Ceuta cambió a Europa.
Si las imágenes de esa marea humana de miles de marroquíes en busca de la costa del pequeño enclave español dejó al mundo pasmado, incrédulo ante la escala de esa “invasión” desesperada, para Europa fue un quiebre.
Ceuta llevó a Europa a dar un giro drástico en materia migratoria. Creó una "maquinaria de deportaciones" a países fuera del bloque. Ahora los inmigrantes ilegales pueden permanecer hasta dos años en estos centros de detención o "hubs de retorno". También se rastrean en forma preventiva las redes sociales.
Si las imágenes de esa marea humana de miles de marroquíes en busca de la costa del pequeño enclave español dejó al mundo pasmado, incrédulo ante la escala de esa “invasión” desesperada, para Europa fue un quiebre.
Todos los miedos que latían subyugados, afloraron con virulencia. Todos los políticos con propuestas radicalizadas dispuestos a explotarlos, supieron que era su momento.
Así, la Unión Europea (UE) acaba de dar un giro drástico en materia migratoria, que supone un endurecimiento extremo así como una concesión a la fortalecida derecha comunitaria.
Se trata, en principio, de una reforma de la agencia de fronteras de la UE, llamada Frontex. Hasta hoy, sus agentes se encargaban de apoyar a las autoridades nacionales en la devolución de inmigrantes irregulares desde países de la UE a sus países de origen, además de patrullar las fronteras exteriores y las costas del bloque.
Pero ahora, con 12.000 millones de euros en el próximo presupuesto de siete años de la UE, el doble de su dotación anterior, y tres veces más personal, Frontex se convierte en una “super-agencia” con competencias que se extienden incluso más allá del bloque.
Estos son los tres ejes de la reforma:
• Cuerpo de 30.000 agentes: el plan estipula elevar de forma gradual el cuerpo permanente de guardias fronterizos hasta alcanzar las 30.000 personas.
• Reserva de fronteras y retorno: dentro de ese número, se crean 17.000 plazas de reservistas aportados por los Estados miembros que estarán listos para ser desplegados con inmediatez en zonas críticas.
• Central de compras tecnológicas: la agencia operará como un nodo central para adquirir o alquilar herramientas digitales de última generación y sistemas basados en Inteligencia Artificial.
El cambio fundamental radica en las facultades operativas que adquiere la agencia en materia de retornos:
• Centro de coordinación del retorno: Frontex asume la dirección total del proceso de expulsión, desde la identificación y el asesoramiento hasta la ejecución final de la deportación y asistencia de reintegración.
• Deportación entre terceros países: Si existe un convenio previo, Frontex podrá coordinar operaciones técnicas y operativas para deportar migrantes de un país no perteneciente a la UE a otro (por ejemplo, devoluciones desde países del norte de África antes de que lleguen a costas europeas).
• Gestión de centros de retorno ("hubs"): se abre la puerta a que la agencia participe activamente en la logística de los futuros centros de tránsito externos que la UE negocia abrir fuera del territorio comunitario (como los proyectados en Ruanda y Uganda).
• Fuerza de reacción rápida: una unidad de despliegue veloz capaz de intervenir en las fronteras exteriores en cuestión de horas (y no semanas) ante una llegada masiva imprevista.
• Centro de monitoreo online: por primera vez, Frontex recibe un mandato explícito para vigilar contenidos de redes sociales de acceso público con el fin de rastrear de manera preventiva movimientos migratorios a gran escala organizados en Internet.
• Digitalización absoluta del retorno: en paralelo con esta ley, se introdujo un reglamento para unificar digitalmente los procesos de expulsión mediante una interfaz única europea, acelerando la burocracia administrativa.
Previamente a la presentación de esta reforma, se autorizó la normativa de los “hubs de retorno” en terceros países, una suerte de eufemismo para los centros de detención de los inmigrantes ilegales deportados.
La regulación permite por primera vez a un Estado miembro trasladar a un inmigrante con una orden de expulsión firme a un tercer país seguro que nunca antes haya visitado, rompiendo la exigencia histórica de tener un lazo cultural o familiar con el país de destino.
Cualquier país no perteneciente a la UE que acepte albergar un “hub” debe firmar un acuerdo bilateral vinculante. El tratado debe garantizar por ley que los inmigrantes no serán torturados, perseguidos o reenviados a sus países de origen si allí corren peligro de muerte.
Uno de los puntos más controvertidos, es el endurecimiento de las condiciones de privación de libertad para evitar posibles fugas mientras se coordina la expulsión.
A partir de ahora se permite la detención en estos centros por un período de 6 meses a 2 años mientras se tramita la documentación con sus consulados.
El clamor de las organizaciones de derechos humanos casi ensordece.