El grupo parlamentario Vox llevará este jueves 14 al Pleno de las Cortes de Aragón una proposición no de ley (PNL) para exigir la paralización inmediata del acuerdo comercial UE-Mercosur. La formación considera que este pacto supone una "competencia desleal" para los productores locales de Aragón y de España. El acuerdo se empezó a aplicar de forma provisional el pasado 1 de mayo.
Santiago Morón, portavoz de Vox, defiende que los agricultores y ganaderos de la región no pueden competir en igualdad de condiciones. Según el partido liderado por Santiago Abascal, los productores sudamericanos operan bajo requisitos mucho más permisivos que los exigidos en España, perjudicando gravemente la viabilidad del sector primario nacional.
Exigencias al Gobierno central y referéndum
La propuesta de Vox reclama al Gobierno de España un firme rechazo al acuerdo y la elaboración de un informe detallado sobre su impacto económico y social. Además, la iniciativa solicita la elaboración de un referéndum consultivo para que los propios ciudadanos decidan sobre la aprobación definitiva del tratado internacional, que estaba en negociación desde el año 1998.
El grupo parlamentario también insta al Ejecutivo central a rechazar el Pacto Verde y la Agenda 2030. En concreto, señalan las estrategias 'De la granja a la mesa' y de 'Biodiversidad' como elementos perjudiciales, cumpliendo así con lo pactado en el acuerdo de gobierno autonómico entre PP y Vox.
Blindaje del sector primario y vía judicial
Vox fundamenta su postura en el acuerdo de gobierno firmado el pasado 22 de abril, que recoge el rechazo al tratado de la UE si no se garantiza la igualdad para el campo aragonés. Morón busca que el resto de grupos se posicionen claramente a favor o en contra de los intereses agrarios de España y sus agricultores.
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Jorge Buxadé, portavoz de Vox en el Parlamento Europeo.
Además, la formación muestra su preocupación por la activación provisional del acuerdo por parte de la Unión Europea. Por eso, solicitan esperar al informe jurídico del Tribunal de Justicia de la UE, promovido por el grupo parlamentario Patriots, para comprobar la compatibilidad del acuerdo comercial con los Tratados de la Unión Europea.
