¿Por qué el proyecto de reforma a las concesiones mineras en Perú enciende las alarmas en Estados Unidos?
La reforma minera que avanza en el Congreso peruano reduce a la mitad los plazos de producción y provoca advertencias desde Washington sobre el riesgo para la inversión en un sector estratégico.
A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, la administración de Donald Trump advirtió que la iniciativa podría golpear la confianza de los inversionistas. “Las modificaciones propuestas a la ley de concesiones mineras socavarían la inversión en el sector minero peruano al aumentar el riesgo y la incertidumbre regulatoria en un sector que ha atraído miles de millones en inversión extranjera”, dijo la oficina esta semana a través de su cuenta de X.
“Apoyamos políticas transparentes y basadas en normas que impulsen el sector minero formal de Perú y construyan cadenas de suministro globales confiables de minerales críticos”, agregó, en referencia a los insumos estratégicos vulnerables a la escasez, la concentración geográfica o las tensiones geopolíticas.
El núcleo de la iniciativa, ya aprobada en comisión y próxima a ser debatida en el pleno del Congreso, recorta de 30 a 15 años el plazo que tienen las empresas para culminar la fase de exploración y poner en marcha un proyecto minero. Estudios advierten que ese horizonte no se ajusta ni a los estándares internacionales ni a los propios tiempos requeridos en Perú.
En la otra acera, los pequeños mineros sostienen que las grandes compañías acaparan concesiones durante largos períodos sin ponerlas en producción. Como telón de fondo, la minería ilegal se ha expandido en zonas ricas en minerales, en un país que concentra el 10% de las reservas globales de cobre, insumo clave para baterías, turbinas eólicas, paneles solares y redes inteligentes.
Mineros informales peruanos se manifiestan exigiendo al Congreso que apruebe una ley que legalizaría su trabajo, en Lima, Perú, el martes 18 de noviembre de 2025 AP
Mineros informales durante una manifestación en Lima
AP
Además, Perú cuenta con amplias reservas de plata, utilizada en electrificación, energías limpias y centros de datos; el 4% de las reservas globales de oro, zinc y, en total, diez de los 60 minerales críticos. A ello se suma un alto potencial para producir otros nueve, entre ellos níquel, cobalto y manganeso.
Recientemente, Perú firmó con Washington un memorándum de entendimiento que establece un marco flexible de cooperación, sin obligaciones jurídicamente vinculantes. El pacto abre la puerta a financiamiento y tecnología, además de facilitar el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la industria minera.
Los lapsos
Según S&P Global, en el mundo el tiempo promedio para que un proyecto minero pase de la exploración a la operación se ha extendido de seis años en la década de 1990 a 18 años entre 2020 y 2024, y los que hoy están en desarrollo podrían demorar hasta 28 años en concretarse. En paralelo, la probabilidad de que un proyecto esté operativo a los 15 años de su descubrimiento cayó del 20% en los años 80 a apenas 3% en la última década.
El Instituto Peruano de Economía (IPE), reconocido como una de las organizaciones privadas de mayor prestigio en el país, advierte en un estudio reciente que los trámites burocráticos, las trabas en la aprobación comunitaria y la minería ilegal que invade áreas en concesión han llevado a que los plazos en Perú superen con creces el promedio global.
“En la muestra analizada, los proyectos de cobre en Perú requirieron en promedio 62 años para iniciar operación, mientras que los de oro alrededor de 29 años. Además, una proporción importante de los proyectos analizados presenta demoras extendidas: tres de cada cinco superaron los 30 años entre exploración y operación comercial, y más de la mitad requirió más de 40 años”, señala el IPE.
Fotografía de archivo de un campamento de minería de oro ilegal en la selva amazónica peruana EFE
Campamento de minería ilegal en Perú
EFE
En la campaña
La tensión con los pequeños mineros, que en su mayoría operan sin permisos y disputan territorios donde grandes compañías como Southern Copper Corp, First Quantum Minerals y Teck Resources poseen concesiones, ha escalado hasta el terreno electoral.
Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y firme aspirante a la segunda vuelta según las encuestas para las presidenciales del 12 de abril, promete que “las áreas ociosas revertirán al Estado si no son utilizadas por la industria formal”.
Aliaga lanzó esta advertencia en noviembre de 2025, durante su participación en el foro empresarial CADE, que reúne a los principales ejecutivos del país. Luego, en su cuenta de X reafirmó: “Concesiones ociosas, sin exploración ni explotación por decenas de años, deben revertir al Estado. Perro del hortelano: ni trabaja ni deja trabajar. Es injusto. Solo pasa en Perú. Mercantilismo y abuso, duro y crudo”.
Simpatizantes asisten a un mitin de campaña AP
Simpatizantes acuden a un mitin de Rafael López Aliaga
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La palanca
La minería es un motor decisivo para el crecimiento y la reducción de la pobreza en Perú. Su impacto va mucho más allá de la producción y exportación: arrastra actividades económicas y multiplica el empleo. Según el IPE, por cada puesto directo en minería se generan otros ocho en el resto de la economía. Solo en 2024, el sector creó 2,1 millones de empleos.
“Si se materializara la cartera de proyectos en minería, el PIB se duplicaría, la recaudación fiscal crecería 77% y la pobreza caería 22 puntos porcentuales. Sin embargo, el potencial no está asegurado”, destaca el estudio.
Según el Ministerio de Energía y Minas, el 69% de la inversión comprometida en la cartera minera aún no tiene fecha de inicio. El potencial es enorme: en cobre, si se ejecutan los proyectos programados hasta 2027, la producción crecería 39%; con los previstos hasta 2032, el aumento llegaría a 64%; y si se desarrollara toda la cartera, el salto sería de 136%. En oro, el impacto es menor: apenas 4% con los proyectos con cronograma hasta 2032, pero hasta 55% si se concretaran las inversiones sin fecha definida.
