El escenario político y judicial en torno a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre ha alcanzado un nuevo punto de tensión. El Tribunal Constitucional ha decidido inadmitir a trámite el recurso de amparo promovido por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados a través de la denominada 'ley de nietos'. La resolución mantiene vigentes las medidas cautelares fijadas por el Tribunal Supremo y deja en la incertidumbre la participación electoral de 163.020 españoles residentes en el extranjero.
La decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Defensor del Pueblo
El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por diez votos frente a dos admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. La iniciativa buscaba levantar con carácter de urgencia la suspensión del derecho al sufragio acordada por el Tribunal Supremo.
La mayoría del Pleno ha argumentado que la impugnación resulta prematura. Al encontrarse el procedimiento judicial aún abierto en el Supremo, la alta corte considera que los ciudadanos afectados disponen todavía de cauces para comparecer y formular las alegaciones oportunas.
Aunque el Gobierno ha expresado su respeto a la decisión, ha recalcado que el Constitucional no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto y ha reiterado que considera improcedente la suspensión masiva del voto mediante medidas cautelares.
Origen del conflicto: de la Ley de Memoria Democrática a los tribunales
La controversia tiene su origen en la disposición de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y conocida como 'ley de nietos', la cual faculta para obtener la nacionalidad española a descendientes de quienes perdieron o renunciaron a ella debido al exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencias o de orientación e identidad sexual durante la Guerra Civil y la dictadura.
El conflicto judicial surgió a raíz de una instrucción posterior redactada por el Ministerio de Justicia. Esta norma fijó una presunción general de exilio para quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, dispensándoles de acreditar de forma individual las razones de su salida.
Formaciones y entidades como Vox e Iustitia Europa recurrieron esta interpretación al entender que excedía las condiciones legales originarias. Como consecuencia, el Tribunal Supremo acordó en septiembre la suspensión cautelar de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y, tras la convocatoria de elecciones anticipadas, confirmó el 12 de octubre que la medida afectaba directamente al ejercicio del sufragio de los inscritos bajo dicha presunción.
Quiénes pueden votar el 29-N y la excepción fijada por el Supremo
De acuerdo con los datos facilitados por la Abogacía del Estado, la medida cautelar recae sobre un universo de 163.020 ciudadanos. No obstante, la resolución judicial no afecta a la totalidad de las personas que han adquirido la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, ni implica en ningún caso la pérdida de la condición de ciudadanos españoles, limitándose de manera exclusiva a los efectos electorales.
El Tribunal Supremo ha establecido una excepción para quienes puedan acreditar mediante una certificación consular emitida con fecha anterior al 1 de agosto de 2026 que obtuvieron la nacionalidad como descendientes de exiliados demostrados, sin haber hecho uso de la presunción de exilio articulada por el Ministerio de Justicia.
Por el contrario, quienes se hayan acogido a la presunción y no aporten la acreditación requerida continuarán con el derecho de sufragio suspendido mientras permanezcan vigentes las medidas cautelares.
Colapso consular y el riesgo de que afectados lleguen a emitir su voto
La aplicación práctica de la orden judicial tropieza con complejas dificultades operativas en la red consular. Dado que la documentación anterior a la digitalización del Registro Civil requiere un cotejo manual expediente por expediente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha admitido que resultará "muy difícil" completar la verificación a tiempo.
El ministro José Manuel Albares ha señalado que su departamento ha reforzado el personal para agilizar la tramitación. Sin embargo, desde el colectivo diplomático, Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, ha advertido de que diversas representaciones consulares se hallan "al borde de la extenuación" debido a las jornadas extraordinarias exigidas.
Esta saturación incide directamente en la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), que carece de la totalidad de los datos para actualizar el CERA. El letrado Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha denunciado esta falta de información y ha anticipado la posibilidad de que ciudadanos con el voto suspendido terminen recibiendo la documentación e incluso votando.
Calendario de documentación electoral y escenarios tras el escrutinio
A pesar de la incertidumbre, la Junta Electoral Central (JEC) ha dispuesto que la Oficina del Censo Electoral remita la documentación a los aproximadamente 2,7 millones de electores del CERA entre el 24 y el 30 de octubre. El envío incluirá una nota informativa donde se advierte sobre la situación de suspensión cautelar que recae sobre ciertos expedientes.
El Tribunal Supremo ha recabado alegaciones de las partes para determinar cómo deberán ejecutarse las medidas durante el escrutinio general, fijado entre el 4 y el 7 de diciembre, momento en que las juntas electorales provinciales incorporarán al recuento los votos del extranjero. Si la identificación de un elector suspendido se concreta con posterioridad a la emisión de su papeleta, surgirán serias dudas jurídicas sobre la fiscalización del voto.
De contabilizarse sufragios sujetos a la cautelar, las partes querellantes podrían impugnar los recuentos; del mismo modo, si se excluyen votos de ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos, se abriría la vía a reclamaciones bajo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Por el momento, ninguna resolución judicial ha decretado la suspensión del proceso ni contemplado la repetición de los comicios.
Choque político entre el Partido Popular y el Ministerio de Asuntos Exteriores
La vertiente política del conflicto se ha intensificado tras las actuaciones emprendidas por el Partido Popular. La formación ha enviado un burofax, firmado por su secretario general, Miguel Tellado, y anunciado por la vicesecretaria Alma Ezcurra, a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez.
El documento concede plazo hasta este jueves para ejecutar la resolución del Supremo y advierte de posibles acciones penales por desobediencia contra la cúpula del ministerio, incluido el propio ministro.
En respuesta, José Manuel Albares ha rechazado las acusaciones de pasividad u obstrucción, asegurando en declaraciones a TVE que el servicio exterior actúa "con toda la diligencia" y "cumpliendo escrupulosamente" el mandato judicial. Asimismo, ha instado a Alberto Núñez Feijóo a cesar lo que ha calificado como una campaña para "acosar" y "amedrentar" al cuerpo consular.
Vía penal paralela: investigación judicial a Sofía Puente por prevaricación
De forma independiente al litigio del Tribunal Supremo, el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha abierto una causa penal relacionada con la tramitación de la norma. La magistrada Inmaculada Lova ha admitido a trámite una querella interpuesta por la asociación Hazte Oír contra Sofía Puente, actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y hermana del ministro Óscar Puente.
La investigación se centra en un presunto delito de prevaricación administrativa por la firma de la instrucción del 25 de octubre de 2022, cuando Puente ejercía como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La querella sostiene que dicha instrucción rebasó el marco legal de la Ley de Memoria Democrática al instaurar la presunción de exilio.
La apertura de esta investigación penal se produce con el criterio en contra de la Fiscalía, que solicitó el archivo al existir un precedente cerrado sobre hechos similares. Desde el Ministerio de Justicia han salido en defensa de la responsable autonómica, denunciando un uso partidista de los tribunales, al tiempo que la admisión del trámite no presupone la comisión de delito alguno.