Sumar ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impulse la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, desoyendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2024 anuló dicho pacto por aplicarse en aguas del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.
La diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi —adscrita al grupo parlamentario de Sumar—, ha denunciado que la Comisión Europea, con el respaldo de España, esté liderando las gestiones para reeditar un acuerdo que fue calificado como ilegal por la justicia europea. "Anoche conocimos que, de hecho, España estaría liderando esos acuerdos y defendiendo a Rabat para que pueda haber acuerdos de asociación para el expolio del territorio ocupado del Sáhara", ha afirmado Sidi, de origen saharaui.
La parlamentaria ha recordado que en octubre de 2024 el TJUE anuló los acuerdos de pesca por aplicarse en el Sáhara Occidental sin contar con el aval del Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui según Naciones Unidas.
Aunque se mantuvo su aplicación durante un año por razones de seguridad jurídica, ese periodo expira el 4 de octubre.
El frente polisario durante las hostilidades de baja intensidad entre su territorio del Sahara Occidental y el ejército de Marruecos
Exigen consulta al Frente Polisario
Desde Sumar insisten en que cualquier nuevo acuerdo con Marruecos debe contar con la participación directa del Frente Polisario. De hecho, el pasado 12 de septiembre la formación ya exigió al Ejecutivo español que garantizase el cumplimiento de la sentencia europea y se posicionase claramente a favor de consultar al pueblo saharaui.
El diputado de Izquierda Unida y miembro de Sumar, Enrique Santiago, registró una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno aclare si apoyará la negociación abierta en la UE sin la participación del Polisario, y si aceptaría un nuevo acuerdo que tampoco cuente con su consentimiento.
Además, la coalición ha reclamado al Ejecutivo que garantice el correcto etiquetado de los productos procedentes del Sáhara Occidental, tal y como exige el TJUE, de forma que no se identifiquen como marroquíes.
FUENTE: El Observador
