La aerolínea acusa al ministro de Transporte de esgrimir datos "obsoletos" sobre la entrega de aviones, mientras el Gobierno sostiene que la compañía enmascara problemas de flota para presionar a Aena y recortar en los destinos menos rentables.
Óscar Puente y la guerra abierta contra Ryanair.
La tensión diplomática y comercial entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Ryanair ha alcanzado un nuevo punto de ebullición.
La aerolínea low cost ha acusado formalmente al ministro Óscar Puente de recurrir a "noticias obsoletas de 2024 y 2025" para justificar la reducción de vuelos en la red aeroportuaria regional española.
Por su parte, el Ejecutivo sostiene que la compañía irlandesa utiliza la presión sobre las tarifas de Aena para ocultar los problemas estructurales de suministro y la falta global de aeronaves que atraviesa el sector.
El detonante de este último choque surge tras las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, en las que achacó la tijera de vuelos de Ryanair en las plazas regionales a la escasez de flota y a los continuos retrasos en la entrega del modelo Boeing 737 MAX.
El titular de Transportes replicó posteriormente a la aerolínea con su habitual tono irónico, apoyándose en las propias manifestaciones del consejero delegado de la firma, Michael O'Leary, sobre los cuellos de botella del fabricante estadounidense.
Frente a esta postura, Ryanair se ha defendido asegurando que actualiza trimestralmente la información de su flota y entregas en su portal corporativo.
Según detalla la firma, el último de los 210 aviones Boeing 737-8200 comprometidos entró en servicio operacional en febrero de 2026.
Sin embargo, la aerolínea recalca que ninguna de estas nuevas unidades fue destinada a fortalecer la conectividad de los aeropuertos regionales de España, infraestructuras que, en opinión de la empresa, "siguen perdiendo competitividad" debido a la política tarifaria vigente.
El nudo gordiano del enfrentamiento reside en la redistribución del tráfico aéreo. Entre 2025 y 2026, Ryanair ha recortado tres millones de asientos en los aeropuertos regionales españoles.
En contraste, la compañía ha incrementado su oferta en 600.000 plazas en los grandes nodos del país, como el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca y Málaga.
Desde la perspectiva de Transportes, esta maniobra responde a una pura lógica de maximización de beneficios. Puente considera que la compañía traslada sus aeronaves desde aeródromos menos rentables —como el de Valladolid, dotado de costes inferiores— hacia grandes capitales donde, a pesar de soportar tasas más elevadas, el margen operativo resulta muy superior.
Asimismo, el ministro ha defendido la competitividad de los costes en España en comparación con Europa y ha respaldado el rol de Aena como "líder mundial en gestión aeroportuaria".
En respuesta, Ryanair contrapone que su postura está alineada con las demandas de la Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA) y de diversas comunidades autónomas, que reclaman de forma unitaria un ajuste a la baja en las tarifas.
El consejero delegado de Ryanair DAC, Eddie Wilson, supeditó recientemente la llegada de nuevas aeronaves a suelo español a un recorte tarifario.
De cumplirse esta condición, la aerolínea sostiene que estaría dispuesta a desplegar en las regiones españolas una parte de los 300 nuevos aviones que proyecta recibir en los próximos ejercicios. La compañía cerró su réplica al ministro con un lapidario: "Chao pescao".
Más allá de la controversia con Ryanair, el Ministerio de Transportes dibuja un diagnóstico preocupante sobre la capacidad operativa de la red estatal. Ante la perspectiva de alcanzar el hito histórico de los 100 millones de turistas, Óscar Puente advierte de que las infraestructuras se encuentran en una situación de fuerte presión interna: "las costuras están ya muy al límite", admitió en referencia a la saturación del aeródromo madrileño y de otros centros principales.
Para mitigar este riesgo sin frenar la actividad, el Ministerio aboga por optimizar la operativa durante las denominadas "horas valle" y defiende la urgencia de aprobar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031. Este plan contempla inversiones estratégicas por un montante global de hasta 13.000 millones de euros en el conjunto de la red de Aena.
Por último, al evaluar la presión asistencial y de servicios urbanos en municipios receptores de gran afluencia de viajeros —como Alicante, Valencia o Benidorm—, el ministro enfatizó que la gestión de las tasas turísticas corresponde a cada corporación local. No obstante, catalogó de "razonable" que las ciudades con elevada población flotante exijan que quienes se benefician de los servicios públicos (como limpieza o seguridad) contribuyan a su financiación.
