Miles de manifestantes marcharon nuevamente para exigir la renuncia del mandatario, que en un intento por mostrar disposición a compartir sacrificios decidió rebajarse el sueldo a la mitad.
En Bolivia, las protestas que comenzaron con reclamos sectoriales y hoy exigen la salida del presidente Rodrigo Paz cumplen veinte días, arrastrando al país a una crisis política que se agudiza.
Con el telón de fondo de una economía en declive la Central Obrera Boliviana y los maestros reclamaban aumentos salariales, los campesinos denunciaban la falta de combustible y el sector minero negociaba nuevas áreas de explotación, pero el conflicto escaló y el gobierno, con apenas seis meses en el poder, empieza a mostrar un margen de maniobra cada vez más reducido.
Bolivia arrastra desde hace años un deterioro estructural de su economía, marcado por la caída de las reservas internacionales, la menor producción de gas natural y la escasez de divisas.
Miles de manifestantes marcharon el lunes en la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del mandatario quien la semana pasada anunció cambios en su gabinete y ahora, en un intento por mostrar que está dispuesto a compartir sacrificios, decidió rebajarse el sueldo a la mitad.
“Quiero avisarles que este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión, como parte del compromiso con el país, de rebajarse el salario para que sea aporte claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo”, dijo Paz desde Sucre en los actos para conmemorar los 217 años del primer grito libertario de América Latina.
La medida es casi simbólica. El ingreso mensual del jefe de Estado es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares) y su reducción no figura entre las demandas de los manifestantes.
El país ingresó en una nueva semana de protestas que bloquean los accesos a la capital boliviana y provocan desabastecimiento de alimentos y combustibles, mientras la presión comienza a reflejarse en una acelerada escalada de los precios.
El intento del gobierno de abrir un “corredor humanitario” para permitir el paso de suministros básicos y liberar vehículos atrapados en las rutas fracasó, debido a la acción de grupos violentos que atacaron a policías y militares, según reportes oficiales.
Paz destacó que “Bolivia está en un momento delicado. Está en quiebra. Una minoría no puede gobernar. Hay que hablar, pero no bajo la presión del hambre. Estoy apostando por el diálogo y volveré a convocarlos”.
El presidente de centroderecha, sin mayoría en el Legislativo ni un partido sólido que lo respalde, anunció la semana pasada la creación de un Consejo Económico Social abierto a “todas aquellas personas que quieran ser parte”, incluidos los sectores movilizados. Sin embargo, la Central Obrera Boliviana, los sindicatos campesinos y las juntas vecinales que lideran las protestas se negaron a concurrir al diálogo el domingo, dejando al gobierno sin interlocutores en medio de la crisis.
Para el obispo católico Giovanni Arana, quien oficia de mediador junto a organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, el intento de facilitar un diálogo “ha caído en saco roto”.
El mandatario no ha recurrido a declarar el estado de excepción como reclaman sectores empresariales y organizaciones civiles.
El Movimiento Cívico Nacional, que articula a los comités cívicos de los nueve departamentos, solicitó “estado de excepción sectorizado” para restablecer el orden y garantizar el abastecimiento y convocó al presidente a una reunión el próximo jueves en Santa Cruz de la Sierra.
“El movimiento cívico nacional determina exigir al presidente Rodrigo Paz la declaratoria del Estado de excepción sectorizado en zonas críticas para restablecer el orden y el abastecimiento al pueblo. Además, convocamos al presidente a una reunión nacional en Santa Cruz este jueves 28 de mayo”, dijo el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, en conferencia de prensa.
El gobierno culpa al expresidente Evo Morales, prófugo de la justicia por el presunto abuso de una menor, de orquestar las manifestaciones.
La crisis ha comenzado a ser comparada con el estallido social de 2003, que acabó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, poco antes de que comenzara el ciclo en el poder de 13 años, 2006-2019, del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales.