Ejecutivo enviará proyecto de ley para eliminar mezcla de biodiésel con el gasoil

El cambio integral de toda la cadena requería de distintas iniciativas: proyectos de ley, decretos y exhortos del Poder Ejecutivos a organismos como la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), explicó a El Observador el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri.

El gobierno tomó como base la propuesta que había entregado un comité de siete técnicos que designó el Poder Ejecutivo –tras la aprobación de la LUC– para realizar una revisión integral del mercado de combustibles, había varios temas sensibles y complejos. Uno de ellos era cómo atacar el sobreprecio de los biocombustibles, un componente que triplica el costo que tiene un litro de combustible refinado que procesa Ancap. En el caso del gasoil, el sobreprecio que se paga por la mezcla local de un 5% por cada litro (mínimo establecido por ley) es de casi $ 1,8 por litro (cuesta $ 40,40).

El comité de expertos sugirió eliminar esa mezcla o sustituirlo por importado. El Poder Ejecutivo se inclinó por la primera alternativa y por eso enviará un proyecto de ley en breve al Parlamento para eliminar directamente la mezcla obligatoria del biodiésel con el gasoil, anunció Verri.

El sobreprecio actual del gasoil en Uruguay respecto a lo que arroja el ejercicio teórico de Precios de Paridad de Importación (PPI) hoy ronda los $ 4.

El senador colorado Tabaré Viera valoró como positivo que se eliminara la obligación de la mezcla del 5% de biodiésel en el gasoil. “Lo encarece muchísimo, y está demostrado que no mejora la calidad”, dijo el legislador, que precisó que el cambio no afectará las fuentes laborales en juego. “Ningún funcionario se va a quedar sin su puesto de trabajo; podrán ser redistribuidos”, afirmó.

Juan Samuelle

“Se toma el informe original (del comité de expertos) y en líneas generales es similar. Hay algunos aspectos generales que van a seguir discutiéndose en la Asamblea General”, dijo a El Observador el director Nacional de Energía, Fitzgerald Cantero.

Los plazos para que Ancap se ajuste

El subsecretario de Industria informó que los plazos para la etapa 0 comenzarán en marzo e irán hasta diciembre; la fase I será en 2022 y la II en 2023. Para 2024 está previsto que Ancap tenga precios que converjan a los Precios de Paridad de Importación (PPI) que fijará la Ursea y no tenga ningún tipo de protección por parte del Estado.

Para que Ancap se pueda adecuar a ese nuevo esquema sin comprometer sus números, se sugiere establecer un factor (x) de ajuste diferenciado para cada producto, hasta converger a los valores de PPI en un plazo máximo de tres años, y cumpliendo hitos de avances mínimos anuales. Verri dijo que esos plazos pueden revisarse a la baja si se logran acelerar los cambios de algunos procesos.

“Ojalá podamos avanzar más rápido para ser más ágil el proceso de tener combustibles competitivos con la región”, afirmó.

Si hoy se aprobaran los precios de venta en planta de distribución primaria como está previsto en el PPI, Ancap perdería alrededor de US$ 86 millones, como resultado de disminuir el precio de las naftas y el gasoil, y aumentar el precio del supergás (hoy subsidiado) en unos US$ 50 millones por año.

Otros cambios en agenda

Otro de los cambios que tendrá la cadena de combustibles será la de permitir que los distribuidores (Ducsa, Axion y Petrobras) pueden tener más estaciones bajo su gestión (hoy tienen 7 de algo más de 450 bocas en todo el país).

Verri aclaró que todavía no está definido el límite que se establecerá pero adelantó que no será algo “indiscriminado” que afecte el funcionamiento actual. Asimismo, adelantó que el Ejecutivo exhortará a la Ursea para que se “flexibilicen” las condiciones para poder instalar una estación de servicio en el país, también respetando algunos criterios básicos como la distancia.

Asimismo, el Poder Ejecutivo tiene previsto “dar subsidios” para que en localidades del interior más alejados puedan instalarse estaciones de servicios en zonas desabastecidas.

Por otro lado, hay otros dos temas sensibles donde los ajustes que plantea instrumentar el Ejecutivo todavía están verdes: el fideicomiso que paga el gasoil para el boleto y el subsidio del supergás. Actualmente, por cada litro de gasoil que se comercializaba el fideicomiso se lleva $ 3,48.

“Hay circunstancias que van más allá de la política puntual. Hay otras cosas que están incidiendo, sobre todo en este momento de pandemia. Son cuestiones que hay que manejar con cuidado y con la necesidad obvia de ver el panorama completo y no solamente puntual de una política específica”, comentó Cantero sobre la revisión del mismo.

El gobierno pretende una modificación legal para reducir su peso y hacer más transparente ese subsidio ya que hoy está atado como un porcentaje del volumen de venta y del precio, lo que genera distorsiones.

En el caso del supergás se reconoce que se debe eliminar un subsidio al precio que ronda los US$ 50 millones porque llega a toda la población y no solo a los sectores vulnerables. De todas formas, se anticipó que será un proceso gradual. Uno de los caminos que está en carpeta es que Ancap salga del negocio de la planta de envasado de este combustible (GLP), que comparte junto a otros operadores privados de la cadena.