En una exposición cargada de definiciones políticas y técnicas, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, salió a responder a lo que consideró un conjunto de "especulaciones" que no contribuyen al clima económico del país.
Las medidas en cuestión, que el gobierno planea convertir en proyecto de ley antes del 30 de junio, se centran en la unificación de las transferencias para atender la infancia y la implementación de una causal de retiro anticipado con incentivos para postergar la jubilación.
Oddone fue tajante al defender la reputación del equipo económico y la viabilidad de las propuestas: "A nadie se le puede ocurrir, que un equipo económico en Uruguay está rifándose la sostenibilidad fiscal", sentenció durante el almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).
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El peso de la credibilidad ante los mercados
Para el ministro, la discusión sobre si estas medidas afectan las cuentas públicas cruzó una línea peligrosa. Recordó que Uruguay debe salir a buscar US$ 6.500 millones este año en los mercados internacionales y que cualquier duda sobre la solvencia fiscal tiene consecuencias reales.
"¿A quién se le puede ocurrir que un ministro de Economía, que un director de la OPP, van a estar en condiciones de decir: 'ya veremos qué hacemos'? Porque los que vamos a dar la cara para pedir esa plata somos nosotros o la gente como nosotros", afirmó.
En ese sentido, calificó de "temeraria" la narrativa de algunos analistas y sectores privados: "Sostener que estas medidas están conspirando contra la sostenibilidad fiscal es una discusión temeraria. Temeraria. Que yo, como analista, nunca la presencié. Hemos, en las últimas semanas, pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay por dar un debate doméstico".
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Autocrítica y dardos al sector privado
En un pasaje Oddone admitió fallos en la narrativa oficial: "Me hago cargo de algunos errores de comunicación del gobierno; yo soy el responsable de ellos", señaló, tras relatar que debió pasar semanas explicando a inversores extranjeros que Uruguay no estaba rompiendo sus reglas fiscales.
Sin embargo, no ahorró críticas para los analistas locales y el sector empresarial, afirmando que el estado del debate económico "no solamente es del sistema político, también es del sector privado, de las corporaciones y de los analistas privados, que no han estado a la altura de las circunstancias".
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Jubilación a los 60 años: "Libertad" e incentivos
Uno de las propuestas incluidas en el documento del Diálogo Social es la creación de una causal de retiro anticipado a los 60 años con 30 de servicio. Aunque la edad de retiro general se confirma en los 65 años, el gobierno busca corregir "contingencias" que la ley de 2023 no resolvió, como la empleabilidad de personas de edad avanzada ante cambios tecnológicos.
Oddone puso el foco en la voluntad del individuo por sobre la imposición estatal:
"A diferencia de lo que ocurre hoy, que es obligatorio retirarse a los 65 años, lo que nosotros estamos haciendo es dándole a la libertad —y me permito subrayar, libertad, que es una palabra sobre la cual tanto hablamos en los últimos seres uruguayos— para decidir individualmente qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren trabajar hasta los 65 años y esperar una jubilación mayor o quieren irse un tiempo antes con una jubilación menor? Eso es, precisamente, darle a la gente la libertad de elección y no obligándolos a trabajar hasta los 65 años si no quieren hacerlo", dijo.
Para Oddone, el impacto será acotado porque la realidad del mercado laboral ya va en ese sentido: "El retiro anticipado se prevé que será utilizado por un número reducido de personas. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia numérica que ya nos dice que el 50% de la población ya trabaja por encima de los 60 años". De hecho, recordó que la edad real de retiro hoy promedia los 63 años.
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Fuente: Asesoría General de la Seguridad Social (BPS)
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Evitar la "presión corporativa" por cambios tecnológicos
Más allá de la libertad individual, Oddone justificó la causal de los 60 años como una medida de "blindaje" contra futuras presiones gremiales. El ministro advirtió que los cambios tecnológicos están afectando la empleabilidad de personas de edad avanzada y que, si el sistema no ofrece una respuesta general, se corre el riesgo de volver a parches legislativos.
"Estamos estableciendo un mecanismo universal y no discrecional... para que esto no sea susceptible a una presión política de una corporación", señaló. Según su visión, no encarar este problema de manera general generaría una "contingencia" futura, donde el sistema político terminaría cediendo ante colectivos específicos, como ocurrió históricamente con el artículo 8.
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Infancia: Un sistema unificado y progresivo
El segundo pilar de la estrategia es el fortalecimiento de las transferencias para atender la pobreza infantil, un objetivo que Oddone definió como central tanto por "justicia" como por "conveniencia" para mantener la cohesión social.
El plan consiste en unificar el sistema actual, que hoy es "disperso" y presenta "redundancias", para garantizar que se llegue a todos los hogares vulnerables con niños y embarazadas.
La implementación será progresiva por cohortes hasta el año 2035. Para 2027, el impacto fiscal estimado es de 0,03% del PBI —unos US$ 27 millones—, una cifra que el ministro insistió está "totalmente alineada" con las metas fiscales vigentes.
"La sostenibilidad es clave. Cuando no lo hemos hecho, nos pasa lo de 2002. Si hay algo que sabe la generación de colegas que tienen responsabilidad de gobierno es que la sostenibilidad es el único elemento para defender la credibilidad del Uruguay", concluyó.
El "ajuste silencioso" y las metas para 2026
A pesar de que el gobierno revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2026 —pasando de un 2,2% a un 1,6%—, Oddone aseguró que las metas fiscales estructurales se mantienen incambiadas. Esta estabilidad se apoya en dos pilares: el rendimiento de nuevos tributos (como el IRPF a activos en el exterior y el nuevo régimen de envíos postales) y una "gestión activa" de las cajas del Estado.
El Ministerio aplica lo que Oddone definió como una "gestión activa del gasto para compensar la menor recaudación". Esta tarea implica trabajar sobre vacantes, refuerzos y gastos extraordinarios como viajes.
"Esa otra vez, es una gestión silenciosa, es una gestión sin mucha propaganda, pero que lo que nos permite confiar es que estamos alineándonos a la restricción fiscal", explicó. En ese marco, definió el vínculo con diferentes incisos del Estado como "conversaciones amistosas, pero donde a veces las noticias de gasto están orientadas a la baja".
Sin embargo, aclaró que existen prioridades intocables por instrucción del presidente Yamandú Orsi: los rubros destinados a infancia, adolescencia, personas en situación de calle y seguridad. En estos casos, el objetivo es que todo lo previsto en el presupuesto "se ejecute", trasladando las correcciones a otros ámbitos del gasto público.
