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La primera jornada del juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama ha arrancado con un testimonio de alto impacto. Los familiares de los principales acusados han comparecido para intentar desvincular el patrimonio de los implicados de la presunta trama de comisiones ilegales por la venta de mascarillas durante la pandemia.

Joseba García reconoce la entrega de efectivo en la sede del PSOE

Uno de los momentos más tensos de la sesión ha sido la declaración de Joseba García, hermano de Koldo, quien ha admitido haber acudido en dos ocasiones a la sede socialista de la calle Ferraz para recoger sobres con dinero en efectivo. Según su versión, estas cantidades no constituían pagos irregulares, sino el reembolso de gastos del partido que su hermano habría costeado previamente de su bolsillo.

García, que se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular (ejercida por el PP) por su condición de imputado en la Audiencia Nacional, sí ha contestado a su defensa. El testigo ha justificado el incremento de su patrimonio personal a través de fuentes legales como su pensión por incapacidad o la venta de inmuebles tras su divorcio, negando que los fondos provinieran de la red de Aldama.

El hijo de Ábalos niega ser el "custodio" del dinero de su padre

Por su parte, Víctor Ábalos, hijo mayor del exministro, ha rechazado tajantemente la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le señala como posible administrador de los pagos en efectivo que su padre habría recibido como dádivas.

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"No soy custodio del dinero de nadie", ha afirmado con rotundidad ante el tribunal. El hijo del exdirigente socialista ha dado la vuelta al argumento de la acusación, asegurando que fue él quien prestó dinero a su padre para ayudarle tras su divorcio, dado que su situación económica había cambiado. Durante el interrogatorio, también ha sido cuestionado por el uso de un piso de lujo en el Paseo de la Castellana, supuestamente facilitado por el comisionista Víctor de Aldama.

Irregularidades en el registro del vehículo y aforamiento de Ábalos

La defensa de José Luis Ábalos ha puesto el foco en un incidente ocurrido en noviembre de 2023. Joseba García ha relatado que la Guardia Civil registró su vehículo en su ausencia, encontrando un sobre con documentación destinado al exministro.

Este testimonio refuerza la estrategia legal de Ábalos, quien sostiene que fue investigado de forma irregular por los agentes mientras aún mantenía su condición de diputado y, por tanto, estaba aforado ante el Tribunal Supremo. Según el relato del testigo, llegó a ver fotografías de dicha entrega de sobres sobre la mesa del fiscal tras su detención, lo que sugeriría un seguimiento policial previo no autorizado.

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Pagos a Jésica Rodríguez y gestiones en República Dominicana

El interrogatorio también ha abordado la relación de la trama con Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Joseba García ha reconocido haber pagado mensualidades del alquiler de Rodríguez por petición directa de su hermano, definiéndolo como un "favor familiar". Asimismo, admitió haberle entregado 400 euros de parte de Aldama y haber cuidado de su mascota en vacaciones.

Respecto a sus viajes a República Dominicana, García ha confirmado dos desplazamientos. En uno de ellos, recibió sobres de una empleada de la empresa Pronalab -que la UCO cifra en entregas de 10.000 dólares-, aunque ha matizado que él se limitó a entregarlos en España al conductor de Aldama sin conocer su contenido. El testigo ha subrayado que estos hechos ocurrieron cuando tanto su hermano como Ábalos ya habían abandonado el Ministerio de Transportes.

El escenario en el Tribunal Supremo

El juicio se desarrolla bajo la presidencia del magistrado Andrés Martínez-Arrieta, quien ha tenido que intervenir en varias ocasiones para evitar reiteraciones en el interrogatorio. En el banco de los acusados, la actitud de los tres protagonistas ha sido dispar:

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La vista continuará en las próximas sesiones con el análisis de los contratos de suministro de material sanitario y el presunto cobro de comisiones que habrían propiciado el enriquecimiento ilícito de la trama.

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