El gobierno de Donald Trump publicó en julio una norma que le otorga discrecionalidad para acortar la estadía de la mayoría de los estudiantes extranjeros en universidades estadounidenses. La medida, que entrará en vigor en septiembre, podría bloquear a miles de graduados que buscan trabajar tras completar sus estudios y generar demoras crecientes en trámites rutinarios para doctorados, residencias médicas y posdoctorados.
Así lo advierte Michael A. Clemens, investigador del Peterson Institute for International Economics (PIIE), en un análisis publicado esta semana que combina datos históricos, jurídicos y económicos para desarmar los argumentos oficiales detrás del cambio.
Durante medio siglo, Estados Unidos otorgó visas de estudiante válidas mientras durara la carrera ("duration of status"), incluyendo una breve experiencia laboral vinculada a los estudios. La nueva norma reemplaza ese esquema por un límite fijo de hasta cuatro años, tras el cual el estudiante deberá pedir una extensión que las autoridades de inmigración podrán negar sin apelación real.
Enorme costo para la economía
Según cálculos de Clemens y sus coautores en un estudio encargado por la National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, una caída sostenida de un tercio en el ingreso anual de estudiantes internacionales —que consideran una estimación conservadora— le costaría a Estados Unidos entre 200.000 y 400.000 millones de dólares al año, es decir, entre 0,7% y 1,3% del PBI. El propio autor lo compara con perder toda la economía de un estado como Utah o Carolina del Sur.
La razón: los estudiantes STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) que se quedan a trabajar tras graduarse patentan inventos a cuatro veces la tasa de un graduado universitario típico y fundan startups de alto crecimiento a seis veces la tasa de los nacidos en el país, de acuerdo con la investigación citada.
El texto oficial invoca el fraude y la seguridad, citando incluso los atentados del 11 de septiembre de 2001. Clemens responde con datos: de los 19 terroristas de esa fecha, solo uno tenía visa de estudiante. Y la norma solo aporta once casos anecdóticos de abuso desde 2008, frente a los 7,1 millones de visas de estudiante emitidas en ese mismo período.
Las claves
Para el investigador, la motivación real es otra: reducir la inmigración legal en general. Y cita declaraciones de los propios funcionarios a cargo:
-El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, sostuvo que las visas de estudiante son "para estudiar, no para trabajar después de graduarse".
-El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que el objetivo es que los estudiantes extranjeros se mantengan enfocados en su propósito principal: completar sus estudios y regresar a su país.
El mecanismo más afectado es el Optional Practical Training (OPT), que permite trabajar temporalmente en un empleo vinculado a la carrera tras graduarse. Su peso es enorme:
-Un tercio de todos los doctores STEM en Estados Unidos llegaron como estudiantes internacionales y se quedaron.
-El 64% de los estudiantes STEM extranjeros trabaja bajo OPT antes de terminar su visa.
-El 33% de los graduados STEM extranjeros consigue un empleador que patrocine su visa de trabajo tras pasar por OPT, contra apenas el 14% de quienes no lo hacen.
Qué dice la Corte Suprema
Clemens sostiene que, sin ese "período de prueba" que ofrece el OPT, la mayoría de las empresas no está dispuesta a asumir el costo y el riesgo de patrocinar directamente a un extranjero.
El estudio recorre casi ocho décadas de legislación —desde 1947 hasta hoy— para argumentar que el Congreso reafirmó una y otra vez, incluso fiscalmente, el derecho a trabajar bajo visa de estudiante. Los tribunales federales ya rechazaron previamente los argumentos que ahora repite la administración, y la Corte Suprema se negó a revisar ese fallo.
La norma todavía podría frenarse por dos vías: una intervención del Congreso bajo la Ley de Revisión del Congreso, que permite anular reglas con fuerte impacto económico, o una decisión judicial, dado que la administración no habría evaluado seriamente el daño económico que provocaría, tal como exige la ley.
Mientras tanto, el reloj corre: la regla entra en vigor en septiembre y con ella, según el análisis, se abre una vía discrecional para restringir el canal más grande de ingreso de talento altamente calificado a la fuerza laboral estadounidense.
