El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado oficialmente la puesta en marcha para este mismo año de un ambicioso Plan de Integración y Ciudadanía dirigido a las personas migrantes. La iniciativa contará con una dotación presupuestaria total de 505 millones de euros en su primer año de vigencia, un despliegue económico que busca "aprovechar las oportunidades que aborda la inmigración y responder a los desafíos que está generando", según ha detallado el líder del Ejecutivo.
Durante el acto de presentación del proyecto y de la campaña institucional asociada, titulada '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país' —celebrado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)—, Sánchez ha estado acompañado por numerosos ministros de su Gabinete. El jefe del Ejecutivo ha defendido un modelo migratorio basado firmemente en tres premisas: "Orden y regularidad, trabajo digno y un marco claro de convivencia basado en el acceso efectivo a derechos y obligaciones".
Creación de la Agencia Estatal de Movilidad Humana para simplificar la gestión
Una de las medidas de mayor calado estructural dentro del plan es la creación de la nueva Agencia Estatal de Movilidad Humana. Este nuevo organismo público asumirá como principal misión aglutinar y centralizar una serie de competencias, funciones y recursos que en la actualidad se encuentran dispersos entre diferentes áreas de la administración central. Con esta unificación, el Gobierno aspira a articular una gestión "mucho más sencilla, coordinada, eficaz y simplificada".
Según ha especificado el presidente, la nueva Agencia Estatal de Movilidad Humana tendrá la capacidad de coordinar de forma integral cualquier tipo de procedimiento administrativo vinculado al fenómeno migratorio. Esto abarcará desde la tramitación de las solicitudes de protección internacional hasta la gestión de los permisos de residencia, pasando por las labores esenciales de seguridad y control fronterizo.
"No hay integración sin regularidad. Buena parte de los desafíos asociados a las migraciones nacen precisamente de la exclusión administrativa, porque impide trabajar legalmente, desarrollar su propio talento, contribuir al Estado de Bienestar y ejercer derechos y obligaciones", ha subrayado Pedro Sánchez.
Vías legales en origen y culminación de la regularización extraordinaria
El anuncio de esta estrategia integral coincide de forma precisa con el día en que culmina el proceso de regularización extraordinaria en España, un mecanismo que ha estado en vigor durante los últimos dos meses y medio y que ha registrado más de un millón de solicitudes. El presidente del Gobierno ha calificado formalmente esta regularización masiva como el "primer pilar" del plan estratégico, argumentando que atiende de manera directa al desafío de dar respuesta y cobertura legal a las personas inmigrantes que ya viven y desarrollan su actividad laboral en el país.
No obstante, la hoja de ruta del Ejecutivo español no se limita al ámbito de las fronteras interiores, sino que proyecta su acción hacia el exterior. A través de la nueva Estrategia de Movilidad Laboral, se pretende intervenir directamente en los países de origen antes de que los ciudadanos emprendan el viaje migratorio. El objetivo central es abrir y consolidar "vías legales, seguras y ordenadas" que conecten de forma directa con las necesidades del tejido productivo y de las empresas españolas, permitiendo de este modo que las personas migrantes crucen la frontera con un contrato formal de trabajo y un proyecto de vida definido.
Inversión de 185 millones en formación laboral y empleo digno
El segundo eje estratégico del plan sitúa el empleo de calidad como la principal palanca y herramienta para la inclusión social, contando para ello con una dotación económica de 185 millones de euros. Entre las acciones concretas contempladas en este bloque destaca el impulso decidido al acceso al empleo formal en aquellos sectores productivos que registran una alta demanda de mano de obra, así como en las zonas rurales del territorio nacional. La promoción específica del emprendimiento dentro del colectivo migrante recibirá una partida de 35 millones de euros.
Asimismo, se destinarán 50 millones de euros a articular una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional (FP) adaptadas rigurosamente a las demandas del mercado laboral actual. Con el propósito de vigilar la legalidad de las contrataciones y asegurar que se cumplan las condiciones del "trabajo digno" preconizado por el líder del Ejecutivo, el plan contempla de igual modo un refuerzo explícito de la Inspección de Trabajo.
Aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de las leyes españolas
El tercer bloque de la estrategia gubernamental pone el foco de atención en la convivencia social y se fundamenta en un principio de bidireccionalidad. Según ha expuesto el presidente, el Ejecutivo entiende la integración formal "como algo recíproco", lo que implica no solo la dotación de derechos, sino también la exigencia del cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y las normas democráticas del país.
Con un presupuesto asignado de casi 30 millones de euros, este eje desplegará programas específicos para reforzar de forma activa el aprendizaje de las distintas lenguas cooficiales de España, así como la formación en el conocimiento de las leyes, normas y valores del ordenamiento jurídico español. "Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, nuestras lenguas oficiales, porque la integración no consiste solo en vivir en un barrio, sino en formar parte de la comunidad, y para eso se necesitan reglas compartidas", ha aseverado Sánchez.
En paralelo a estas medidas formativas, el eje de convivencia incorporará de manera prioritaria un plan nacional dirigido a reforzar la prevención de los discursos de odio en la sociedad, complementado con el desarrollo de mecanismos para ofrecer un mayor amparo a las víctimas de discriminación.
Más de 260 millones para eliminar barreras en los servicios públicos
El cuarto y último pilar del programa gubernamental tiene como meta asegurar el acceso "real" y efectivo de la población inmigrante a su condición de ciudadanía plena. Para cumplir este propósito, el bloque recibe la mayor dotación presupuestaria del plan, superando los 260 millones de euros orientados a la eliminación sistemática de las barreras de carácter cultural, social y administrativo que dificultan el acceso en condiciones de igualdad a las prestaciones públicas.
Los fondos asignados a este eje se destinarán al refuerzo generalizado de los servicios públicos esenciales para salvaguardar la igualdad de oportunidades. El plan detalla actuaciones prioritarias dirigidas a combatir la segregación escolar —poniendo un especial énfasis en el refuerzo del aprendizaje de las lenguas oficiales desde las edades más tempranas—, acciones orientadas a atajar la discriminación en el mercado del acceso a la vivienda y medidas específicas encaminadas a garantizar el acceso efectivo al sistema público de salud.
Gestión interministerial y evaluación continua a partir de 2026
Este Plan de Integración y Ciudadanía iniciará su andadura operativa este mismo año y nace concebido como una estrategia flexible y sujeta a fiscalización. De acuerdo con lo avanzado por el Ejecutivo, la dotación económica y las medidas implementadas se revisarán año a año basándose en el grado de despliegue y en la evaluación de los resultados prácticos que se vayan obteniendo.
Para asegurar una correcta articulación, la gobernanza y gestión del plan se canalizará a través de una Comisión Interministerial específica, cuya presidencia recaerá en la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. "La convivencia no está libre de tensiones, lo sabemos, por eso integrar es reconocer esos desafíos", ha concluido Pedro Sánchez, señalando que el documento final es el resultado de meses de trabajo conjunto en el que han participado ministerios, organizaciones de la sociedad civil, la patronal y los sindicatos.
