La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) anunció este jueves el desarrollo de una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a los fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de pulseras de vigilancia electrónica. Estos dispositivos telemáticos se emplean en España para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares, las condenas y las órdenes judiciales de alejamiento impuestas en casos de violencia de género.
Según ha detallado el organismo comunitario en un comunicado emitido desde Luxemburgo, las diligencias de investigación están siendo dirigidas por su oficina en Madrid y cuentan con el apoyo operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Por el momento, la EPPO no ha facilitado detalles sobre posibles personas investigadas, el importe exacto de los fondos afectados ni el alcance concreto de las actuaciones.
Requerimiento de la UCO en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas
Efectivos de la UCO se presentaron este jueves tanto en la sede del Ministerio de Igualdad como en las dependencias del Tribunal de Cuentas para reclamar información a petición de la Fiscalía Europea en Madrid. Fuentes de la investigación y del propio organismo fiscalizador han confirmado la presencia de los agentes en ambas instituciones para atender dicha solicitud documental.
En relación con este servicio, el Tribunal de Cuentas ya había aprobado el pasado 22 de septiembre un informe de fiscalización sobre la contratación, ejecución y control de los dispositivos telemáticos de seguimiento de medidas de alejamiento en el ámbito del Ministerio de Igualdad. El órgano fiscalizador precisó que dicho documento es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta.
Ana Redondo defiende la gestión y ofrece "colaboración absoluta"
Tras conocerse la intervención judicial, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que los fondos europeos destinados a la compra de estos brazaletes se han invertido "correctamente" y ha garantizado que su departamento ofrecerá "colaboración absoluta" con la investigación. "Toda la información que se requiera se va a ofrecer. A nosotras nos interesa que haya una fiscalización de todos y cada uno de los euros, porque me consta que se han invertido correctamente", ha declarado durante la presentación a los medios de la campaña del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Redondo ha lamentado que el debate en torno a este asunto esté "trufado de bulos y mentiras" y ha defendido que el contrato vigente "mejora todos los aspectos que podían tener algunas disfuncionalidades del contrato anterior". Asimismo, la ministra ha advertido del impacto que la polémica puede tener sobre las usuarias: "No se puede poner en riesgo la vida de tantas víctimas que necesitan los dispositivos para mantenerse a salvo". Según ha subrayado, el sistema "funciona", "salva vidas a diario", ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada y actualmente protege la vida de más de 4.000 mujeres.
El Partido Popular anuncia una auditoría "hasta el último euro"
La apertura de estas diligencias ha provocado una inmediata reacción política por parte del Partido Popular. Fuentes de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo avanzaron que, tras las elecciones generales del 29 de noviembre, auditarán "hasta el último euro" del dinero gestionado por el Ejecutivo: "Los españoles van a saber qué se ha hecho con cada euro".
Desde el PP acusaron al Gobierno de haber "corrompido todo" y han reprochado que el Ejecutivo "de las lecciones de feminismo" se encuentre ahora "bajo sospecha por haberse lucrado a costa de las víctimas de violencia machista".
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo atiende a los medios tras la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso.
En sus declaraciones, los populares han vinculado este caso con otras polémicas previas, recordando que "su corrupción llegó a la seguridad de los trenes" y mencionando la dimisión de la anterior directora del Instituto de la Mujer "por hacer negocio con los puntos violetas".
"Tanto hablar del Ministerio de Igualdad y quien ha entrado en el Ministerio es la Fiscalía Europea para investigar su corrupción", han señalado desde el partido.
Antecedentes de las pulseras telemáticas en las instituciones europeas
La investigación de la Fiscalía Europea, iniciada el pasado año, se suma al seguimiento previo realizado por otras instancias comunitarias sobre el funcionamiento y la financiación de estos dispositivos.
En noviembre de 2025, la Comisión Europea ya advirtió de que examinaría los fallos detectados en las pulseras antimaltrato, dado que su adquisición figura como el hito 472 del plan de recuperación español. Tal y como explicó entonces el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, el cumplimiento de este objetivo debía ser evaluado por Bruselas al presentarse la octava solicitud de pago de los fondos europeos por parte de España.
Más recientemente, el pasado mes de marzo, la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo acordó mantener abiertas dos peticiones ciudadanas sobre las deficiencias de estos dispositivos, registradas por la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID), a la espera de que el Ejecutivo comunitario aclarase si se había producido un uso indebido de los recursos de la Unión Europea.