Airbnb deberá pagar 64 millones de multa por infracciones en sus anuncios
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deniega las medidas cautelares a la plataforma, que deberá abonar la sanción de Consumo por anuncios sin licencia.
Airbnb debe pagar los 64 millones de la multa impuesta por el Ministerio de Consumo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la solicitud de medidas cautelares interpuesta por Airbnb, obligando a la plataforma de alojamientos a pagar la multa de 64 millones de euros impuesta en el pasado diciembre por el Ministerio de Consumo tras detectar irregularidades en los anuncios de pisos turísticos.
La decisión judicial implica que la empresa debe hacer frente al pago, a pesar de que todavía cabe la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha confirmado este lunes el auto que desbloquea el cobro de la millonaria penalización.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Infracciones en más de 65.000 anuncios
La investigación liderada por la cartera de Consumo identificó irregularidades en un total de 65.122 anuncios de la plataforma, que fueron retirados en julio de 2025. El Ministerio argumentó que Airbnb incurrió en "prácticas comerciales desleales" al permitir la oferta de alojamientos que no tenían la licencia turística exigida.
Además de los que no tenían número de registro, muchos otros usaban números falsos o que no correspondían con el formato oficial. Estas acciones fueron calificadas como publicidad engañosa , ya que tampoco se ofrecía información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones de dichos pisos.
Una multa vinculada al beneficio ilícito
La sanción principal asciende a 63,98 millones de euros, cifra calculada como el equivalente a seis veces el beneficio obtenido por la plataforma con estos anuncios. La cantidad corresponde al periodo transcurrido desde que el Ministerio formuló el apercibimiento hasta que los anuncios fueron finalmente eliminados por Airbnb meses después.
A esta cuantía se suman otras tres multas menores por obstrucción a la inspección, incumplimiento en contratos a distancia y desobediencia a medidas provisionales. En total, la justicia respalda el rigor administrativo contra la empresa por haber ignorado las órdenes del órgano instructor durante la tramitación del expediente.
