El fallo apunta a falta de transparencia y limita el derecho de participación, mientras el Consistorio analiza recurrir la resolución judicial.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la tasa de basura del Ayuntamiento de Madrid al detectar “defectos sustanciales” en su tramitación.
La resolución, que estima los recursos presentados por diversas organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024, declara la nulidad de pleno derecho del tributo. La sentencia concluye que se produjo una infracción relevante del procedimiento al omitirse documentación clave durante el trámite de información pública.
El fallo señala que no se incorporaron ni publicaron los anexos del estudio sobre generación de residuos por actividades económicas, considerados esenciales para comprender el cálculo de la tasa.
Según los magistrados, estos documentos permitían “comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo” y su ausencia impidió conocer cómo se establecieron los criterios de reparto de la carga fiscal.
El tribunal rechaza la tesis del Ayuntamiento de que estos anexos eran meramente complementarios y subraya que contenían el “núcleo metodológico” del sistema, incluyendo estudios estadísticos y criterios de segmentación.
La sentencia recuerda que el informe técnico-económico es un elemento esencial en la creación de tasas municipales, ya que justifica el coste del servicio y la metodología aplicada.
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, este informe debe ofrecer una explicación completa y razonada, no solo datos finales. Sin embargo, el TSJM concluye que el documento publicado no permitía conocer el proceso de cálculo, especialmente en la asignación de residuos a actividades económicas y en la definición de zonas homogéneas.
Esta falta de detalle impidió verificar si la tasa cumplía con los principios de legalidad, proporcionalidad y equivalencia.
El tribunal pone especial énfasis en que la omisión de los anexos afectó al derecho de participación ciudadana durante el periodo de información pública.
“La Administración debe poner a disposición del público toda la documentación relevante, sin excepciones ni limitaciones”, señala la resolución.
La falta de acceso a estos documentos generó, según la Sala, una “indefensión material”, al impedir a los ciudadanos formular alegaciones fundamentadas sobre los criterios técnicos de la ordenanza.
Asimismo, el TSJM rechaza que este defecto pueda subsanarse mediante solicitudes individuales de acceso a la información, insistiendo en la obligación de publicar íntegramente el expediente.
La ordenanza anulada se aprobó en el marco de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a las entidades locales a implantar sistemas de financiación basados en el principio de “quien contamina paga”.
No obstante, el tribunal subraya que esta obligación no exime a la Administración de cumplir estrictamente las garantías procedimentales ni de motivar adecuadamente los elementos esenciales del tributo.
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que está analizando la resolución y la posibilidad de interponer recurso.
Fuentes municipales señalan que la sentencia se centra en aspectos “estrictamente formales” y subrayan que “no entra en cuestiones de fondo, ni en el diseño ni en la metodología de cálculo” de la tasa.
Según explican, el anexo omitido -elaborado por una empresa- contenía datos sobre generación de residuos en usos no residenciales y fue considerado por los servicios técnicos como información auxiliar. Además, aseguran que dicho documento se incorporó al expediente antes de su aprobación definitiva en el pleno.
La anulación de la tasa abre un escenario de incertidumbre sobre su aplicación y futuro diseño, a la espera de si el Ayuntamiento decide recurrir o rehacer el procedimiento cumpliendo los requisitos exigidos por la justicia.
El fallo refuerza la exigencia de transparencia y rigor técnico en la aprobación de tributos municipales, especialmente en aquellos vinculados a políticas ambientales y a la financiación de servicios públicos esenciales.