El país está sumido en la mayor ola de protestas en décadas contra el régimen iraní, mientras sigue aislado por el apagón informativo.
Miles de personas salen a las calles de Irán contra en una histórica protesta contra el régimen terrorista.
Irán atraviesa una de las crisis internas más graves de las últimas décadas, marcada por una represión que, según organizaciones de derechos humanos, podría dejar más de mil víctimas mortales tras más de dos semanas de protestas contra el régimen.
Al menos 544 personas murieron en el marco de las protestas iniciadas hace 15 días, según el último balance de la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos. Entre los fallecidos figuran 483 manifestantes, 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, ocho menores de edad y cinco civiles que no participaban en las movilizaciones.
La organización advirtió que existen 579 casos adicionales en investigación, por lo que la cifra final "podría superar fácilmente el millar". Además, 10.681 personas fueron enviadas a prisión tras ser detenidas durante las manifestaciones.
HRANA denunció también 96 casos de "confesiones forzadas" difundidas en medios estatales y subrayó que el apagón de internet impuesto desde hace cuatro días dificulta la verificación de los datos.
La ONG explicó que el fuerte aumento en el número de víctimas se debe a la recepción de material gráfico procedente de depósitos de cadáveres en Teherán, especialmente en la Organización de Medicina Legal de Kahrizak. En esos centros se observó "un gran número de cadáveres", estimados en unos 250 cuerpos, lo que explicaría el salto desde los 116 fallecidos informados el día anterior.
Las protestas se registraron en 585 puntos del país, incluidas 186 ciudades de las 31 provincias.
Otras organizaciones manejan cifras más bajas. El Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informó de 192 fallecidos, aunque reconoció que "algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos". Según este organismo, al menos nueve de las víctimas eran menores.
Su director, Mahmud Amiri-Moghaddam, alertó: "Las muertes de manifestantes en los últimos días, en particular desde el corte a nivel nacional de internet, podría ser incluso mayor de lo que nos imaginamos ahora mismo". Y añadió: "La República Islámica está cometiendo un crimen internacional contra el pueblo de Irán y la comunidad internacional está obligada según el derecho internacional a emplear todos los medios para detener este crimen".
Organizaciones de derechos humanos documentaron la saturación de hospitales en varias regiones del país. La BBC Persa verificó que 70 cadáveres fueron trasladados al hospital Poursina, en Rasht, en una sola noche. Personal sanitario describió morgues abarrotadas y denunció que las fuerzas de seguridad retiraron cuerpos de los centros médicos.
Un médico de Teherán relató que muchos heridos morían "tan pronto como llegaron a las camas de urgencias... con disparos directos a la cabeza de los jóvenes e incluso al corazón. Muchos ni siquiera llegaron al hospital".
Según fuentes sanitarias, las autoridades exigen elevadas sumas de dinero a las familias a cambio de la entrega de los cuerpos.
Irán permanece aislado del exterior por el bloqueo de internet y de las telecomunicaciones, que también afecta al sistema bancario, los aeropuertos y miles de comercios. Las ONG advirtieron que la medida impide a los ciudadanos comunicarse con familiares dentro y fuera del país y obstaculiza el registro de víctimas y detenidos.
Las movilizaciones comenzaron el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, impulsadas por el desplome del rial, la inflación y los cortes de agua y electricidad. Con el paso de los días, las protestas se transformaron en un reclamo general contra el régimen, con consignas que incluso reivindican el regreso de la monarquía derrocada en 1979.
"¡Esta es la batalla final!", gritaron manifestantes en Bandar Abbas. "¡Los Pahlavi regresarán!", corearon otros grupos.
La Fiscalía General anunció que considera a los manifestantes como mohareb, "enemigos de Alá", un delito que conlleva la pena de muerte. Los medios estatales confirmaron arrestos masivos de personas calificadas como "alborotadores".
El jefe de la policía, Ahmad Reza Radan, reconoció muertes por disparos, pero sostuvo que fueron obra de "grupos terroristas" y no de las fuerzas de seguridad.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, abandonó su postura inicial de diálogo y acusó a los manifestantes de "terroristas", responsabilizando a EEUU e Israel de querer "sumir el país en un caos". "Entrenaron a personas dentro y fuera del país, trajeron a terroristas del extranjero, quemaron mezquitas y mercados", afirmó.
Un manifestante trepó a la fachada de la embajada de Irán en Londres y retiró la bandera oficial de la República Islámica que ondeaba en el exterior, substituyéndola por la versión previa a la revolución de 1979, en medio de una protesta contra el régimen en Teherán y su represión interna. Tras el incidente, el Gobierno iraní consideró el hecho una falta de respeto y convocó al embajador del Reino Unido en Teherán, Hugo Shorter, para transmitirle una “enérgica protesta” por el retiro de su bandera nacional, según agencias estatales, en el contexto de una ola de movilizaciones antigubernamentales que también ha tenido eco en otras capitales europeas . La delegación iraní en Londres publicó luego en su cuenta de X una imagen con la bandera restaurada en su lugar, mientras que las autoridades británicas, hasta ahora, no han comentado oficialmente sobre la protesta diplomática
El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que Irán se encuentra en una guerra "económica, cognitiva, militar y terrorista" contra EEUU e Israel. "Si Estados Unidos lanza un ataque militar, tanto los territorios ocupados como las bases militares y marítimas estadounidenses serán objetivos legítimos para nosotros", advirtió.
Las declaraciones coinciden con informaciones de medios estadounidenses que señalan que Donald Trump pidió evaluar opciones de ataques militares contra Irán en conversaciones calificadas como "preliminares".