Juicio a Maduro: apuestas sobre la condena, el antecedente de Manuel Noriega y la carta de una negociación

Una encuesta realizada por The Washington Post a los dos días de la captura de Maduro mostró que los estadounidenses están divididos casi por igual respecto al envío de fuerzas militares a suelo venezolano y señala que 6 de cada 10 ciudadanos creen que la operación debería haber requerido la aprobación del Congreso. No obstante, el 50% de los encuestados está de acuerdo en que EEUU debe llevar a Maduro a juicio por narcotráfico y solo el 14% se opone, mientras que el 36% no está seguro.

Próxima audiencia y descubrimiento de pruebas

Durante la comparecencia del 5 de enero se conocieron las primeras declaraciones públicas del exlider chavista después de su captura en Caracas. Frente al juez Hellerstein, Maduro se declaró no culpable y afirmó: "Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas". "No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", agregó. En el mismo sentido, Flores declaró: "Soy inocente, completamente inocente".

En el documento de acusación también se imputa a Flores; al ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello; al exministro Ramón Rodríguez Chacín; al hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro, y a Héctor Rusthenford Guerrero, más conocido como "el Niño Guerrero", presunto líder del cartel venezolano Tren de Aragua.

La próxima fecha importante en el itinerario judicial es el 17 de marzo, fecha fijada para la audiencia en la que las partes presentarán los primeros avances sobre el manejo de la evidencia. El proceso se anticipa largo y complejo, ya que la naturaleza de los cargos exige un tratamiento bajo protocolos especiales de confidencialidad para la información sensible.

Durante la fase de descubrimiento de pruebas los fiscales deben entregar a la defensa un vasto archivo que incluye testimonios de informantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), registros financieros e informes de inteligencia.

Debido a la sensibilidad de estos documentos para la seguridad nacional, el tribunal aplicará la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), un marco normativo que suele generar retrasos significativos al restringir qué materiales pueden ser divulgados en un juicio público.

La lucidez del juez Hellerstein bajo lupa

Alvin Hellerstein fue designado para conducir el histórico juicio contra Maduro. Con 92 años, el juez no es un extraño en esta causa: desde que el gobierno de Donald Trump presentó la acusación original en marzo de 2020, el magistrado lideró el expediente, lo que le permitió familiarizarse con el entramado probatorio de la Fiscalía.

Su experiencia en el tablero venezolano incluye, además, el caso de Hugo "El Pollo" Carvajal. El exjefe de inteligencia militar de Venezuela y exaliado del chavismo se declaró culpable de narcoterrorismo el año pasado y hoy se perfila como una pieza clave de este nuevo juicio, tras dejar abierta la puerta a una colaboración estratégica con la justicia federal. Recluido en el mismo penal de Brooklyn que Maduro, el testimonio de Carvajal promete un impacto sísmico en el expediente y podría valerle una reducción sustancial de su propia condena, cuya sentencia final está programada para el próximo mes.

La trayectoria de Hellerstein está marcada por casos de gran escala. Según CBS News, en su historial destacan las más de 10.000 demandas presentadas por las familias y socorristas de los atentados del 11 de septiembre, así como la condena en 2025 contra Charlie Javice por defraudar a JPMorgan Chase.

Actualmente, la atención pública se centra en la lucidez del magistrado; dada su longevidad, algunos sectores cuestionan su capacidad para conducir un litigio de tal complejidad. Dado que los fallos serán revisados por tribunales superiores y el juicio podría demorar en iniciar, la salud del juez será un factor determinante; su eventual retiro obligaría a transferir el caso, sumando nuevos retrasos a un proceso ya de por sí complejo.

La estrategia de la defensa

El equipo legal de Maduro es liderado por Barry Pollack. El letrado, socio del bufete Harris St. Laurent & Wechsler LLP., es muy reconocido entre los penalistas en Washington por haber participado en casos de gran relevancia, principalmente vinculados a delitos federales complejos, que acabaron resolviéndose en su favor.

Uno de sus clientes más importantes fue Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien enfrentó a la Justicia de Estados Unidos por la filtración de secretos de seguridad nacional y, tras 14 años de litigios, en 2024 consiguió un acuerdo de culpabilidad que condujo a su liberación.

