El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha puesto el broche final a 14 intensas sesiones de juicio en el Tribunal Supremo. Tras el paso de más de 70 testigos y meses de instrucción, la causa ha quedado este miércoles visto para sentencia. En un turno de última palabra cargado de ironía y reproches, Ábalos ha negado rotundamente haber recibido mordidas del empresario Víctor de Aldama, mientras su exasesor, Koldo García, denunciaba presiones políticas para "mentir" contra el exministro.
Ábalos ante el tribunal: "No hay ninguna evidencia de contraprestación"
Con un tono marcadamente defensivo, José Luis Ábalos ha aprovechado sus últimos minutos ante el juez para desmantelar la tesis de la acusación que le vincula con pagos de 10.000 euros mensuales. "¡Qué barato que soy!", exclamó el exministro, argumentando que una cifra así carece de lógica en un departamento con las "brutales oportunidades de negocio" que maneja un Ministerio de Transportes.
Ábalos calificó el proceso como una "causa inquisitorial" y denunció la existencia de "juicios paralelos" destinados a intoxicar la verdad judicial. "Me juego la poca vida que me queda", afirmó, insistiendo en que no existen pruebas ni fotos que avalen la entrega de dinero en mano que sostiene Aldama. Además, cuestionó por qué se le juzga a él por contratar con Soluciones de Gestión cuando el Ministerio del Interior utilizó al mismo proveedor bajo el mismo sistema sin consecuencias penales.
La defensa de las mascarillas y el papel de Jéssica Rodríguez
El informe final de la defensa, liderada por el abogado Marino Turiel, intentó normalizar la gestión de los contratos de emergencia durante la pandemia. Según el letrado, la elección de la empresa de Aldama respondió a un "criterio de viabilidad" en un mercado global desabastecido. Turiel defendió que el cambio de volumen en el pedido de mascarillas (de cuatro a ocho millones) fue una "decisión política legítima" y no un acto delictivo.
Uno de los puntos más polémicos fue la justificación del uso de un inmueble en Madrid por parte de la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez. La defensa tildó a la mujer de "gancho" de Aldama, sugiriendo que el empresario buscaba "congratular" al ministro mediante favores a terceros, pero subrayando que Ábalos "no tenía las llaves ni acceso" a dicha vivienda, por lo que no puede considerarse una dádiva directa.
Koldo García denuncia ofertas de libertad a cambio de "mentir"
El cierre del juicio también contó con el testimonio final de Koldo García, quien lanzó un dardo directo a la acusación popular. García aseguró que el abogado del Partido Popular le ofreció "colaborar engañando a los españoles" para evitar la cárcel. "He dicho que no voy a mentir", sentenció el exasesor, quien afirma haberlo perdido todo tras ser "dejado de lado" por ministros a los que, según su versión, ayudó antes de que alcanzaran relevancia política.
García también dio una explicación alternativa al concepto de "chistorras" utilizado en las grabaciones de la Guardia Civil para referirse supuestamente a billetes de 500 euros. Según su declaración, era una terminología que usaba desde hace 15 años con agentes en Navarra para referirse al cambio de billetes grandes, negando que se tratara de pagos ilícitos de Aldama, a quien acusó de "elegir el camino fácil" de la mentira para salvarse.
Un proceso pendiente de la decisión judicial
Con la finalización de las vistas, la pelota queda ahora en el tejado del Tribunal Supremo. El fallo deberá dirimir si las relaciones mercantiles y personales descritas durante el juicio constituyen delitos de cohecho y tráfico de influencias, o si, como sostiene la defensa de Ábalos, se trató de una gestión administrativa normalizada en un contexto de crisis sanitaria excepcional. Por ahora, el exministro concluye su etapa en el banquillo con una última reclamación: la defensa de su honor y la devolución de sus dispositivos electrónicos.
