Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo político clave sobre la política de retornos de la Unión Europea. La nueva normativa endurecerá las condiciones para las personas que vean rechazada su petición de asilo dentro del espacio comunitario y consolida oficialmente la posibilidad de que los Estados miembro externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios. El pacto se ha cerrado tras desbloquear el último escollo sobre los plazos de aplicación, tras cerca de tres horas de intensas negociaciones.
La mayoría de las disposiciones del nuevo reglamento se aplicarán en un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor. No obstante, medidas de gran calado como el aval a la externalización de los centros de deportación y el apoyo a la agencia Frontex comenzarán a aplicarse de forma inmediata en cuanto la norma sea publicada en el Diario Oficial de la UE (DOUE). Para que este reglamento sea definitivo, aún se requiere el visto bueno formal de la Eurocámara y de los Veintisiete en los próximos meses.
El modelo de externalización de centros de deportación a países terceros
La nueva legislación sustituirá a una directiva adoptada hace casi dos décadas y validará de forma explícita los centros de deportación gestionados fuera del territorio de la Unión Europea. El objetivo principal de esta medida es garantizar que los migrantes a los que se les deniegue el asilo permanezcan fuera del espacio comunitario mientras se tramita su expulsión definitiva hacia su país de origen o de tránsito.
Con este marco regulatorio, el bloque comunitario respalda y da encaje legal a modelos similares al pactado entre el Gobierno italiano de Giorgia Meloni y Albania. A partir de ahora, estos acuerdos podrán ser negociados de manera individual por uno o varios países, o bien directamente por la propia Unión Europea. Las instalaciones extracomunitarias podrán operar como destino final o como centros de tránsito, quedando totalmente excluida la transferencia de menores no acompañados a estas instalaciones.
Ampliación de los plazos de detención hasta los 24 meses y afectación a menores
El reglamento introduce cambios sustanciales en las condiciones de retención. Los demandantes de asilo tendrán la obligación de cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión si su solicitud es denegada. En caso de no cooperar o si las autoridades detectan riesgo de fuga, se prevén plazos de detención de hasta 24 meses. Este periodo inicial podrá ampliarse seis meses adicionales si persiste el riesgo de fuga o existe una perspectiva razonable de expulsión. Actualmente, la normativa comunitaria contempla una detención inicial de seis meses con una prórroga máxima de doce meses.
Estas condiciones de detención se podrán aplicar también a menores no acompañados y a familias con niños pequeños. Aunque el texto técnico señala que la retención de menores debe ser una medida de "último recurso" y por el periodo más corto posible atendiendo al interés superior del menor, la legislación no fija límites temporales específicos por debajo de los 24 meses generales.
Corresponderá a las autoridades judiciales de cada Estado miembro decidir sobre los plazos y motivos de detención dentro de su legislación nacional. Asimismo, los países mantendrán la competencia para ofrecer alternativas a la retención, tales como:
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El pago de una garantía financiera.
La comunicación de una residencia fija.
La presentación de informes periódicos ante las autoridades.
Decae la cooperación con los talibán para la identificación de afganos
Uno de los puntos que ha decaído durante la fase final de las negociaciones ha sido el artículo 37 de la propuesta original. Dicho artículo planteaba la opción de establecer una cooperación administrativa con "entidades no reconocidas".
En la práctica, la eliminación de este apartado cierra la puerta a que los Estados miembros o las instituciones de la Unión Europea entablen contactos o colaboren directamente con el régimen talibán en Afganistán para los procesos de identificación y readmisión de los ciudadanos afganos llegados a suelo europeo.
Creación de la Orden Europea de Retorno para el reconocimiento mutuo
Con el fin de agilizar los trámites administrativos, el reglamento introduce la denominada Orden Europea de Retorno (ORE). Se trata de un formulario unificado en el que cada Estado miembro deberá consignar los elementos esenciales de la decisión de expulsión, facilitando que el resto de los socios comunitarios dispongan de la información necesaria de manera transparente.
Según ha informado el Consejo mediante un comunicado, el reconocimiento mutuo de estas decisiones de devolución seguirá teniendo un carácter voluntario en una primera etapa. La efectividad del sistema se revisará tres años después de la entrada en vigor del reglamento, momento en el que la Comisión Europea podrá evaluar la presentación de una nueva propuesta legislativa para convertir este reconocimiento mutuo en una obligación vinculante para todos los Estados miembros.
Reacciones políticas y críticas de las organizaciones sociales
El acuerdo ha generado un profundo debate político e institucional inmediato. Desde el Parlamento Europeo, el presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, el popular Javier Zarzalejos, ha defendido que "desde hoy, la Unión Europea tiene una política migratoria más seria, ordenada y creíble", contraponiendo la gestión regulada y vinculada al mercado laboral frente a las "vías irregulares y las regularizaciones masivas promovidas por el Gobierno de Sánchez".
De igual modo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha subrayado que "una política efectiva de migración y asilo debe ir acompañada de una política de retorno creíble", asegurando que el nuevo reglamento hará los procesos más rápidos y coherentes en Europa.
En el extremo opuesto, la eurodiputada de Los Verdes, Mélissa Camara, ha calificado el resultado de "vergüenza", denunciando que el pacto se ha fraguado entre el Partido Popular Europeo y las fuerzas de ultraderecha. Para Camara, la legalización de los centros externos y la autorización de la detención de menores suponen un "retroceso histórico para los derechos fundamentales" que completa un "arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba".
Por su parte, organizaciones del tercer sector como el Comité Internacional de Rescate (IRC) han expresado su rechazo. Marta Welander, directora de política en la UE de la organización, ha advertido de que la legislación está "plagada de peligrosos vacíos" y que se han reforzado los poderes de deportación "sin establecer las salvaguardias adecuadas para evitar detenciones ilegales, los abusos de poder y las violaciones de los Derechos Humanos".
