Pero advierte que el impacto económico total, que incluye infraestructura, pérdidas indirectas y el costo de reconstrucción, suele ser entre 1,5 y 3 veces esa cifra: en Venezuela, eso significa un rango de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, una carga gigantesca para su débil y empobrecida economía.
“Los terremotos destruyen infraestructura, pero también productividad, empleo, ingresos fiscales, cadenas logísticas y confianza. Miles de empresas interrumpen operaciones, las familias posponen decisiones de consumo e inversión y la actividad económica pierde dinamismo durante meses o incluso años. Las expectativas y decisiones de los agentes se ven afectadas por un sentimiento generalizado de pérdida e incertidumbre”, añade.
Investigaciones apuntan en esta dirección. El trabajo The Impact of Natural Disasters on Economic Growth, publicado por el BID en 2021, concluye que el PIB per cápita se contrae entre 2,1 y 3,7 puntos porcentuales en el año del desastre.
Mientras tanto, el estudio The Growth Effects of Natural Disasters, publicado este año por el FMI, señala que los eventos extremos pueden impactar el PIB en hasta tres puntos y advierte que los efectos son más severos en países emergentes, donde la actividad suele quedar por debajo de la tendencia previa durante al menos dos años.
Los desastres naturales golpean más fuerte a las economías emergentes no solo por la magnitud física del daño, sino por la fragilidad de sus instituciones y mercados. Sistemas de salud precarios, infraestructura vulnerable y mercados financieros poco profundos amplifican las pérdidas: lo que en un país desarrollado puede absorberse con rapidez, en uno en desarrollo se traduce en años de menor producción y empleo.
Un Estado en ruinas
Tras el colapso del socialismo del siglo XXI, la corrupción rampante, la emigración de ocho millones de venezolanos - entre ellos buena parte del recurso humano más preparado-, una larga hiperinflación y el declive de la producción petrolera, principal fuente de dólares del país, el Estado venezolano atraviesa una situación precaria.
El país figura entre los más corruptos del mundo. El sistema público de salud, los servicios básicos como la electricidad y la infraestructura ya estaban sumidos en una severa crisis antes del terremoto.
“Reconstruir ciudades exige mucho más que recursos financieros: requiere planificación, ingeniería, capacidad de contratación, supervisión técnica y una administración pública capaz de coordinar miles de proyectos de manera simultánea. Hoy el Estado venezolano carece de buena parte de esas capacidades”, escribe Oliveros en su análisis.
En las primeras 24 horas de la tragedia, antes de que comenzara a llegar la ayuda internacional, quedó en evidencia la escasa capacidad de respuesta del gobierno interino de Delcy Rodríguez. La ausencia de rescatistas, la falta de maquinaria pesada, hospitales sin medicamentos y teléfonos usados como linternas retrataron las deficiencias de una administración que además arrastra la falta de legitimidad.
Sin el respaldo del voto, Rodríguez gobierna bajo la sombra del tutelaje de Washington. Su ascenso se produjo tras la captura de Nicolás Maduro por comandos estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Maduro, que la había tenido como vicepresidenta, se proclamó reelecto en 2024 en unas elecciones empañadas por pruebas de fraude electoral.
El plan de Washington para Venezuela contempla tres etapas: estabilización, recuperación y una transición a la democracia que ha permanecido relegada. En las actuales circunstancias, esa fase seguramente se ralentizará aún más.
La fragilidad
El terremoto y sus consecuencias descienden sobre una economía golpeada por años de crisis. Durante la administración de Hugo Chávez el país disfrutó del mayor boom petrolero de su historia, pero no ahorró: despilfarró el dinero, se endeudó a un ritmo alocado e instauró un modelo de controles ineficiente y corrupto.
Mural de Hugo Chávez en Caracas
EFE
Luego, cuando cayó el precio del crudo, Maduro, quien sucedió a Chávez, persistió en ese esquema hasta que una feroz recesión, combinada con hiperinflación, redujo el tamaño del PIB a la cuarta parte y obligó a iniciar un lento proceso de apertura. Las sanciones de Estados Unidos, que presionaron a Maduro por acabar con todo vestigio de democracia, agravaron el declive.
Bajo el tutelaje que ejerce sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, Washington flexibilizó las sanciones, permitió la reinserción en el sistema financiero global y la reanudación de las relaciones con los multilaterales.
Pero la debilidad es enorme: el país debe reestructurar una deuda externa que, según adelantó el Financial Times, asciende a 240.000 millones de dólares, más del doble del PIB. La inflación acumula un salto de 102% en lo que va del año, aunque se celebra que en mayo fue la más baja en los últimos 19 meses y el crecimiento de la economía en el primer trimestre fue de 2,5%, una tasa muy baja para la recuperación que necesita el país y previa al terremoto.
Hugo Chávez y Nicolás Maduro
AP
Eurasia Group presagia que “el terremoto modificará las prioridades económicas, priorizando la recuperación de la infraestructura básica sobre una mayor liberalización económica, incluso si la dirección general de la política económica y la normalización en Estados Unidos se mantienen intactas”.
“La devastación también retrasará la reestructuración de la deuda y podría impulsar una postura gubernamental más agresiva hacia los acreedores, aunque un mayor papel de los organismos multilaterales y unas mayores necesidades de financiamiento podrían ayudar a facilitar un eventual acuerdo”, agrega.
Sigue en pie
Un aspecto clave es que el terremoto no afectó las instalaciones de la industria petrolera cuyas exportaciones aportan ocho de cada diez dólares que ingresan al país. “Estamos en condiciones normales de operación, todos nuestros pozos están activos, estamos produciendo”, informó la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.
La producción de petróleo al cierre de mayo se ubicó en 1,07 millones de barriles diarios, un tercio de lo que el país producía antes de que el chavismo llegara al poder, pero 18% más que al cierre de 2025 y con la perspectiva de alcanzar 1,3 millones este año.
Una reforma legal facilitó la inversión privada en hidrocarburos, aunque los gigantes petroleros han señalado que necesitan mejores condiciones contractuales para comprometerse en proyectos de envergadura. Sin embargo, el motor de la economía está en pie y el restablecimiento de relaciones con los organismos multilaterales abre la puerta para obtener recursos destinados a la reconstrucción.
Los terremotos han creado un país muy distinto al que existía la semana pasada. La ayuda internacional y el apoyo del sector privado serán decisivos para que Venezuela, con un gobierno ilegítimo y un Estado debilitado, encuentre el camino para superar el desastre e iniciar el despegue.
