El Ayuntamiento de Jumilla (Región de Murcia) ha aprobado una moción que impide la celebración de ritos islámicos en espacios públicos, convirtiéndose así en el primer municipio de España en adoptar una medida de este tipo.
La propuesta, impulsada por Vox, ha sido aprobada gracias al apoyo del Partido Popular, que ostenta la alcaldía del municipio.
La moción, defendida por el único concejal de Vox en el consistorio, Juan Agustín Carrillo, prohíbe expresamente el uso de espacios públicos municipales para celebraciones como la Fiesta del Cordero o el Fin del Ramadán, ambas festividades centrales en la tradición musulmana.
Vox justifica la iniciativa afirmando que se trata de “una práctica cultural ajena a España”, y apela a la necesidad de preservar “nuestra identidad” frente a lo que consideran “costumbres impuestas por la izquierda”.
La medida ha sido posible gracias a la alianza entre PP y Vox, en un contexto regional en el que ambos partidos mantienen acuerdos políticos. De hecho, en junio sellaron un pacto para sacar adelante los Presupuestos de 2025, en el que el PP aceptó, entre otras exigencias de Vox, rechazar la política migratoria del Gobierno central y eliminar el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en centros educativos.
Rechazo opositor
La aprobación ha generado un fuerte rechazo por parte de la oposición. PSOE e IU-Verdes Podemos han votado en contra, calificando la moción de “xenófoba” y “sectaria”. La portavoz socialista ha denunciado un “retroceso en derechos y libertades”, y el concejal Juan Antonio González Gomáriz expresó en redes su “vergüenza ajena” ante la decisión.
En Jumilla, un municipio de 27.000 habitantes, más de 1.500 personas profesan la fe islámica, según datos del INE. La decisión del consistorio ha encendido el debate sobre la libertad religiosa y la convivencia multicultural, en un momento en el que Vox refuerza su discurso identitario y antiinmigración en la Región de Murcia.
Desde Vox celebran la medida como “histórica”, mientras colectivos sociales y organizaciones en defensa de los derechos humanos advierten del riesgo de institucionalizar la exclusión cultural y religiosa en municipios gobernados bajo la influencia de la ultraderecha.
FUENTE: El Observador
