Presidente de la CIDH: "En Venezuela persiste un gobierno de facto y no hay democracia en Cuba y Nicaragua"

Para Stuardo Ralón Orellana, el presidente de la CIDH, el dato significa que en el continente americano existen "desafíos enormes" que "ponen en riesgo la vida" de quienes acuden al organismo.

Stuardo Ralón es un histórico dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En funciones desde 2020, es la figura con mayor antigüedad dentro de la conducción de la CIDH, pero acaba de pegar un salto: asumió en marzo como presidente de la Comisión. La CIDH forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es su brazo defensor de los derechos humanos.

IMG_1976

En 2025, la CIDH recibió récord de peticiones de medidas cautelares y denuncias de violación de derechos humanos ¿Qué significa eso y qué nos dice sobre el estado de la región?

Efectivamente en el Informe 2025 observamos un aumento significativo en las medidas cautelares. Estas se solicitan a la Comisión cuando hay un riesgo inminente para la vida y la integridad de las personas; el incremento fue de alrededor del 60% respecto al 2024. Y recibimos un mayor número de peticiones por vulneración de derechos humanos. El volumen da cuenta de un mayor uso del sistema debido a que en la región existen desafíos enormes que ponen en riesgo la vida de quienes acuden a nosotros.

Cuba, Nicaragua y Venezuela, sin democracia

En el repaso de la situación de los Estados del continente americano, agrupan el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Por qué?

Encontramos que Cuba, Nicaragua y Venezuela se diferencian de los demás países del continente porque en ellos no existen los elementos esenciales de la democracia y se registran violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos.

¿Hubo alguna novedad en 2025 en cuanto a violaciones a los derechos humanos en Cuba?

Lamentablemente, en Cuba la represión contra las voces críticas se vio agravada. Muchos jóvenes procesados sin ningún tipo de garantía ni tribunales independientes; jóvenes sentenciados a penas de 8, 10 o 15 años de prisión por salir a protestar para exigir libertad y democracia. Este patrón va en incremento con el objetivo de estigmatizar la disidencia y dar escarmiento a quien se atreva a manifestar ideas distintas. Otra situación alarmante es la prohibición de regreso a la isla. Ya no es solo que busquen salir para desarrollar un proyecto de vida que bajo la dictadura es imposible, sino que se les prohíbe retornar para evitar que el espacio civil genere una transición democrática. La Comisión es muy severa al documentar estas denuncias.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cy5k47g7ryzo

Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega: "En Cuba y Nicaragua no existen elementos esenciales de la democracia y se registran violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos", dice Ralón.

Getty Images

Respecto a Nicaragua, un país del que quizás no se habla tanto, el informe contiene varios señalamientos sobre presos políticos y abusos. ¿Qué se puede decir?

En el caso de Nicaragua, hacemos un llamado y condena por todos los presos políticos de conciencia, exigiendo su liberación plena. Otra situación grave es la cancelación de personerías jurídicas de iglesias y entidades que, por realizar actividades que el régimen considera contrarias al status quo, son silenciadas. Hubo presos políticos que fueron expulsados en un vuelo y despojados de su nacionalidad, quedando en una situación de apatridia jurídica. Entre ellos, periodistas, defensores de derechos humanos y jóvenes líderes. Vemos una actitud de cerrar cualquier posibilidad de espacio cívico. La Comisión es tajante: no existe democracia ni libertad en Nicaragua.

El alcance de los cambios en Venezuela

La captura de Nicolás Maduro es posterior al informe sobre Venezuela. Hay situaciones como la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo que quedaron afuera. ¿Cómo debe leerse el informe a la luz de la actualidad venezolana?

Sí, el informe cubre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Lo más grave que registramos fue una situación de "terrorismo de Estado" —así lo calificó la Comisión— para negar una transición del poder tras un fraude electoral. Hubo un bloqueo y un ejercicio de facto para mantenerse en el poder.

delcy-rodriguez-29-1-26-afp

¿Cómo impactan los cambios desde la salida de Maduro?

Sobre los cambios de este año, como la orden judicial sobre Maduro, la Comisión ha realizado un llamamiento público a los órganos multilaterales para hacer una visita in loco (en terreno) a Venezuela. Históricamente, la Comisión ha visitado regímenes dictatoriales y su presencia puede ser un punto de quiebre para establecer una agenda de derechos humanos y transición democrática. Venezuela vive un momento donde, ante aperturas en materias como la económica, podría darse pie al regreso de líderes, la liberación de presos políticos y la planificación de elecciones libres. A esa transición democrática apunta la CIDH.

Pero hoy día, ¿cómo califica usted, más allá del informe, la situación en Venezuela?

Aún es crítica. No podemos decir que decisiones tomadas en otras materias generen condiciones de respeto a los derechos humanos; es algo que la Comisión no puede calificar en este momento.

¿Por qué?

Porque siguen existiendo restricciones a los liderazgos políticos, persiste un gobierno de facto y todavía hay una cantidad importante de presos políticos y de conciencia.

Llamado de atención para Bukele

Sobre El Salvador gobernado por Nayib Bukele, hay observaciones muy específicas con respecto al régimen de excepción que rige en el país. ¿Que dice la Comisión al respecto?

En el caso de El Salvador, la Comisión emitió un informe sobre los estados de excepción y el punto central es que estos no pueden convertirse en algo permanente. La situación de seguridad en El Salvador ha mejorado, con índices de violencia y homicidios distintos a los que existían al inicio del régimen, pero su nombre lo indica: si es excepcional, no puede ser la regla. Recomendamos revisar estos regímenes para volver a una normalidad sin derechos suspendidos. La comunicación con El Salvador es fluida a través del relator país, el comisionado Rémy Ngoy Lumbu, y esperamos que el diálogo permita cumplir las recomendaciones.

