Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han abierto una vía de investigación centrada en la actividad de la organización no gubernamental No Name Kitchen en Ceuta. Las pesquisas policiales buscan esclarecer la autoría y el canal de distribución de los materiales utilizados en la fabricación de artefactos caseros deflagrantes que han sido lanzados en los últimos días contra manifestantes, agentes de la Policía Nacional y efectivos del Ejército de Tierra en la ciudad autónoma.

Según la información revelada por OKDIARIO, los agentes del operativo detectaron compras continuadas y en grandes cantidades de aguafuerte (ácido clorhídrico) y papel de aluminio en supermercados de la zona.

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La combinación de ambos componentes dentro de botellas de plástico desencadena una fuerte reacción química que acumula gases hasta provocar violentas explosiones.

Las fuerzas de seguridad han identificado a diversos integrantes de la ONG en el marco de estas pesquisas para precisar la responsabilidad individual, el origen de las compras y la entrega del material. Por el momento, no consta ninguna acusación judicial formalizada contra la entidad como figura jurídica.

La localización de un inmueble de apoyo en la zona de Tarajal

Las pesquisas policiales y periodísticas han situado la atención en un local gestionado por No Name Kitchen en el entorno de Tarajal, próximo al perímetro fronterizo con Marruecos. Según las comprobaciones efectuadas por OKDIARIO, las instalaciones han sido empleadas para acoger a inmigrantes que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma durante la avalancha del pasado 30 de julio, ofreciendo refugio para eludir la localización por parte de las patrullas policiales.

En el marco de esta cobertura logística, la organización facilitaba alojamiento, alimentos y asistencia médica para curar heridas y lesiones.

Esta infraestructura se encuentra actualmente bajo estrecha vigilancia tras confirmarse que dos activistas —de nacionalidad alemana y canadiense, vinculados a la entidad— fueron detenidos por resistencia a la autoridad al haber alentado presuntamente a grupos que actuaron con violencia contra las unidades policiales desplegadas en la playa de Benítez. La propia ONG emitió un comunicado exigiendo la inmediata puesta en libertad de sus colaboradores, defendiendo su trayectoria humanitaria en la zona.

Escalada de agresiones y emboscadas contra las Fuerzas Armadas

Un mes después de los sucesos del 30 de julio, el clima de seguridad en Ceuta se ha deteriorado gravemente con episodios de violencia directa y emboscadas nocturnas dirigidas contra los efectivos de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales.

Balance judicial y policial de los incidentes (datos de Juzgados de Ceuta):

Entre los últimos altercados confirmados destaca un ataque durante la madrugada del sábado en el que cuatro ciudadanos marroquíes —uno de ellos menor de edad— fueron arrestados tras emboscar a una patrulla militar y lanzar piedras, resultando herido leve un sargento del Ejército.

La intervención de una unidad de la Guardia Civil impidió que la agresión fuera a más. A este suceso se suma el ataque registrado el pasado jueves contra un vehículo militar a pedradas, que se saldó con doce detenidos y cuatro militares heridos. Diversas asociaciones y representantes del Partido Popular han reiterado la exigencia de dotar de un refuerzo de protección jurídica a las Fuerzas Armadas reconociéndoles la condición de agentes de la autoridad.

Tensión política

La situación de orden público en la ciudad autónoma ha derivado en un agrio debate político. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, evitó condenar expresamente los ataques contra los uniformados y centró sus críticas en las movilizaciones vecinales registradas en Ceuta.

El titular de Interior atribuyó la crispación en las calles a los discursos de las formaciones de la oposición, señalando directamente a PP y Vox por instar a la división social. Marlaska aseveró en el hemiciclo que determinados discursos "contribuyen a la estigmatización de las personas inmigrantes y alimentan la división en un momento en que se precisa responsabilidad y sentido de Estado", al tiempo que la oposición censura la falta de publicación y actualización de las estadísticas oficiales sobre la criminalidad derivada de la crisis migratoria en la región.

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