"Caso Koldo": Ábalos se enfrenta a 24 años de cárcel por presunta corrupción y complica al gobierno de Pedro Sánchez
El exministro y su asesor acuden al Supremo desde la cárcel para responder por comisiones ilegales en contratos sanitarios y una trama de organización criminal.
El ex ministro, Jose Luis Ábalos, durante la audiencia preliminar celebrada en el Tribunal Supremo el pasado 12 de febreroJ. Foto: EFE
El majestuoso Salón de Plenos del Tribunal Supremo acoge desde este martes la vista oral del denominado "caso Koldo", el primer gran juicio contra la presunta trama de corrupción que anidó en el seno del Ministerio de Transportes. En el banquillo de los acusados se sienta el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, junto a su antiguo asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.
Los tres acusados llegan a la cita judicial tras meses de prisión preventiva en Soto del Real, medida ratificada por el Alto Tribunal ante el elevado riesgo de fuga y la gravedad de las penas solicitadas. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la organización nació en 2018 con una "innegable vocación de permanencia", aprovechando la influencia política de Ábalos para enriquecerse mediante contratos públicos.
Las penas solicitadas y la composición del tribunal
El horizonte penal para los principales encausados es severo. La Fiscalía Anticorrupción, representada por Alejandro Luzón, solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación. Por su parte, las acusaciones populares (PP, Vox, y diversas asociaciones) elevan la petición hasta los 30 años.
Para Koldo García, el Ministerio Público reclama 19 años y medio de cárcel, mientras que para el comisionista Víctor de Aldama se piden siete años, tras haber aceptado los hechos y colaborar con la Justicia bajo la esperanza de obtener una atenuante por confesión.
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Koldo García.
La Sala encargada de juzgar los hechos está presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta y compuesta por jueces de diversas sensibilidades, entre ellos Manuel Marchena, Eduardo de Porres y Susana Polo.
El "pelotazo" de las mascarillas en Baleares y Canarias
El núcleo de la investigación se centra en el presunto amaño de contratos para la adquisición de material sanitario durante los peores meses de la pandemia de Covid-19. Según el sumario, Ábalos habría favorecido a Aldama para obtener información privilegiada. Al carecer el empresario de logística propia, utilizó a la mercantil Soluciones de Gestión para canalizar las adjudicaciones.
La influencia de la red permitió que el contrato inicial se duplicara hasta los ocho millones de euros en Transportes, sirviendo además de "aval" para que la trama se extendiera a otras administraciones. En este contexto, el tribunal valorará los contratos adjudicados por los servicios de salud de Baleares (3,7 millones) y Canarias (12,2 millones). Precisamente hoy se leerán las declaraciones por escrito de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, quienes testifican en su condición de expresidentes autonómicos.
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Víctor de Aldama
Contraprestaciones: de chalés en Cádiz a sueldos para acompañantes
El escrito de acusación detalla una serie de dádivas que habrían servido como pago por las gestiones de la trama. Entre los beneficios detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil figuran:
Pagos en efectivo: Entregas mensuales de 10.000 euros a Koldo García para su presunto reparto con el exministro.
Inmuebles de lujo: La compra de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) para disfrute de Ábalos y el uso de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Contrataciones arbitrarias: El presunto "enchufe" de dos amigas íntimas de Ábalos, Jessica Rodríguez y Claudia Montes, en empresas públicas como Tragsa, Ineco y LogiRail. En el caso de Rodríguez, la trama habría costeado además un piso en Plaza de España valorado en más de 88.000 euros.
Calendario de declaraciones y testigos clave
El juicio, que se prolongará en 23 sesiones hasta el 30 de abril, cuenta con un despliegue mediático sin precedentes, con 53 medios acreditados. El calendario inmediato de declaraciones es el siguiente:
Martes 7: Testifican el hijo del exministro, Víctor Ábalos; Jessica Rodríguez y el hermano de Koldo, Joseba García.
Miércoles 8: Comparecencia de Claudia Montes, contratada en una filial de Renfe.
Jueves 9: Declaración de la empresaria Carmen Pano, quien afirma haber entregado bolsas de dinero en la sede de Ferraz.
Lunes 13: Turno para la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, y ex altos cargos del Ministerio de Transportes.
La vista oral tratará de dirimir si, como sostiene el fiscal Luzón, existió un "preciso reparto de funciones" destinado a parasitar las instituciones públicas en beneficio de una organización criminal.