Bukele - AP.jpg

La CIDH le recuerda a Bukele que los estados de excepción de El Salvador no pueden convertirse en algo permanente.

AP

Ese diálogo que sí se da con El Salvador, ¿existe con Venezuela?

No hay un diálogo fluido ni comunicación con Venezuela. Un elemento en común entre Cuba, Nicaragua y Venezuela es el aislamiento y la falta de contacto con el sistema interamericano. Por eso hemos optado por hacer la petición de carácter público, ya que no hay ningún punto de contacto.

¿Y las recomendaciones respecto a Bolivia, que encaró una transición política importante el año pasado?

En el caso de Bolivia, el informe da cuenta de una visita donde se analizó la integralidad de los derechos humanos. Siempre se encuentran desafíos para mejorar protocolos o reglamentos, pero básicamente se esperaba la posibilidad de llevar a cabo elecciones libres y una alternancia en el poder, lo cual ocurrió. Las recomendaciones están enfocadas en fortalecer la institucionalidad democrática, la cual ha funcionado correctamente generando un cambio de autoridades.

_R5_2406_9.8mb-2-2

"Evitar generar un clima adversarial" en Argentina

En Argentina pusieron el foco en la libertad de expresión y la protesta. ¿Qué vieron ahí y cuáles son las sugerencias?

En Argentina, si bien hay varios apartados, una parte importante tiene que ver con el derecho a la protesta ante cambios que han generado una agenda polarizada. Hemos recibido denuncias sobre el uso de la fuerza en marchas relacionadas con jubilaciones y reformas normativas. Nos enfocamos en que se respete el uso proporcional de la fuerza bajo estándares interamericanos y que se permita manifestar ideas, sean o no favorables al gobierno. En Argentina existe una democracia y se puede protestar; no hablamos de censura, sino de cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad.

Milei en el JPMorgan (2) -10-3-26

"Quienes ejercen una función pública tienen una mayor responsabilidad en el uso del discurso", señala Ralón sobre el gobierno de Milei.

¿Y sobre el tema de los discursos adversativos hacia la prensa?

La Comisión subraya en este capítulo que quienes ejercen una función pública tienen una mayor responsabilidad en el uso del discurso. Deben evitar generar un clima adversarial en el espacio cívico y, por el contrario, representar la unidad nacional actuando con decoro y respeto.

Violencia en Brasil y desapariciones en México

Respecto a Brasil, mencionaba el uso proporcional de la fuerza. Hay observaciones sobre incumplimientos e incluso sobre "ejecuciones extrajudiciales". ¿Qué puede comentar?

En Brasil, la seguridad pública es un tema central. Seguimos de cerca operativos en favelas con armamento letal que resultaron en decenas de muertos. Hubo civiles mayoritariamente, aunque también miembros de las fuerzas de seguridad. En esas masacres, la mayoría de las víctimas no pertenecían a las fuerzas estatales. Abordamos que cualquier política de seguridad debe investigar los abusos; cuando un operativo termina con decenas de muertos, debe deducirse responsabilidad si no se respetaron los protocolos.

Paso a México, donde se habla mucho de las desapariciones forzadas. ¿Hay alguna recomendación o registro?

El término que utiliza el capítulo es "las desapariciones" como punto central. La CIDH ya venía siguiendo el tema y ha emitido un informe específico que se presentará en México las primeras dos semanas de mayo por la relatora de país, Andrea Pochak. Existe una enorme preocupación por los cientos de miles de desaparecidos. El informe reconoce los esfuerzos de búsqueda del gobierno, pero también destaca especialmente la labor de las "madres buscadoras" y sus seres queridos.

Respecto a Colombia, que encara un proceso electoral en breve y arrastra problemas de violencia vinculados a guerrillas y narcotráfico, ¿cuál es la observación?

Se da cuenta del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025 y se pone el foco en la violencia política. Lamentablemente, esta violencia continúa en el contexto electoral actual. Los conflictos entre grupos del crimen organizado dejan en indefensión a muchas comunidades por la lucha de territorios donde la presencia del Estado es insuficiente. Estuve en la visita de trabajo en Colombia y es dramático: hay reclutamientos forzados de menores y una guerra entre grupos criminales. Esto afecta directamente lo electoral: ¿qué campaña se puede hacer en territorios que están básicamente vetados?

PASAPORTE DE URUGUAY

Elogio a Uruguay y preocupación por el atentado a Trump

Le pregunto sobre Uruguay, un país que no suele generar noticias alarmantes. El informe celebra cambios en la confección de pasaportes para evitar discriminación. ¿Cómo es eso?

Uruguay es uno de los Estados más estables de la región. Cuando existen fallas, suelen ser de tipo administrativo o reglamentario. El informe reconoce sus buenas prácticas en materia de movilidad y gestión de documentos de identidad para facilitar el ejercicio de derechos. No presenta los temas complejos de violencia o inseguridad de otros Estados que hemos comentado.

Ya por fuera del informe anual de CIDH, sobre el intento de magnicidio contra el presidente Donald Trump, ¿la violencia política es una preocupación general o específica sobre Estados Unidos?

Institucionalmente, la Comisión condena estos eventos. En mi caso, como presidente y relator para Estados Unidos, lo he hecho públicamente: la violencia política no tiene cabida en la democracia. Parte de un Estado constitucional de derecho es que todos podamos participar con opiniones distintas; las diferencias se debaten con ideas y se resuelven con el sufragio. La violencia anula y deteriora los regímenes democráticos. Un atentado de esta naturaleza no es solo contra la persona, sino contra todo el sistema, porque esa persona representa la voluntad de millones de votantes o aspira a un cargo protegido por la Convención Americana. El atentado a una figura pública atenta contra la esencia misma de la democracia.