Marco Rubio defendió la legalidad de los ataques de EEUU contra narcolanchas en el Caribe, que ya dejan más de 200 muertos

“La inteligencia confirmó que la lancha transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y que participaba en operaciones de contrabando de estupefacientes”, decía el mensaje del Comando Sur en X y agregaba que “tres narcoterroristas varones resultaron muertos durante esta acción” y que “ningún miembro de las fuerzas militares de Estados Unidos sufrió daños”.

Como es habitual en estos anuncios, el comunicado estuvo acompañado por un video con el sello de "desclasificado", en el que se observa cómo una embarcación es pulverizada en el aire.

Desde que Donald Trump hizo público el primer ataque de este tipo a principios de septiembre, las fuerzas armadas reportaron cerca de 60 bombardeos similares.

"EEUU usa múltiples criterios antes de atacar"

El secretario de Estado declaró el martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde desestimó los cuestionamientos sobre la legalidad de los ataques del Pentágono. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que las fuerzas armadas evalúan múltiples fuentes de inteligencia y estrictos criterios antes de ordenar un ataque contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"Le puedo decir que los criterios para atacar no se limitan a una sola fuente. Básicamente hay varios chequeos, son múltiples", explicó Rubio.

Washington comenzó sus ataques con misiles contra lanchas en el Caribe el pasado 2 de septiembre, lo que marcó una fuerte escalada militar en operaciones que antes correspondían a agencias como la Guardia Costera. Pese a las protestas de los países vecinos, la administración Trump no solo continuó con este despliegue, sino que lo expandió hacia las costas del Pacífico.

En este tiempo, la Casa Blanca no aportó pruebas contundentes que demuestren que las embarcaciones civiles atacadas estaban efectivamente implicadas en actividades de narcotráfico. En cada uno de los casos, el Pentágono se limitó a argumentar que sus informes de inteligencia confirman que las naves realizaban contrabando ilegal en rutas asociadas al tráfico de drogas.

Durante la audiencia del martes, el senador demócrata Tim Kaine advirtió que los criterios de selección de las fuerzas armadas para ejecutar estos bombardeos no exigen como requisito la presencia física de drogas en la embarcación. Aunque calificó el protocolo de “extraño”, Kaine evitó dar más detalles argumentando que la información es clasificada.

Al respecto, Rubio replicó que no estaba al corriente de todos los detalles, puesto que los ataques son decididos a nivel militar, pero que "en cada ataque hay un asesor jurídico que señala si el ataque es legal o no". "Le puedo decir que algunos ataques son abandonados porque no cumplen los criterios", aseguró.

Los ataques alcanzaron su punto crítico el pasado diciembre, cuando se registraron 14 bombardeos en un solo mes. En aquel momento, la ofensiva se interpretaba como una medida de presión de Washington contra el chavismo, en medio de acusaciones que vinculaban a sus líderes con el narcotráfico. Sin embargo, la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero para ser procesado en Nueva York, lejos de poner fin a las operaciones como se preveía, solo provocó una disminución en su intensidad, sin que los ataques llegaran a detenerse.

En las últimas semanas, el ritmo de la ofensiva se aceleró. En los últimos siete días, las autoridades estadounidenses informaron de tres ataques mortales.

La postura de la Casa Blanca

En reiteradas oportunidades, funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que Estados Unidos sostiene un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga para justificar el uso de la fuerza militar en alta mar, aunque el gobierno nunca ha presentado evidencias concretas que respalden dicha afirmación.

En su momento, Trump validó estos ataques letales al proclamar a las organizaciones criminales como “combatientes ilegales”. Para ello, recurrió a la misma doctrina legal que utilizó la administración Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para declarar la guerra contra el terrorismo.

Esta serie de ataques revivió la retórica de la “guerra contra las drogas” instaurada por el presidente Richard Nixon a principios de los años 70 y que alcanzó su apogeo bajo el mandato de Bill Clinton.

Estos ataques se enmarcan dentro de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, una versión trumpista de la Doctrina Monroe, que busca ampliar la presencia militar e influencia de EEUU en la región.

Los cuestionamientos a la legalidad de la operación

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales, pues aparentemente apuntan contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Desde que comenzaron los ataques, especialistas señalaron que estos violan el derecho internacional. Luke Moffett, profesor de la Queens University de Belfast y experto en reparaciones, derechos humanos y derecho internacional humanitario, le dijo a BBC que “se puede utilizar la fuerza para detener una embarcación, pero generalmente deben emplearse medidas no letales”.

Cualquier movimiento de este tipo debe ser “razonable y justificado como necesario en defensa propia, cuando hay una amenaza inminente de lesiones graves o pérdida de vida”, agregó el especialista, que señaló que las acciones de EEUU probablemente eran “ilegales bajo el derecho del mar”.

Para Geoffrey S. Corn, juez retirado y ex asesor del Ejército en temas vinculados al derecho bélico, los cárteles del narcotráfico no estaban involucrados en “hostilidades” contra Estados Unidos, porque vender un producto peligroso no es lo mismo que un ataque armado. El especialista consideró además que es ilegal atacar a civiles que no participan directamente en hostilidades, por lo que calificó la medida de Trump como un “abuso”, que traspasa una línea legal.

En enero, la administración Trump recibió su primera demanda por homicidio culposo y ejecuciones extrajudiciales tras la muerte de dos hombres durante uno de los operativos en aguas del Caribe. La acción legal fue presentada por familiares de las víctimas en conjunto con un equipo de abogados.

Los letrados se basaron en la violación de la Ley de Muertes en Alta Mar, una normativa que permite a familiares demandar por muertes injustas ocurridas a más de tres millas náuticas de Estados Unidos, así como en la Ley de Reclamaciones por Agravios de Extranjeros, que admite demandas por violaciones al derecho internacional.