El objetivo es mejorar la equidad del sistema, especialmente para mujeres, padres, autónomos y trabajadores con trayectorias laborales irregulares.
La Seguridad Social en España aplicará a partir del 1 de enero de 2026 una reforma que modificará el cálculo de las pensiones y ampliará los beneficios para quienes han atravesado periodos sin cotizar.
El objetivo es mejorar la equidad del sistema, especialmente para mujeres, padres, autónomos y trabajadores con trayectorias laborales irregulares.
Hasta ahora, la jubilación se calculaba con el promedio de las cotizaciones de los últimos 25 años. Desde 2026 se abrirá una segunda opción: considerar los 27 mejores años de los últimos 29, descartando los 24 peores meses.
Será la Seguridad Social quien seleccione automáticamente el método más favorable para cada persona. Esta medida busca beneficiar a trabajadores con lagunas de cotización, contratos temporales o periodos de desempleo prolongados.
La integración de lagunas permite cubrir meses sin aportes con bases mínimas. El sistema actual reconoce hasta 48 meses al 100 % y el resto al 50 %. Desde 2026, se ampliará:
Mujeres: podrán completar hasta 60 meses al 100 % y 24 meses al 80 %.
Hombres: podrán acogerse si acreditan que la llegada de un hijo redujo su cotización: más de 120 días sin aportar (nacidos antes de 1995) o una caída del 15 % en los ingresos (nacidos después).
Los autónomos podrán cubrir hasta 6 meses tras un cese de actividad con una base reducida de 960,60 euros. También se contemplan mejoras para quienes hayan sufrido una incapacidad por enfermedad común, así como para empleadas del hogar y personas con contratos parciales.
Estas medidas buscan compensar las interrupciones en la vida laboral que antes suponían una merma considerable en la futura pensión.
En paralelo, desde 2026 la edad legal para jubilarse se situará en 66 años y 10 meses. Solo quienes acrediten 38 años y 3 meses de cotización podrán retirarse a los 65 con el 100 % de la pensión.
La reforma responde al desafío de sostener el sistema de pensiones frente al envejecimiento de la población. Además, supone un reconocimiento al impacto que tienen la maternidad, la paternidad o la precariedad laboral en la vida contributiva de los trabajadores.