El 24 de junio dos sismos de gran magnitud sacudieron Venezuela y golpearon con fuerza a Caracas y a La Guaira, el estado costero a media hora de la capital, que quedó convertido en zona de desastre. Las cifras oficiales registran 5.398 fallecidos, 16.740 heridos, 856 edificios afectados y 190 colapsados. La expectativa es que aumente el número de víctimas: iniciativas como Venezuela te busca y Venezuela Reporta, contabilizan 17.835 y 41.300 desaparecidos, respectivamente.
Además del doloroso número de fallecidos y heridos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula pérdidas directas por 6.700 millones de dólares, equivalentes a cerca del 7% del PIB. Pero advierte que el impacto económico total, que incluye infraestructura, pérdidas indirectas y el costo de reconstrucción, suele ser entre 1,5 y 3 veces esa cifra: un rango de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, una carga gigantesca para la débil economía venezolana.
A esto se suma un Estado débil y un gobierno señalado. El informe del Miranda Center for Democracy, dirigido por David Smolansky —integrante del equipo de María Corina Machado en Washington— titulado Un mes después de los terremotos: Un régimen que no supo responder no puede reconstruir una nación, sostiene que la errática respuesta del régimen encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez amplificó el impacto del sismo.
El Centro entrevistó a tres expertos venezolanos en protección civil, preparación ante desastres y gestión de emergencias quienes explicaron que desde el momento en que ocurrieron los terremotos, la respuesta estatal debió haber estado liderada por una autoridad profesional que activara protocolos de emergencia estandarizados, clasificara la emergencia en una escala formal y desplegara una evaluación de daños y necesidades para guiar la asignación de recursos.
En cambio, la respuesta fue dirigida por oficiales militares sin formación ni experiencia en gestión de desastres, lo que derivó en una ausencia de despliegue efectivo de recursos y en una coordinación mínima de los esfuerzos ciudadanos.
“La ventana crítica de 72 horas, durante la cual la probabilidad de rescatar sobrevivientes es más alta, transcurrió sin una operación estatal coordinada, dejando a los sobrevivientes dependientes de familiares, vecinos y equipos internacionales que lograron llegar hasta ellos”, dice el informe.
Añade que la mayoría de los rescatistas venezolanos trabajaron con martillos, picos y palas; sin equipos hidráulicos ni maquinaria pesada, algo que obedece a que el régimen “llevaba años ausente de la gestión de riesgos y de la respuesta a desastres. Las unidades de protección civil operaban al 10% de su capacidad o menos, sin vehículos, herramientas ni uniformes”.
El despliegue
Miranda Center for Democracy indica que los reportes que recopiló, “corroborados ampliamente por la prensa internacional comparten un hallazgo común: la completa ausencia o una respuesta estatal muy precaria”.
Destaca que la evaluación técnica de Transparencia Venezuela, publicada el 14 de julio bajo el título La respuesta insuficiente del Estado: el desastre ocurrió antes del terremoto, cuantificó el mismo hallazgo: el Estado desplegó solo el 12,6% de su personal de respuesta máxima en las primeras 24 horas y el 34,6% dentro de las 48 horas, en comparación con más del 71% de despliegue alcanzado por Chile en terremotos de magnitud similar.
El documento resalta cómo el sismo también evidenció la falta de equipos que han debido estar disponibles. “En 2014, el Estado venezolano invirtió más de 1.000 millones de dólares en tecnología de vigilancia china y compró 5.239 camiones pesados chinos; ninguno de los cuales fue desplegado en la respuesta al desastre”, dice el Centro.
Asimismo explica que “más allá de su fracaso en responder, las fuerzas de seguridad del régimen convirtieron la zona del desastre en un sitio de extracción. Policía Nacional, Guardia Nacional, cuerpos de investigaciones criminales y personal del ejército fueron filmados saqueando pertenencias de las víctimas entre los escombros y en edificios con daños estructurales. Trabajadores de morgues cobraron entre 400 y 5.000 dólares a familias en duelo para entregar los cuerpos de sus parientes”.
Añade que el Estado también obstruyó los esfuerzos de rescate: desde el 26 de junio, el acceso a La Guaira fue militarizado con credenciales QR y bloqueos policiales que rechazaban voluntarios, detenían a bomberos y retrasaban convoyes humanitarios. Equipos internacionales de Colombia, España, Alemania y Austria quedaron varados en aeropuertos por trámites burocráticos, mientras otros ya en el terreno eran vigilados por oficiales que decían tener “órdenes de monitorearlos porque podían ser espías”.
Misión Vivienda
El documento pone bajo la lupa la calidad técnica de la Misión Vivienda, el plan con el que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro construyeron edificios para familias de bajos recursos en La Guaira —el estado que hasta 2019 llevó por nombre Vargas y que en 1999 sufrió una tragedia por el desborde de ríos y quebradas que dejó destrucción y centenas de fallecidos.
Amplias secciones de la Misión Vivienda en La Guaira “fueron construidas sobre el mismo terreno aluvial que colapsó en Vargas en 1999 y que incluso sirvió para albergar a familias que habían perdido sus casas en aquella tragedia”, señala el Centro.
Agrega que en 2017 un terremoto moderado en la misma costa ya había despertado preocupación pública sobre la seguridad sísmica de la Misión Vivienda Venezuela. En ese momento, el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela declaró que su institución no tenía acceso oficial a los cálculos estructurales del programa, calificando la información como “secreto de Estado”.
“Docentes independientes de arquitectura identificaron además características constructivas —pórticos de un solo marco, losas en voladizo y muros de relleno sin refuerzo— como desfavorables bajo estrés sísmico”, afirma el informe.
Afirma que uno de sus colaboradores corroboró que, de un conjunto de ocho edificios de Misión Vivienda en La Guaira, seis quedaron destruidos y dos inhabitables. “El patrón confirma lo que ingenieros y sociedad civil advertían desde 2017: edificios cuyos materiales, estudios de suelo e inspecciones nunca fueron públicos, entregados a familias que no tenían otra opción más que aceptar viviendas cuya seguridad el régimen nunca garantizó”, indica el Centro.
“La corrupción y la negligencia han costado vidas venezolanas; el Estado fracasó en el diseño, la construcción, la supervisión y las reparaciones de su propio programa emblemático”, dice el informe.
El sistema
A manera de conclusión el informe del Centro afirma que “el Estado ha mostrado, una vez más, sus características principales: actividad criminal y represión por un lado, e incapacidad absoluta de brindar siquiera los servicios más básicos a sus ciudadanos por el otro”.
“Bomberos encarcelados por exigir botas; fuerzas de seguridad saqueando hogares de familias afectadas; familias obligadas a pagar miles de dólares para recuperar a sus muertos. Ayuda incautada, periodistas amenazados, rescatistas tratados como espías. Esto no es simplemente una respuesta fallida: es el producto de un sistema diseñado para controlar, censurar y reprimir”, indica.
Advierte que “la democracia en Venezuela no es un lujo que pueda posponerse hasta después de la reconstrucción; es la condición previa para que la reconstrucción ocurra. Hasta que el régimen cambie, los eventos naturales seguirán convirtiéndose en tragedias”.
