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El gobierno envió su propuesta para el mercado de combustibles con un impuesto a las emisiones de CO2
Por Miguel Noguez y Andrés Oyhenard
El Poder Ejecutivo envió este martes a la Asamblea General del Parlamento una propuesta de revisión del mercado de combustibles, según lo dispuesto en la ley de urgente consideración.
El texto de 199 páginas al que accedió El Observador señala que se espera que la reforma “dote a los agentes de los incentivos y las condiciones necesarias para que exista un mercado más competitivo y eficiente, y por lo tanto de combustibles más accesibles para los consumidores”.
“En tal sentido, el resultado deseado es que dichas condiciones sean suficientes para ejercer una presión competitiva en el mercado, que impacte en una baja real del precio de los combustibles, incremento de la oferta y ampliación de los servicios”, agrega.
El futuro sistemas de combustibles
El Poder Ejecutivo aprobará los precios de los combustibles a los que Ancap deberá vender en las plantas de distribución desde donde se abastecen las estaciones de servicio.
Para eso se utilizarán como base los Precios de Paridad de Importación (PPI), es decir, el precio (teórico) que asumiría un privado si importara y vendiera los mismos combustibles que comercializa Ancap. Esos valores serán calculados cada mes por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). “Este ejercicio supone una presión competitiva para el ente que lo debería llevar a mejorar sus procesos de eficiencia interna”, dice el texto.
A manera de transición y para que Ancap se pueda adecuar a ese nuevo esquema sin comprometer sus números, se sugiere establecer un factor de ajuste diferenciado para cada producto, hasta converger de manera gradual a los valores de PPI en un plazo máximo de tres años, y cumpliendo hitos de avances mínimos anuales. “Mientras, Ancap deberá trabajar a la interna de sus procesos productivos para poder alcanzar los valores establecidos por PPI”, dice la propuesta.
Biocombustibles
Como adelantó El Observador, con relación al costo asociado por mezcla de biocombustibles, el proyecto recomienda la eliminación de la mezcla de biodiésel en el gasoil, en la medida en que implique sobrecostos. Según el texto, “el biodiésel aumenta el precio del gasoil de forma significativa, sin mejorar el producto final”.
Para el caso del etanol, “la situación difiere por su impacto social”, dice el texto, a la vez que la mezcla mejora el producto final. En ese caso se recomiendan estrategias de otras características que apuntan a ir disminuyendo su impacto económico a largo plazo.
Impuesto a emisiones de CO2
Esas decisiones pueden tener repercusiones en los compromisos internacionales asumidos por el país en materia ambiental, que deberán ser compensados.
En ese sentido, “como medida parcialmente compensatoria y de forma de empezar a establecer mecanismos más apropiados para la implementación de premios y castigos con respecto al cuidado del ambiente, se sugiere en el corto plazo relacionar la tasa de imposición del Imesi e IVA de los combustibles a un impuesto por emisiones de dióxido de carbono (CO2), en línea con lo implementado a la fecha por países como Suecia y Finlandia entre otros”, dice la propuesta.
En el corto plazo, se sugiere evaluar un cambio en la forma de aplicación de las cargas de IVA e Imesi, pasando de una tasa variable en pesos por litro (o % imponible en el caso del IVA del gasoil) a un cargo relacionado a la emisión de CO2 de cada combustible.
Distribución secundaria y precio de venta al público
En relación con los márgenes de distribuidores, bonificaciones de estaciones de servicio y fletes secundarios, se propone “un proceso gradual donde estos precios intermedios se establezcan a largo plazo en régimen de competencia efectiva y no regido por contratos”.
La ley 19.889 impone un precio máximo de venta al público, lo que sumado al PPI establece las condiciones de borde del sistema, explica el Poder Ejecutivo.
Se propone una primera etapa en que la Ursea fije un precio máximo intermedio de venta, que corresponde al precio que las distribuidoras podrán vender el combustible a las estaciones de servicio.
El margen de los distribuidores, las bonificaciones de las estaciones de servicio y el precio del transporte ya no estarán regidos por contratos, sino eventualmente regulados por Ursea, de acuerdo a lo definido en cada etapa.
Al final del proceso, se propone eliminar el precio máximo al público (requiere modificación legal) y el precio máximo intermedio, pasando a un régimen libre, pero con control de la Ursea, pudiendo definirse precios máximos o intermedios de forma temporal para evitar abusos o distorsiones, dice la propuesta.
El texto agrega que mientras se avanza en la implementación se deberá mantener informada a la población, generando sistemas de información actualizados con los diferentes precios y costos. Se entiende que estas medidas “pueden ayudar a crear las condiciones para aumentar la elasticidad de la demanda en el sector”.
Además, el texto del Poder Ejecutivo propone que el costo de transporte y logística sea asumido y administrado por las empresas distribuidoras, que deberán negociar con los transportistas el precio que abonarán por ese servicio. Y agrega que al existir un único precio máximo nacional de combustibles, y no diferentes precios según locación, el precio máximo intermedio que determine el regulador determinará el reconocimiento de un costo de transporte ponderado.
Fideicomiso del boleto
Este instrumento financiero tiene como única fuente de fondeo el consumo de gasoil mediante la aplicación de un sobreprecio por litro (hoy es de $ 3,48 y representa el 9,44% sobre el valor de venta al público del gasoil común, hoy en $ 40,40).
Se considera que los incentivos de este instrumento “no son los adecuados y sobrecargan los costos de los sistemas productivos (principales consumidores de gasoil)”. En este punto, se recomienda “impulsar una mayor eficiencia y razonabilidad en su aplicación, comenzando por volver a establecer un monto fijo del subsidio”, que se ajuste en función del precio máximo de los combustibles.
Supergás
En el caso del GLP (supergás), se propone un proceso de transición en donde Ancap establece nuevos contratos de suministro y se independiza del envasado y distribución. La Ursea generará nueva regulación para fomentar la mejora de los costos de la cadena, dice el texto.
