En medio de las protestas que bloquean los accesos a la capital boliviana y provocan desabastecimiento, el presidente Rodrigo Paz afirmó que no piensa dimitir, como reclaman los manifestantes, y anunció cambios en su gabinete junto a una instancia de diálogo con distintos sectores sociales.
"Estaré cinco años para reordenar el país”, dijo Paz en una conferencia en el Palacio de Gobierno reseñada por Associated Press. El presidente de centroderecha, sin mayoría en el Legislativo ni un partido sólido que lo respalde, anunció la creación del Consejo Económico Social para el próximo fin de semana, abierto a “todas aquellas personas que quieran ser parte”, incluidos los sectores movilizados. Aclaró, sin embargo, que quedarán fuera quienes promuevan la violencia.
En tono de autocrítica el mandatario, quien solo tiene seis meses al frente del país, reconoció que “no ha estado gobernando para todos los sectores” y que debe estar enfocado en “todos los bolivianos y bolivianas”. Agregó que llevará a cabo "una reorganización” de su gabinete de ministros, aunque no precisó los cambios que contempla.
“Tenemos que reordenar un gabinete que debe tener capacidad de escuchar, porque el presidente no puede estar en todas partes...no podrá resolver todos los problemas solo”, señaló Paz.
Vías bloqueadas
Con el trasfondo de la crisis económica más aguda de los últimos 40 años las protestas se centraban en demandas sectoriales. La Central Obrera Boliviana y los maestros exigían aumentos salariales, los campesinos reclamaban el abastecimiento de combustible y el sector minero negociaba de forma independiente el acceso a nuevas áreas de explotación. Sin embargo, en los últimos días el conflicto escaló y varios sectores comenzaron a pedir la renuncia del presidente.
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Las protestas mantienen bloqueados los accesos a La Paz y ya duplicaron los puntos de corte: de 20 la semana pasada a 40, según la autoridad de carreteras. En este escenario la crisis escala. Los mercados de la ciudad están desabastecidos y a los hospitales apenas les queda oxígeno para los pacientes.
El mandatario pidió a los manifestantes que posibiliten un corredor humanitario para facilitar el abastecimiento de productos básicos en la capital. El miércoles continuó la tensión con una marcha de cientos de campesinos y transportistas.
Los enfrentamientos
El lunes de esta semana las protestas en La Paz derivaron en 11 policías heridos y más de un centenar de detenidos. Armados de petardos, piedras y palos, los manifestantes intentaron romper un cerco policial para ingresar a las sedes del gobierno y del Poder Legislativo, de las que tuvieron que salir funcionarios y legisladores en medio de fuertes medidas de seguridad. Protegidos con escudos, cientos de policías antidisturbios los enfrentaron durante varias horas con gases lacrimógenos.
La manifestación del lunes estuvo liderada por la Central Obrera Boliviana y el mayor sindicato de campesinos, pero a la protesta se sumó una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales que había partido una semana antes desde Caracollo, en Oruro. El gobierno culpa a Morales, prófugo de la justicia por el presunto abuso de una menor, de orquestar las manifestaciones.
Paz, quien se ha alineado con la administración de Donald Trump, recibió el apoyo de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en su cuenta de X: "Que no quepa duda: Estados Unidos apoya sin reservas al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio".
Conflicto con Colombia
La crisis derivó en un choque con el gobierno de Gustavo Petro, quien afirmó que “Bolivia vive una insurrección popular” como “respuesta a la soberbia geopolítica”. Añadió que "Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra a un gran diálogo nacional (...), o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población".
Tras esas declaraciones, el gobierno boliviano pidió a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, que concluya sus funciones. Paz replicó que “el ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología”. El canciller Fernando Aramayo agregó que Bolivia espera que el mandatario colombiano se retracte.
