El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a presionar a los jueces, dirigiendo en esta ocasión sus críticas hacia los magistrados del Tribunal Supremo. En el marco de un acto del PSOE celebrado en Ponferrada (León), el líder del Ejecutivo cargó contra la posibilidad de que el alto tribunal deje fuera del censo electoral a quienes han adquirido la nacionalidad española a través de la denominada 'ley de nietos', cuestionando si en las próximas urnas "los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar, y los nietos del régimen franquista sí".
Las tajantes declaraciones de Sánchez se produjeron de forma paralela a las deliberaciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que finalmente no hizo pública este domingo su resolución definitiva sobre la materia. Durante su intervención, el mandatario defendió la plena legalidad de las nacionalidades concedidas —la mayoría de ellas a residentes en Latinoamérica— y apeló directamente a los magistrados para que detengan lo que calificó como un "atropello" impulsado por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, esgrimiendo que en democracia el voto se garantiza y no se prohíbe.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiagon Abascal.
La controversia judicial y el bloqueo del censo electoral
El origen de este litigio judicial se remonta al pasado 8 de septiembre, fecha en la que el Tribunal Supremo dictó medidas cautelares a petición de Vox y del colectivo Iustitia Europa. Dicha resolución judicial dejó en suspenso la inscripción en el censo electoral de los acogidos a la 'ley de nietos' salvo que acrediten formalmente su condición de exiliados.
El motivo de la congelación censal radica en la instrucción dictada por Sofía Puente, directora general de Fe Pública y hermana del ministro de Transportes. Dicha directriz eximía a los solicitantes de probar la persecución política para ser considerados descendientes de "exiliados" entre los años 1936 y 1955, facultándoles además para adscribirse a la provincia electoral que desearan sin haber residido jamás en territorio español.
Pese a que la Abogacía del Estado interpuso un recurso el 21 de septiembre —alertando de la imposibilidad de los consulados para cribar expediente por expediente antes del año 2027, obstáculo agravado tras el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre—, la Sala optó por congelar la totalidad de las inscripciones vinculadas a esta vía al no poder certificar el Gobierno cuáles corresponden concretamente a la polémica norma impulsada por Puente.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo remarcó que estos electores ya ejercieron su derecho al sufragio en los comicios generales de 2023, así como en las citas autonómicas de 2024 y 2025. En este sentido, Sánchez tildó de "bulos" las denuncias vertidas por la oposición sobre el voto por correo y acusó al PP y a Vox de buscar "urnas vacías".