La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) expresó su respaldo a la jueza María Andrea Lapaz Camacho, quien ordenó retirar de las plataformas digitales un informe del programa Todo se sabe, conducido por Ignacio Álvarez, sobre presuntas irregularidades en el hogar Tulipanes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
En un comunicado difundido el martes, la gremial manifestó su “profunda solidaridad” con la magistrada ante los cuestionamientos que recibió luego de conocerse el fallo judicial.
La asociación hizo referencia a los “ataques y cuestionamientos personales tanto en redes sociales como en medios de comunicación, por el mero hecho de cumplir con el ejercicio encomendado de su profesión”.
La organización defendió el derecho de los ciudadanos a cuestionar las decisiones judiciales, pero rechazó que esas discrepancias deriven en ataques personales contra los magistrados. “Como integrantes del Sistema de Justicia, defenderemos siempre el derecho de todo ciudadano a impugnar una resolución judicial discorde, más no reconocemos que sean las agresiones y las persecuciones personales una forma de expresión o defensa”, señaló el comunicado.
La AMU consideró que esas conductas constituyen “un hecho de violencia” y reafirmó su compromiso con la erradicación de todas sus formas, además de comunicar el apoyo y acompañamiento ofrecido a la jueza.
La polémica por el informe de Ignacio Álvarez sobre el hogar Tulipanes
El pronunciamiento de la Asociación de Magistrados se produjo después de que la jueza Lapaz Camacho ordenara retirar de YouTube y otras redes sociales un informe emitido el 15 de octubre por Todo se sabe, titulado "Violencia, droga y prostitución en el Hogar Tulipanes".
La resolución judicial respondió a una denuncia presentada por el centro y el INAU, que consideraron que el trabajo periodístico vulneraba derechos de los adolescentes institucionalizados.
La magistrada dispuso el retiro del material en un plazo de 24 horas y mantuvo otras medidas cautelares, entre ellas la prohibición de contacto del equipo periodístico con los adolescentes involucrados durante 180 días.
En su sentencia, a la que accedió El Observador, Lapaz Camacho sostuvo que la ilegalidad del hecho “no se deriva del ejercicio de la libertad de expresión” sino de la exposición de elementos que permitían identificar a los adolescentes y vulneraban sus derechos.
Álvarez cuestionó públicamente la resolución, que calificó como “fuera de control”, y anunció que presentaría un recurso de apelación. Además, durante su programa radial La Pecera, de Azul FM, afirmó que la jueza “está mal de la cabeza”.
