto premium al precio base. “Esto permitirá que exista una competencia basada en productos, más allá de la competencia por precio, posibilitando que los distribuidores pueden ofrecer mejoras a los productos básicos que adquieran de Ancap, y de esa forma contribuir a un mercado competitivo”, explica el texto.

Dentro de esta etapa también se lanzará un sistema de información para los usuarios con toda la información que recabe el regulador y que entienda debe ser de acceso público, como precios y costos. “Este hito permitiría conocer la elasticidad precio de la demanda”, dice el documento del Ejecutivo. 

Etapa 2

Esta etapa se iniciaría el 1 de enero de 2023 y está sujeta a la evaluación de las etapas anteriores. En esa parte del calendario el Poder Ejecutivo encomendaría a la Ursea una revisión del reglamento que se aplica para la apertura de estaciones de servicio, y se  “eliminarían condiciones que actúen como restricciones o barreras de entrada al mercado”.

Además, la Ursea permitiría que las estaciones de servicio puedan operar bajo otro sello al término de los contratos con las distribuidoras. Ello busca mejorar el poder de negociación de las estaciones de servicio. Como contrapartida, la Ursea aprobará una metodología para determinar el precio justo o mecanismo de compensación por los activos que las distribuidoras posean dentro de las estaciones.

Por otro lado, la Ursea definirá qué se considera como grandes consumidores, y se habilitará a que puedan abastecerse a granel directamente de los distribuidores si cumplen con esa condición.

También se permitirá que los distribuidores (Ducsa, Axion y Disa -ex Petrobras-) puedan tener más estaciones bajo su gestión (hoy tienen 7 de algo más de 450 bocas en todo el país), pero aun en porcentaje bajo respecto al total de la red.

Etapa 3

En la etapa 3 (sin fecha) se eliminaría el precio máximo de venta al público establecido en el artículo 235 de la LUC,  y el Poder Ejecutivo pasaría a aprobar solo el precio en la planta de distribución de Ancap. También se eliminaría el precio máximo intermedio.

De esa manera se pasa a un régimen libre, pero donde la Ursea tendría potestad legal de determinar precios máximos o intermedios si se constatara “abusos o prácticas anticompetitivas”. En esos casos, impondría precios provisorios, revisables, precarios, pero con un plazo mínimo “a los efectos de que los actores y el público en general puedan tener previsibilidad respecto a las reglas de juego del mercado”, dice el informe oficial.

Por último, en esta etapa también se eliminaría el factor de ajuste diferenciado por producto (sobreprecio) y Ancap pasaría a vender en las plantas de distribución primaria a valores PPI.

Es decir, la regulación pasaría a ser la mínima que asegure el menor costo de abastecimiento, que haya combustible en todo el país, y que no haya distorsiones en la cadena.

La visión del gobierno sobre distribuidores y estacioneros

El proyecto enviado al Parlamento contiene un capítulo dedicado enteramente a la distribución secundaria. Allí se la define como “costosa” (del orden del 16% del precio final) y con reglas de juego “muy particulares” que no impulsan la eficiencia.
En primer lugar, se destaca que los márgenes de distribuidores y estaciones de servicios se reajustan de manera periódica de acuerdo a una paramétrica, independientemente del precio del combustible.
Según el gobierno, la figura del distribuidor tiene “poca relevancia” en la definición del producto, del precio, y no tiene un papel relevante en la optimización logística de la cadena y en la gestión de los costos asociados. Hoy el producto y el precio es el mismo en todas las estaciones sin importar el sello, y los fletes los paga Ancap.
En relación a los operadores de estaciones de servicio, el gobierno sostiene que está “muy regulado”. Explica que de la ubicación de la estación (completamente regulada) depende su negocio casi en un 100%, y que el proceso para establecer una estación es lento y depende de Ancap. Las diferencias por precio no existen, a excepción de descuentos que se aplican para grandes consumidores de gasoil, y a otras diferencias por servicios o negocios colaterales como minimercados, gomerías y lavaderos.
También destaca que Ancap “es juez y parte” en la distribución secundaria, porque determina las condiciones de funcionamiento de toda la cadena a través de los acuerdos con los distribuidores, y es quien determina la apertura de nuevas estaciones o el traslado o cierre de las existentes.
“En rigor  no existe un mercado de combustibles, sino un sistema hiperregulado con muy pocos incentivos a la competencia, donde para todos los actores está regulado el producto y sus ingresos (precio, margen o bonificación)”, dice el documento a estudio del Parlamento.
El gobierno considera que las reglas de juego deben asegurar el aprovisionamiento de la población y el sector productivo, pero buscando eficiencia y evitando una dinámica histórica de  “costo plus”, donde la discusión se centra en qué costos se reconocen a los diferentes eslabones de la cadena y se ajustan así sus remuneraciones.
 
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