Tras años de colapso, el escenario ha dado un giro en Venezuela. La producción petrolera muestra señales de recuperación: las empresas que ya operan en los yacimientos amplían actividades y otras envían ejecutivos a Caracas para conocer de primera mano qué ha cambiado. El país regresó al mapa energético, pero sin reglas claras, transparencia e instituciones confiables, el repunte será limitado y difícilmente desarrollará su inmenso potencial.
Los gerentes petroleros suelen repetir que “los problemas de Venezuela no están bajo tierra, están en la superficie”. Con esa frase resumen que el país posee las mayores reservas del planeta, sus costos de extracción son inferiores a los de Estados Unidos y Canadá y, aunque la infraestructura está deteriorada, mantiene capacidad ociosa. A ello se suma un valor estratégico mayor por la guerra en el Golfo Pérsico. El verdadero obstáculo no es geológico, sino político e institucional: las condiciones que permitan que la inversión extranjera fluya en la escala necesaria para aprovechar esas ventajas.
Bajo el mando de Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela reformó su Ley de Hidrocarburos para ofrecer condiciones más atractivas a las empresas extranjeras. La reforma incorporó disposiciones que ya habían sido concedidas en contratos a compañías que, en la etapa dura de las sanciones de Estados Unidos, recibieron licencias de Washington: Chevron, Repsol, ENI y Maurel & Prom.
Estas empresas, ya en el país, han anunciado planes para ampliar operaciones e iniciar nuevos proyectos y son la principal razón por la que firmas privadas y las autoridades venezolanas, esperan que este año la producción —actualmente en 1 millón de barriles diarios — aumente hasta 1,3 millones de barriles diarios.
Luego, el camino será más exigente. Expertos venezolanos calculan que para recuperar un nivel de producción similar al de 1999, cuando el socialismo del siglo XXI llegó al poder y el país extraía unos 3,1 millones de barriles diarios, se necesitaría una inversión de al menos 100.000 millones de dólares y una década de trabajo sostenido.
La discrecionalidad
Washington flexibilizó las sanciones y las empresas constituidas en Estados Unidos, así como las compañías europeas con licencias, tienen ahora la posibilidad de operar en Venezuela sin mayores restricciones de la Casa Blanca.
Empresas como Conoco y ExxonMobil han enviado equipos técnicos que se reunieron con funcionarios venezolanos. Hace dos semanas ejecutivos de compañías medianas como Continental Resources, Aspect Holdings y HKN Energy sostuvieron un encuentro con la presidenta Delcy Rodríguez. El interés está presente, pero fuentes consultadas destacan que aun no hay claridad en las condiciones.
Un punto clave es que la nueva Ley de Hidrocarburos eliminó varios impuestos, lo que en principio fue recibido como una buena noticia. Sin embargo, en materia de regalías e impuestos vigentes las reglas dejaron un margen amplio y es el gobierno quien decide cuándo aplicar el límite inferior o superior. Por ejemplo, la regalía puede llegar hasta 30% y queda a discreción del Ejecutivo fijar la tasa, lo que no ofrece mayor certidumbre a los inversionistas.
Mike Wirh CEO de Chevron
Mike Wirth CEO de Chevron
El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, advirtió que “en un extremo del espectro tenemos inversiones que parecen atractivas, en el otro extremo hay inversiones que probablemente no lo serían, por lo que existe discrecionalidad y cierta ambigüedad o incertidumbre en la ley que, en mi opinión, se podría reforzar”.
Francisco Monaldi, profesor del Instituto Baker de la Universidad de Rice, quien participó en un foro organizado por Analítica para evaluar las perspectivas explicó que en las leyes modernas, la participación del Estado en los proyectos energéticos se define mediante licitaciones que ponen a competir a las empresas por el derecho a desarrollar un campo petrolero, o a través de fórmulas objetivas basadas en la rentabilidad.
Compañías pequeñas y medianas interesadas en Venezuela siguen a la espera de que el Ministerio de Petróleo publique modelos de contratos para conocer las condiciones. Otras, que ya están operando en el país, esperan porque sus contratos sean revisados y adaptados a la nueva Ley de Hidrocarburos. Difícilmente las compañías harán nuevas inversiones hasta saber cuánto pagarán en impuestos y regalía.
Jungla de contratos
En los años en que Nicolás Maduro estuvo al frente del régimen el gobierno otorgó contratos bajo la “Ley Antibloqueo” un mecanismo ideado para evadir las sanciones de Estados Unidos manteniendo en secreto las condiciones y beneficiando a empresas cuyos nombres no han sido revelados.
Esos contratos están ahora bajo revisión de Washington, mientras la administración de Delcy Rodríguez practica auditorías. La presidenta ha mencionado 31 convenios, que según fuentes corresponden a campos de la Faja del Orinoco y de otras zonas del país.
Está por verse si Washington accederá a darles una licencia a estas empresas para que continúen operando y de no hacerlo cuál sería el impacto en la producción. Fuentes señalan que algunas de ellas son poco conocidas y están constituidas en paraísos fiscales.
Otro tema a tomar en cuenta es que China y Rusia poseen contratos que le dan acceso a una parte importante de las reservas del país y tampoco cuentan con licencias de Washington que, al menos por ahora, no parecería dispuesto a concederlas en un momento en que busca reducir la presencia de Pekín y Moscú en la región por lo que este es otro potencial frente de conflictos.
La corrupción
Con la nueva legislación, las compañías pueden operar en Venezuela asociándose con Pdvsa, la petrolera del Estado, en empresas conjuntas. Aunque Pdvsa tiene la mayoría accionaria, el gobierno puede otorgarles la gestión de las operaciones evaluando caso por caso, como ocurre con Chevron.
Otra opción para las empresas es firmar un contrato de servicios con Pdvsa, que les permite operar campos petroleros asumiendo los gastos y riesgos.
Operar con Pdvsa no es sencillo: la compañía arrastra años de corrupción y falta de transparencia. Cinco ministros de Petróleo han sido acusados y, en 2024, el entonces fiscal general Tarek William Saab informó que se habían detectado 31 casos en el sector, con 315 personas procesadas y 75 condenadas.
Más allá de los problemas internos, los inversionistas extranjeros dudan del compromiso del gobierno venezolano con el Estado de derecho. Durante el mandato de Hugo Chávez, grandes petroleras como ExxonMobil sufrieron confiscaciones sin respaldo de los tribunales locales y tuvieron que recurrir al lento arbitraje internacional.
Francisco Monaldi advierte que, aunque la producción crecerá desde niveles muy bajos y el gobierno recibirá más ingresos, el país necesita reglas claras e instituciones sólidas para atraer inversiones. De lo contrario, “el repunte quedará muy por debajo del potencial de Venezuela y se convertirá en una oportunidad perdida. Y no solo eso: experiencias como la de Rusia muestran que cuando un sector de recursos naturales se privatiza de manera opaca, la corrupción puede ser colosal y los intereses del Estado se ven gravemente afectados, creando un equilibrio inestable”.
