El informe anual de la CIDH pone la lupa sobre la violación de los derechos humanos en Cuba. En las próximas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dará a conocer su reporte, con especial preocupación por la situación en la isla. Según supo este medio, el organismo detectó que en el último año hubo un "franco deterioro" de las libertades y los DDHH en Cuba.
El deterioro incluye represión a opositores y disidentes al régimen. Pero algo más: el castrismo profundiza la estrategia de tener criterios más amplios y ambiguos en la consideración de los delitos en la isla. El método se aceleró tras las históricas protestas iniciadas el 11 de julio de 2021. Las alarmas de la CIDH incluyen a Venezuela y Nicaragua en la lista de países donde se aceleró la violación de derechos, según le confirmaron a El Observador USA.
En paralelo, 43 organizaciones, entre partidos, sindicatos y ONGs, firmaron un comunicado en el que exigen la liberación “inmediata” de los opositores cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Fue después de que el Gobierno cubano revocara su excarcelación la semana pasada. Además, en el texto reclaman por la "liberación de todos los presos políticos" de la isla.
Bajo el título "Llamado internacional por la libertad de José Daniel Ferrer y Felix Navarro y por el apoyo a la democracia en Cuba", las ONGs demandaron por “presión internacional diplomática, política y jurídica coordinada y efectiva para poner fin a la brutal represión”.
En el comunicado, compartido por la ONG Prisoners Defenders (PD), las organizaciones precisaron: "José Daniel Ferrer García, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) y Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de CubaDecide, fue detenido con extrema violencia en su hogar, sede de su organización en Santiago de Cuba".
Según las organizaciones, junto a él también fue detenida su esposa, Nelva Isamarays Ortega Tamayo, el hijo menor de ambos de tan sólo 5 años, y los activistas Roilán Álvarez Rensoler, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vaillant, entre otros.
"Simultáneamente, en Matanzas, fue arrestado Félix Navarro Rodríguez, vicepresidente del CTDC y líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, en el momento en que se preparaba para una visita de su hija, la presa política Sayli Navarro Álvarez. Junto a Félix, resultó detenida al menos también su mujer, Sonia Generosa Álvarez Campello", añadieron
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El opositor cubano Félix Navarro.
EFE
Los firmantes consideraron que los arrestos de “estos dos pacíficos activistas prodemocráticos” ocurrieron en un contexto de “intensificación del autoritarismo por parte del régimen cubano y apenas transcurridas unas horas del sepelio del mismo papa con el que el régimen pactó dicha excarcelación”.
“Los hechos demuestran además que las 230 excarcelaciones, ejecutadas bajo unas ignominiosas e inaceptables condiciones carcelario-domiciliares, no han supuesto un gesto de apertura, sino, más bien al contrario, la ola represiva y los centenares de detenciones arbitrarias de corta duración demuestran una aún más profunda involución del régimen”, de acuerdo con el comunicado.
Ferrer y Navarro, con décadas de activismo en la oposición, fueron excarcelados el pasado enero, a raíz de un acuerdo entre La Habana y Washington mediado por el Vaticano en el que Cuba se comprometió a sacar de prisión a 553 detenidos y EEUU a excluir a la isla de la lista de países promotores del terrorismo.
El Tribunal Supremo de Cuba revocó la excarcelación
Organizaciones exigen la liberación de los opositores detenidos en Cuba.jpg
Prisoners Defenders
El Tribunal Supremo Popular de Cuba confirmó el lunes 28 de marzo la revocación de las excarcelaciones de los históricos opositores, asegurando que ambos “incumplieron” las condicionantes que se les impusieron y reiterando que la decisión tiene “sustento legal".
“Las salas penales de los tribunales provinciales populares de Matanzas y Santiago de Cuba revocaron la libertad condicional a dos sancionados (...) que incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos”, aseguró en un comunicado la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo.
En el momento en que se firmó el acuerdo entre Washington y Cuba, Sosa advirtió que todos los beneficiados podrían “regresar a la prisión” si no cumplían una serie de “requisitos”, como una “buena conducta”.
El Supremo cargó contra los disidentes, al asegurar que “son personas que de forma pública hacen llamados en sus entornos sociales y digitales, al desorden, el desacato a las autoridades y mantienen vínculos públicos con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba”. Aunque aclaró que las revocaciones “no guardan relación directa con estas conductas”.
Según el tribunal, sus detenciones se sustentan por dos razones: en el caso de Navarro, porque salió siete veces de su municipio sin permiso del juez y, en cuanto a Ferrer, porque el líder de la Unpacu no se presentó dos veces ante el juez.
Al respecto, los firmantes afirmaron que los arrestos de ambos disidentes “no constituyen hechos aislados”, ya que “son parte de una política sistemática de represión contra voces disidentes y/o plurales”.
Navarro, de 72 años y con problemas de salud, cumplía una sanción de nueve años por los delitos de desorden público, desacato y atentado. Ferrer, de 54 años, cuenta con una pena de cuatro años y seis meses por privación ilegal de libertad y lesiones.
Ambos formaron parte de los 75 opositores detenidos y condenados en la conocida como Primavera Negra de 2003.
Las organizaciones firmantes solicitaron a Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Noruega, el Reino Unido y otros gobiernos democráticos, así como a organismos internacionales, que “alcen sus voces para condenar estas violaciones” y ejerzan una presión conjunta y eficaz.
“El pueblo cubano merece vivir en libertad, con derechos y dignidad. No es digno ni legítimo normalizar el autoritarismo. El silencio público, que ha dado nulos resultados en la abolición de la barbarie represiva gubernamental en Cuba, es, sin embargo, usado por el régimen para perpetuar sus crímenes. Que esta declaración sea un llamado a la conciencia y a la acción. Quienes arriesgan su libertad por defender la democracia necesitan la solidaridad pública de todos", concluyó el escrito.
