El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la medida cautelarísima solicitada por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que exigía la disolución inmediata de la acampada por el derecho a la vivienda instalada frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La resolución permite la continuidad de la protesta, al menos mientras se tramita la causa por la vía ordinaria.
El rechazo de las medidas cautelarísimas por el tribunal autonómico
La Sección Sexta del TSJM ha determinado en su auto no acordar el desalojo urgente sin antes escuchar a la Administración General del Estado. Aunque la Sala reconoce la concurrencia de circunstancias de especial urgencia, considera imprescindible este trámite previo para evaluar si existen los requisitos legales que permitan apreciar una eventual inactividad por parte de la Delegación del Gobierno. Tras este pronunciamiento de la mañana del lunes, el tribunal ha abierto una pieza separada para resolver el conflicto administrativo por el procedimiento ordinario.
Los argumentos de la Comunidad de Madrid frente a la acampada
La activación de la vía judicial por parte del Gobierno autonómico responde a la acampada iniciada el pasado 27 de septiembre en la céntrica plaza madrileña. En su solicitud, la Comunidad de Madrid denunció la pasividad del departamento que dirige el delegado del Gobierno, el socialista Francisco Martín, exigiendo que se le ordenase adoptar las medidas necesarias para la disolución de la protesta.
El Ejecutivo autonómico argumentó que la protesta constituye una "ocupación ilegal de espacio público" y sostuvo que la concentración no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, excediendo así los límites constitucionales y legales vigentes.