La consejera de Educación de la Generalidad, Anna Simó, anunció este viernes que el departamento presentará un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de suspender el decreto que situaba el catalán como lengua vehicular del sistema educativo no universitario por considerar que no confiere ese mismo carácter al español.
En declaraciones a los medios en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), la funcionaria cuestionó que hay jueces del TSJC que "se extralimitan" y que decidieron, pese a no tener funciones legislativas y ejecutivas, decir cómo debe ser el régimen lingüístico en las escuelas, y pidieron que cada uno trabaje dentro de la separación de poderes.
Subrayó que el decreto de régimen lingüístico forma parte del despliegue pendiente del título II de la Ley de Educación de Cataluña y de otras normativas para "hacer frente a la idea peregrina de que el 25% de las materias fuese en castellano", cuestión que ha dicho que no tiene apoyo pedagógico y sociolingüístico.
Acusó a jueces que "no escuchan el consenso social"
Lamentó que haya jueces que "escuchen más a una asociación que a un consenso social y político mayoritario", y ha criticado que en la interlocutoria el magistrado hace apreciaciones que van más allá de las jurídicas.
Dijo también que el decreto de régimen lingüístico se basa en normativa previa y ha afirmado no entender que se dé "pábulo a los argumentos de una asociación que no atienden a ningún motivo sociolingüístico o pedagógico, sino altamente político, creando un contexto falaz de minorización del castellano en Cataluña".
Simó ha subrayado que el objetivo de la normativa es "la igualdad de oportunidades y que el alumnado sea competente en las lenguas oficiales y una lengua extranjera".
El decreto apuntaba a "fortalecer el modelo de escuela catalana"
El decreto había sido aprobado por el gobierno regional catalán en mayo, cuando estaba en funciones, y establecía el régimen lingüístico de escuelas e institutos para "fortalecer el modelo de escuela catalana" mediante la regulación del uso y la enseñanza de las lenguas y del conocimiento y la utilización de la lengua catalana por parte del personal docente y no docente.
La orden, recurrida por la entidad Asamblea por Una Escuela Bilingüe, que lucha por aumentar la presencia del español en el ámbito educativo en Cataluña, surgió tras la constatación de que ha habido un retroceso en los usos lingüísticos del catalán durante los últimos años, tanto en la educación como a nivel social en general.
Según un informe presentado esta semana por Plataforma per la Llengua, entidad de defensa del catalán, en Cataluña tan solo el 12,1% de los jóvenes lo hablan como lengua habitual y menos de la mitad lo usa frecuentemente.
En el auto, el juez del TSJC observa "visos de lesión en los derechos fundamentales (...) a recibir enseñanza en lengua castellana, en tanto que el desarrollo reglamentario del decreto configura un sistema de educación gratuita único, donde solo se contempla el catalán, o en su caso el aranés (hablado en una zona d la provincia de Lérida), como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje".
En este sentido, rechaza que en el decreto no se fije "una garantía mínima del uso de dicha lengua vehicular más allá de la enseñanza de la asignatura de lengua y literatura castellana".
FUENTE: EUROPA PRESS Y EFE
