La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) respalda a la Lista 30 en las elecciones de representantes en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) que se realizan el domingo 22 de noviembre. Esa agrupación quiere mejorar el sistema de certificaciones médicas laborales y recortar el gasto estatal.
El sector empresarial tendrá cuatro listas para las elecciones. Aparte de la 30 se presentan la 21 con la candidatura de Graciela Àlvarez, la 27 con Bernardo Aldabalde y la 25 con Jorge Fernández Pereyro.
Este jueves, la confederación realizó una asamblea de asociados en la que participaron integrantes de la Lista 30, encabezada por Daniel Añón (expresidente y actual directivo de la Unión de Vendedores de Nafta).
El presidente de la CCE, Leonardo Loureiro, dijo a El Observador que la lista está conformada por representantes empresariales de todo el país y tiene dos objetivos: recortar el gasto público y buscar una mejora en el régimen de certificaciones médicas. Una de las propuestas es no utilizar de manera continua los fondos disponibles para el pago de asesores que tiene la representación del sector en el directorio del BPS. “De arranque, eso va a generar una reducción del costo estatal”, señaló.
El otro tema es el régimen de certificaciones. “Ya era un tema relevante en 2015 y ha ido creciendo. Hoy hay un cierto abuso y se debe encontrar una solución”, afirmó el empresario.
Sobre este punto ejemplificó que hace más de una década algunas empresas contaban con 100 trabajadores y ahora tienen entre 110 y 130. Y el aumento de personal es reflejo de las rotaciones casi constantes por las certificaciones médicas. Loureiro expuso que eso genera a las empresas un impacto económico muy grande, además de las dificultades para conseguir personal idóneo para cubrir cargos calificados.
Según información del BPS, al cierre de setiembre de este año había 129.524 trabajadores con certificación médica, con un aumento de 7,3% en la comparación con igual mes del año pasado.
Las principales fueron por dorsalgia, trastornos de ansiedad, diarrea y gastroenteritis e infecciones agudas de las vías respiratorias, según la información oficial.
La certificación médica, además de justificar la ausencia laboral, puede derivar en una prestación económica. El trabajador podrá estar certificado hasta un año, con uno más de prórroga si la certificación es consecutiva o hasta cuatro años interrumpidos por la misma enfermedad.
Loureiro expuso que el problema no afecta solamente a las empresas privadas. “El sector público, como empleador, también está siendo afectado, tiene una problemática muy alta”, indicó.
Desde su visión, el sistema debe existir porque es necesario, pero debe cuidarse por el gasto que genera. “No es solo un costo empresarial. Tiene impacto en las arcas del Estado, es un costo que lo paga toda la sociedad”, expresó.
