La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió una carta al Parlamento solicitando la "reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio" para "corregir desviaciones en su aplicación". La norma, aprobada en 2017 en un contexto de intensa protesta social, es señalada por organismos de derechos humanos y la oposición como un mecanismo sistemático de persecución contra la disidencia, los partidos políticos y la prensa independiente.
Rodríguez, quien gobierna bajo la tutela de Washington desde que en enero fuerzas militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y lo trasladaron a Nueva York para juzgarlo por narcotráfico, afirmó recientemente en la Asamblea General de la ONU que se propone conducir al país hacia "una democracia plena". No obstante, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos consideran insuficiente una reforma de la ley y piden su derogación.
La ley castiga con penas de entre 10 y 20 años de prisión a quien fomente o incite al odio a través de cualquier vía de difusión. El texto faculta al Estado a revocar la concesión a emisoras de radio y canales de televisión que difundan contenidos considerados como "propaganda a favor de la guerra o apología del odio", a ordenar el bloqueo y multas contra plataformas digitales, y a retirar la legalidad o vetar la inscripción de partidos políticos bajo señalamientos de intolerancia.
En su carta, Delcy Rodríguez pide "avanzar en la despenalización de las conductas previstas" en la norma "como parte de las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional para transformar el sistema de justicia penal de nuestro país y favorecer el reencuentro y convivencia democrática".
Que se derogue
La ONG Foro Penal precisó que desde la entrada en vigencia del instrumento legal a 927 personas se les imputó el delito de instigación al odio, de las cuales seis "siguen privadas de su libertad y 638 siguen sujetas a medidas cautelares".
En un comunicado conjunto, distintas asociaciones civiles como Espacio Público y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional señalaron que es "indispensable su derogación", al tiempo que subrayaron que "entre sus principales deficiencias se encuentran la desproporcionalidad de las sanciones penales y la vaguedad, ambigüedad y amplitud de los tipos penales que contiene, en contravención del principio de legalidad. Esto permitió la criminalización de centenares de personas bajo la acusación de 'instigar al odio'".
Asimismo, destacan que "la ley prohíbe a los medios de comunicación difundir mensajes que el Gobierno considere como propaganda, incitación o apología del odio, sin que exista una definición clara sobre lo que entiende como tal", lo que facilita decisiones arbitrarias y medidas de censura previa.
Posición política
La Plataforma Unitaria, que agrupa a un conjunto de partidos políticos que apoyan a María Corina Machado, la principal líder de la oposición, afirmó en un comunicado que "pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito. Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales".
"Venezuela no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución; necesita desmontar el marco jurídico que ha permitido utilizar al Estado contra quienes piensan, opinan o disienten", añadió y subrayó que "no se reforma la represión: se desmonta".