El Gobierno de España avanza en la regulación del entorno virtual para los más jóvenes, aunque con matices respecto a los anuncios iniciales. El PSOE y Sumar han pactado una serie de enmiendas clave en la futura ley de protección de la infancia y la adolescencia en los entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. La medida estrella, que inicialmente se planteó como un veto generalizado, consistirá finalmente en prohibir el acceso de los menores de 16 años únicamente a aquellas plataformas que muestren "contenido dañino para la infancia y la adolescencia", una restricción que se aplicará incluso si los menores cuentan con el permiso de sus tutores legales.
Así funcionará el veto a las redes sociales para menores de 16 años
La prohibición de acceso no será absoluta ni generalizada para todas las plataformas, como sugirió inicialmente el Ejecutivo. El nuevo requisito legal pone el foco directo sobre las empresas tecnológicas: aquellas plataformas que no puedan demostrar que están libres de difundir contenidos perjudiciales para los menores tendrán prohibido permitir el registro y acceso a los menores de 16 años.
Para poder operar con este segmento de edad, las redes sociales deberán adaptar sus contenidos y recibir una autorización expresa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En caso de que una plataforma cumpla con las exigencias regulatorias y obtenga el visto bueno de la CNMC, los adolescentes seguirán necesitando de forma obligatoria la autorización de sus tutores legales para poder abrir una cuenta. El desarrollo pormenorizado de estos requisitos y el procedimiento de evaluación de la CNMC se establecerán mediante un real decreto una vez que la ley sea aprobada.
Manipulación algorítmica y nuevas tipificaciones penales en el entorno digital
El paquete de enmiendas registrado por las fuerzas del Gobierno de coalición introduce de igual forma de calado penal para combatir los riesgos en la red. El texto propone tipificar como delito que una plataforma utilice sus algoritmos para permitir la amplificación y la difusión de contenidos considerados gravemente perjudiciales.
Entre los contenidos específicos que perseguirá esta reforma penal se encuentran:
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La incitación al suicidio o a la autolesión.
El abuso sexual infantil.
Los deepfakes de carácter sexual.
Los contenidos relacionados con delitos de odio.
Responsabilidad penal directa para los directivos de las tecnológicas
El endurecimiento de la normativa no solo afecta al funcionamiento automatizado de las empresas, sino que apunta directamente a sus cúpulas de gestión. Las modificaciones pactadas contemplan que los directivos de las plataformas de redes sociales asumirán responsabilidades penales en dos supuestos específicos: cuando tengan conocimiento de la presencia de este tipo de contenidos ilícitos o dañinos dentro de sus redes y no actúen para frenarlos, y cuando decidan "ignorar una orden de retirada" dictada por las autoridades competentes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido estas medidas en sus canales oficiales asegurando que el Ejecutivo "no se va a rendir ante tecno-oligarcas" con el objetivo de convertir el espacio digital en un entorno seguro. En una línea similar se ha expresado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha celebrado la "mejora" de la norma tras el registro de las enmiendas y ha afirmado que no permitirán "que cuatro magnates desde Silicon Valley vulneren los derechos de la infancia".
Consenso parlamentario y propuestas alternativas de la oposición
La ley de protección de menores en el entorno digital se encuentra en fase de ponencia en la Cámara Baja, la penúltima etapa antes de que el texto definitivo sea remitido al pleno del Congreso de los Diputados para su votación. A pesar de que el texto acumula más de un año de tramitación parlamentaria, la necesidad de regular el acceso de los menores cuenta con un amplio respaldo político y social, tal y como ha recordado la ministra Rego al apelar a un "amplio consenso".
Por su parte, el Partido Popular (PP) coincide en la necesidad de aplicar la prohibición de acceso a los menores de 16 años, pero introduce propuestas alternativas en sus propias enmiendas. Los populares defienden la implantación de un "horario de descanso digital" que impida el acceso a las redes entre las 22:00 y las 08:00 horas. Asimismo, el PP aboga por castigar con penas de prisión de 1 a 3 años (o multas de 6 a 12 meses) la difusión de retos virales que pongan en riesgo la salud del menor, y penas de 2 a 4 años de cárcel por la difusión y no retirada de contenidos que inciten al suicidio o a la autolesión tanto de menores como de personas con discapacidad.
