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Los recientes ataques contra infraestructuras de desalinización en Oriente Medio han situado al agua en el centro de las tensiones regionales. Instalaciones que abastecen a millones de personas comenzaron a aparecer entre los objetivos militares en medio de la escalada entre Irán, Israel, Estados Unidos y varios países del Golfo.

Durante el fin de semana se registraron incidentes que afectaron directamente a estas infraestructuras. Irán denunció un ataque contra una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, mientras que Baréin informó de daños en una instalación similar tras un ataque con drones atribuido a Teherán. Los episodios marcan un cambio en la dinámica del conflicto, donde recursos esenciales para la vida civil comienzan a verse involucrados.

Expertos señalan que el impacto potencial de estos ataques va más allá del ámbito militar. Las plantas de desalinización son consideradas infraestructuras críticas en una región donde el acceso al agua dulce es extremadamente limitado y donde el suministro depende en gran medida de la tecnología para convertir agua marina en potable.

La desalinización, pilar del suministro de agua en la región

Oriente Medio es una de las zonas más áridas del planeta. Según datos del Banco Mundial, el acceso al agua es hasta diez veces menor que el promedio mundial, lo que ha convertido a la desalinización en una herramienta clave para garantizar el abastecimiento.

Alrededor del 42% de la capacidad global de desalinización se concentra en Oriente Medio. En los países del Golfo, el peso de esta tecnología es decisivo: más del 90% del agua potable de Kuwait proviene de estas plantas, el 86% en Omán, el 70% en Arabia Saudí y cerca del 42% en Emiratos Árabes Unidos.

En la costa del Golfo Pérsico funcionan unas 450 plantas desalinizadoras, que sostienen el suministro para una población regional cercana a los 100 millones de habitantes y permiten el desarrollo urbano de ciudades como Dubái o Riad.

La economista especializada en recursos hídricos Esther Crauser-Delbourg advirtió que en muchos países de la región la desalinización es indispensable para el funcionamiento cotidiano. Sin estas instalaciones, afirmó, sería imposible mantener la actividad económica y el abastecimiento urbano.

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Infraestructuras vulnerables en un escenario de conflicto

Las plantas desalinizadoras pueden resultar especialmente sensibles en un contexto de guerra. Además de posibles ataques directos con misiles o drones, su funcionamiento depende de factores como el suministro eléctrico o la calidad del agua marina.

Expertos señalan que mareas negras o vertidos de petróleo en el Golfo Pérsico también podrían paralizar temporalmente la producción de agua potable si alcanzan las tomas de las plantas.

Ante este escenario, varios países han reforzado la seguridad de estas instalaciones. Según Philippe Bourdeaux, responsable regional de la empresa Veolia en África y Oriente Medio, algunas autoridades han desplegado baterías de misiles y sistemas de vigilancia alrededor de las mayores plantas para protegerlas frente a posibles ataques.

Las compañías operadoras también han reforzado los controles de acceso y los sistemas de protección en el perímetro inmediato de estas infraestructuras.

Un recurso estratégico reconocido desde hace años

El carácter estratégico de la desalinización en Oriente Medio ha sido señalado en distintos análisis internacionales. Un informe de la CIA de 2010 advertía que la interrupción de estas instalaciones en los países árabes podría provocar consecuencias más graves que la pérdida de cualquier otra industria.

Un cable diplomático estadounidense publicado por WikiLeaks señalaba que si la planta desalinizadora de Jubail, en Arabia Saudí, quedara gravemente dañada, Riad podría necesitar ser evacuada en aproximadamente una semana, debido a la dependencia de la capital del suministro que proviene de esa instalación.

Los ataques contra este tipo de infraestructuras han sido poco frecuentes. El registro del Pacific Institute, que documenta conflictos relacionados con el agua, indica que los incidentes recientes se suman a algunos episodios en la última década en Yemen, Arabia Saudí y Gaza. Antes de 2016, los antecedentes más relevantes se remontaban a la Guerra del Golfo de 1991.

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Dependencia creciente en un contexto de escasez hídrica

La presión sobre los recursos hídricos en Oriente Medio se ha intensificado en los últimos años debido a varios factores. El crecimiento de las ciudades, el aumento de la población y los efectos del cambio climático están reduciendo las reservas de agua subterránea.

En Irán, por ejemplo, el país atravesó recientemente su quinto año consecutivo de sequía, con embalses cercanos al agotamiento durante el verano y advertencias oficiales sobre el riesgo de escasez en grandes ciudades como Teherán.

A diferencia de varios países del Golfo, Irán depende menos de la desalinización: estas plantas aportan alrededor del 3% del agua dulce disponible, mientras que la mayor parte del recurso se destina a la agricultura.

Consecuencias potenciales para la población y la economía

Especialistas advierten que un ataque prolongado contra las plantas desalinizadoras podría tener efectos inmediatos en la vida cotidiana de millones de personas. Entre los escenarios posibles figuran racionamientos de agua o desplazamientos de población desde grandes ciudades.

La interrupción del suministro también podría generar impactos económicos en sectores que dependen intensamente del agua, como el turismo, la industria o los centros de datos, que utilizan grandes volúmenes para refrigeración.

No obstante, algunas infraestructuras cuentan con medidas de contingencia. En muchos casos, las plantas están interconectadas y disponen de reservas que pueden cubrir entre dos y siete días de consumo, lo que permitiría amortiguar fallos temporales si las interrupciones no se prolongan.

Un recurso civil protegido por el derecho internacional

Las instalaciones de desalinización están consideradas infraestructuras civiles y, según el derecho internacional, deben quedar protegidas frente a ataques militares.

Especialistas en relaciones internacionales advierten que cualquier agresión directa contra estas instalaciones podría transformar el conflicto en una amenaza directa para la población civil, al comprometer el acceso al agua potable.

La creciente presencia de estas infraestructuras entre los objetivos del conflicto refleja, según analistas, el papel cada vez más central que el agua puede desempeñar en los escenarios geopolíticos del siglo XXI.

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