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La Comisión Europea ha puesto en duda este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la compatibilidad de la ley de amnistía española con el Derecho de la UE.

Según las autoridades comunitarias, la norma no parece responder a un objetivo de interés general, sino que se enmarca dentro de un acuerdo político para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La ley fue aprobada el pasado mayo de 2024 y afecta a personas vinculadas al proceso independentista en Cataluña.

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Pedro Sánchez, Jordi Turull y Míriam Nogueras.

Los argumentos legales del TJUE

Carlos Urraca Caviedes, abogado de la Comisión Europea, indicó que la ley de amnistía podría contravenir el principio de igualdad al tratar de manera diferente a quienes cometieron los mismos actos, pero con motivos distintos. Además, cuestionó la claridad y la precisión de algunas de sus disposiciones, lo que podría afectar el principio de seguridad jurídica. La Comisión defiende que una legislación de este tipo debe cumplir con los estándares de la Unión Europea.

El impacto de la ley de amnistía

La ley de amnistía, que ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional español, busca anular los efectos judiciales de los procesos judiciales vinculados al referéndum de independencia de Cataluña de 2017, afectando a unas 350 personas implicadas en dichos sucesos, así como a 73 policías acusados de abusos en sus actuaciones durante las protestas. A pesar del respaldo de la Corte Constitucional, Bruselas subraya que la ley no ha sido aprobada para resolver una situación de interés general, sino que responde a compromisos políticos con vistas a la investidura de Pedro Sánchez.

Podría sentar un precedente

Esta decisión podría marcar un hito importante en la relación entre el Derecho nacional español y las normativas de la UE, ya que el TJUE podría establecer nuevos precedentes para la legislación de amnistía dentro de los estados miembros de la Unión Europea.

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