Pollack anticipa una "batalla feroz" centrada en la legalidad de la captura y la inmunidad del cargo. Una de las principales estrategias de la defensa será impugnar lo que califican como una "abducción militar" en Caracas, argumentando que el despliegue de fuerzas especiales para extraer a un mandatario vulnera el derecho internacional.

No obstante, este camino enfrenta un difícil precedente jurídico: los tribunales federales suelen rechazar las quejas basadas en los métodos de arresto, bajo el principio de que la forma en que un acusado llega a la jurisdicción no invalida el proceso penal. Pese a ello, el equipo legal insistirá en invocar la inmunidad soberana, aun cuando Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo en 2019.

Otro escenario probable es el debate sobre el estatus de "prisionero de guerra", una etiqueta que el propio Maduro invocó durante su primera comparecencia ante el juez. Esta estrategia busca emular el precedente de Manuel Noriega, quien tras su captura en Panamá hace más de tres décadas, logró que se le otorgaran privilegios especiales en reclusión bajo esa denominación.

El caso de Panamá y el precedente de Noriega

La última intervención militar estadounidense en un país latinoamericano ocurrió también un 3 de enero, pero 36 años antes. En 1990 fuerzas estadounidenses detuvieron al entonces dictador de Panamá, Manuel Noriega, después de haber invadido el país centroamericano el mes anterior.

El paralelismo entre los casos es claro: las fuerzas de Estados Unidos capturaron a un líder latinoamericano profundamente impopular para que enfrente cargos federales por narcotráfico en suelo estadounidense. En ambos escenarios, Washington usó la fuerza para asegurar activos estratégicos en el hemisferio, específicamente el Canal de Panamá y los campos petroleros de Venezuela.

En aquel entonces, la Casa Blanca había lanzado la Operación "Causa Justa" contra Noriega, quien encabezaba un gobierno de facto en el país desde 1983 y había desconocido los resultados electorales de principios de 1989. Para esos años, EEUU buscaba asegurar el control del Canal de Panamá y acusaba al dictador militar de narcotraficante y colaborador del Cártel de Medellín.

La escalada alcanzó su punto crítico cuando Noriega declaró formalmente el "estado de guerra" en diciembre del 89. En respuesta, la administración de George H.W. Bush desplegó a 20.000 soldados y lanzó una invasión sobre el territorio panameño para capturar al mandatario, una operación en la que murieron decenas de civiles. Después de semanas de asedio y de refugiarse en diversos puntos de la capital, Noriega decidió entregarse a los marines el 3 de enero de 1990.

El militar fue extraditado a Miami y procesado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, consolidando el precedente histórico de que un jefe de Estado latinoamericano podía ser llevado ante tribunales estadounidenses. Aunque fue absuelto de los cargos específicos por el ingreso de marihuana y cocaína, recibió una condena de 40 años de prisión bajo el estatus de prisionero de guerra, pena que luego se redujo a 30 años por buena conducta.

La intervención militar en Panamá se prolongó hasta finales de enero, abriendo paso a las elecciones de mayo de 1990. El proceso culminó con la llegada al poder de Guillermo Endara, un dirigente conservador alineado con Washington. Su presidencia, que se extendió hasta 1994, estuvo marcada por una inyección de ayuda económica estadounidense que superó los 500 millones de dólares.

La administración Trump cita ahora el caso de Panamá como un modelo de éxito regional. Según el actual embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz: "Es innegable que la región pasó a ser más estable". "Como resultado de eso, el pueblo panameño, al igual que el pueblo estadounidense, están más seguros", afirmó.

Posibilidad de negociación

La densa presión legal que enfrenta ahora Maduro abre la puerta a una eventual negociación de culpabilidad. Si lo elige, Maduro podría aceptar parte de los cargos a cambio de eludir la cadena perpetua. De no alcanzarse un acuerdo de este tipo, el destino del hombre que rigió Venezuela por más de una década quedará en manos de un jurado popular en Nueva York.

El proceso que ahora se inicia en la Corte del Distrito Sur promete ser exhaustivo y prolongado, marcado por el análisis de miles de documentos y grabaciones que documentan más de 25 años de presuntas actividades ilícitas.

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