Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, permanece desde entonces en el poder bajo la tutela de Washington. En palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, la agenda para Venezuela contempla tres etapas: estabilización, recuperación y una transición a la democracia que, salvo incipientes signos, ha estado relegada.
La purga de “Delcyping”
La Constitución establece que, si la falta del presidente es absoluta, la vicepresidenta debe asumir y convocar elecciones en 30 días; si es temporal, puede ocupar el cargo por un máximo de 180 días. Sin embargo, el Tribunal Supremo introdujo la figura de una “falta forzosa”, ajena a la Carta Magna, que permite a Delcy Rodríguez permanecer en el poder hasta 2030.
Rodríguez busca afianzar un chavismo tutelado por Washington, con concesiones económicas pero mínima apertura política. En círculos empresariales la llaman “Delcyping”, en alusión a Deng Xiaoping, convencidos de que pretende consolidar un modelo similar al del líder chino: más mercado y capital privado, pero bajo un sistema autoritario.
Alex Saab, operador financiero de Maduro, extraditado a Estados Unidos
EFE
La presidenta encargada no solo ocupa el vacío dejado por Maduro, sino que avanza en sustituir la red que lo sostuvo en el poder por otra bajo su control. Desde que asumió el mando, y con su hermano Jorge al frente del Parlamento, han salido de sus cargos 15 de los 33 ministros, junto con el alto mando militar, el fiscal general y el defensor del pueblo. En paralelo, avanza la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Alex Saab, operador financiero de Maduro, fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por casos de corrupción, mientras que familiares y miembros del círculo de poder de Cilia Flores, esposa de Maduro y extraditada a EEUU junto al exmandatario, han perdido sus posiciones en el organigrama oficial.
Barriles controlados
Rodríguez ha saciado el interés de Washington por controlar el petróleo venezolano. Una reforma legal facilitó la inversión privada, los barriles que antes iban a Cuba o China fueron redirigidos a Estados Unidos e India, y los petrodólares se depositan en una cuenta bajo supervisión del Departamento del Tesoro.
La reforma incorporó cláusulas ya presentes en contratos con compañías que, en plena etapa de sanciones, recibieron licencias de Washington: Chevron, Repsol, ENI y Maurel & Prom.
En febrero el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas. La presidenta interina afirmó que "el primer punto es el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral".
Chris Wright con Delcy Rodríguez en Caracas
Estas empresas, ya en el país, han anunciado planes para ampliar operaciones e iniciar nuevos proyectos y son la principal razón por la que firmas privadas y las autoridades venezolanas, esperan que este año la producción —actualmente en 1 millón de barriles diarios — aumente hasta 1,3 millones de barriles diarios.
Luego, el camino será más exigente. Expertos venezolanos calculan que para recuperar un nivel de producción similar al de 1999, cuando el socialismo del siglo XXI llegó al poder y el país extraía unos 3,1 millones de barriles diarios, se necesitaría una inversión de al menos 100.000 millones de dólares y una década de trabajo sostenido.
Normalización de la economía
En retribución, la administración Trump flexibilizó sanciones, alentó el regreso de multinacionales y aerolíneas, permitió la reinserción en el sistema financiero global y abrió la puerta para que Venezuela retome vínculos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales.
La vuelta al sistema financiero global, gracias a la flexibilización de sanciones al Banco Central y otras entidades públicas, permite la utilización de canales de pago formales para exportaciones e importaciones.
Aerolíneas de Estados Unidos reanudaron vuelos a Caracas
EFE
Con la reanudación de las relaciones con el FMI, la administración de Delcy Rodríguez tendrá acceso a los Derechos Especiales de Giro (DEG), una unidad de cuenta que los países pueden convertir en divisas. Venezuela dispone del equivalente a 4.900 millones de dólares, provenientes de la asignación especial que el FMI distribuyó entre sus miembros para enfrentar la pandemia de covid.
Líder en el exterior
María Corina Machado, principal líder de la oposición, ha alineado su estrategia con la Casa Blanca para asegurar el respaldo de la administración Trump. El problema es que hasta ahora el interés de Washington se ha concentrado en el sector petrolero y en las fases de estabilización y recuperación, lo que se ha traducido en buenas relaciones con el gobierno de Rodríguez y en limitaciones para una oposición que busca acelerar las reformas hacia elecciones presidenciales.
Medidas esenciales para recuperar la democracia —como nombrar un Consejo Nacional Electoral creíble, garantizar la libertad de expresión, contar con un registro electoral confiable y otorgar garantías para que los partidos opositores operen— han sido pospuestas.
Machado, fuera del país desde diciembre tras viajar a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, ha intentado regresar a Venezuela después de los terremotos para retomar su actividad política. Sin embargo, se expone a represalias del régimen y no ha recibido apoyo de Washington para su retorno.
Medios como The New York Times señalan que Trump se inclina por que posponga su regreso, al considerar que podría generar inestabilidad y torpedear las buenas relaciones de su administración con el gobierno de Delcy Rodríguez.
"Es oportunismo político y es grotesco", afirmó un alto cargo de la administración Trump a Axios, que citó además a un segundo funcionario, quien indicó: "Quiere una sesión fotográfica en la que se la vea entregando nuestra ayuda. Esto tiene que ver con sus propios intereses".
Un rompimiento de las relaciones entre María Corina Machado y el gobierno de Estados Unidos fortalecería a Delcy Rodríguez y debilitaría a la oposición venezolana.
Terremotos que sacuden todo
Tras los sismos, las fases de estabilización y recuperación del plan diseñado por la Casa Blanca sufrieron un retroceso importante. Según un análisis satelital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños materiales ascienden a 6.700 millones de dólares y miles de personas quedaron sin hogar. El foco estará puesto en la reconstrucción. En este entorno, la transición a la democracia se aleja en el tiempo.
Aparte de esto, el efecto político de la emergencia dependerá de cómo Delcy Rodríguez logre administrar la crisis. Una gestión eficaz podría fortalecer el apoyo a su gobierno ganando legitimidad por desempeño, mientras que una respuesta deficiente corre el riesgo de profundizar el descontento ciudadano y abrir espacio para que la oposición capitalice la indignación.
La capacidad del Estado es endeble tras años de corrupción rampante y el colapso de la economía. En paralelo, el piso no es firme. De acuerdo al último sondeo de AtlasIntel, la aprobación a la gestión de Rodríguez cayó desde 37% hasta 25% entre febrero y mayo. Antes del terremoto, 79% de la población catalogaba como mala la situación del país: la inflación acumula un salto de 102% en lo que va de año y los salarios de la mayoría son precarios.
La presión se siente. En las primeras horas tras el sismo, Rodríguez declaró el estado de emergencia y buscó proyectar control. Pero pronto se impuso lo que muchos califican como una respuesta lenta y deficiente.
Si el descontento aflora la presidenta encargada, que no cuenta con la legitimidad del voto, ingresará en una zona de turbulencia.
