Tras derrocar a Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump acordó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, un tutelaje en el que el flujo de petrodólares del país se deposita en una cuenta bajo supervisión del Departamento del Tesoro. Nueve meses después, nada se sabe sobre los montos ni los usos del dinero, y la opacidad encendió las alarmas de congresistas demócratas, que reclaman rendición de cuentas tanto al secretario del Tesoro, Scott Bessent, como al secretario de Estado, Marco Rubio.
Según explicó Rubio ante el Congreso en enero, los recursos por la venta de petróleo venezolano se depositan en cuentas bajo control del Departamento del Tesoro, primero en Qatar y ahora en Citibank. Para disponer del dinero, el gobierno de Delcy Rodríguez somete sus solicitudes de gasto a la aprobación de Washington.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU
AP
En una carta fechada el 16 de septiembre, los senadores demócratas Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse solicitaron transparencia a Bessent y Rubio. “Durante meses, ustedes no han explicado adónde ha ido ese dinero ni si se han implementado salvaguardas para evitar la malversación de los fondos de Venezuela o una posible corrupción de la administración Trump al dirigirlos a personas políticamente favorecidas”, advirtieron.
Agregaron que “no queda claro qué barreras constitucionales o legales impiden que funcionarios o empleados del gobierno de Estados Unidos dirijan los ingresos de Venezuela hacia firmas políticamente conectadas en el sistema estadounidense, o que obliguen a Venezuela a pagar de más por bienes a empresas específicas cuando existen alternativas menos costosas”.
La administración Trump afirmó en abril que otorgó un contrato de 84 millones de dólares a la firma KPMG para auditar trimestralmente el uso de los fondos. Sin embargo, hasta el momento, según explicaron los senadores, no “queda claro que se haya realizado auditoría alguna”.
Evasivas de Bessent
Durante su comparecencia en la Cámara de Representantes el pasado 15 de septiembre, Bessent afirmó que no podía precisar el monto proveniente de la venta de activos venezolanos que ha pasado por las cuentas bajo supervisión del Departamento del Tesoro. "No voy a dar a conocer esa cantidad", contestó ante la pregunta del representante demócrata por Illinois Sean Casten.
Ante la insistencia de Casten, Bessent admitió que el control no se limita a las ventas de petróleo, sino que abarca otros activos venezolanos como el oro. Sin embargo, al ser consultado sobre si esos fondos están fluyendo hacia personas o corporaciones de Estados Unidos, el secretario aseguró no tener conocimiento de ello y reconoció no poder certificarlo.
Otro punto de fricción ocurrió cuando el legislador demócrata le recordó al titular del Tesoro su promesa incumplida de febrero, ocasión en la que aseguró que facilitaría al Congreso el texto del acuerdo suscrito con las autoridades venezolanas para el manejo de los fondos.
Al ser consultado sobre cuándo recibirían finalmente el documento y si este debió modificarse tras trasladar el dinero desde Catar hacia cuentas bajo gestión de Citibank en territorio estadounidense, el secretario esquivó una respuesta concreta: se limitó a señalar que lo consultaría con su equipo de trabajo y desvió la discusión insistiendo en que las cuentas están bajo auditoría.
Durante su intervención en la Asamblea de la ONU el martes pasado, Donald Trump afirmó respecto a Venezuela que "al vencedor le corresponde el botín”.
Millones en la sombra
Del lado venezolano, las promesas de rendición de cuentas tampoco se han cumplido. A comienzos de año, al calor del alivio de sanciones y la venta de petróleo a precios internacionales, Delcy Rodríguez anunció dos fondos especiales y una plataforma digital para transparentar el flujo de los petrodólares. No obstante, el portal habilitado solo refleja ingresos por 300 millones de dólares, un monto marginal en comparación con los volúmenes millonarios que se estima han pasado por el esquema.
Apoyándose en la producción petrolera, el precio promedio del barril y las estimaciones de exportación —descontando la porción correspondiente a empresas extranjeras como Chevron, Repsol y Eni—, la ONG Transparencia Venezuela elaboró un cálculo sobre los recursos que debió recibir la administración de Rodríguez durante el primer semestre del año.
“Aunque no se tiene información de cuánto ha transferido el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno interino, se estima que en el primer semestre le corresponden entre 6.353 millones y 8.162 millones de dólares”, indica la ONG.
El rol de Betancourt
A través de una segunda carta firmada por los congresistas Robert Garcia, Gregory Meeks y Jared Huffman, miembros de alto rango de las comisiones de Supervisión, Asuntos Exteriores y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, los demócratas aumentaron la presión sobre la administración Trump para exigir transparencia sobre el acuerdo petrolero suscrito con Venezuela.
El pacto mediante el cual la administración Trump busca afianzar el control de los recursos en el hemisferio occidental asegura a Estados Unidos el 20% del crudo que extraiga North American Blue Energy Partners (NABEP) a precio de costo, muy por debajo del mercado. Esta empresa, encabezada por el venezolano Alejandro Betancourt, prevé operar 17 campos que concentran la quinta parte de las reservas venezolanas, en un esquema donde el Pentágono pasaría a controlar el 35% de las acciones de la compañía.
Betancourt es una figura controvertida que ha enfrentado investigaciones por corrupción y presunto lavado de dinero en Venezuela, España y Suiza. Según la ONG Transparencia Venezuela, una de sus empresas, Derwick Associates, se benefició con sobreprecios millonarios en contratos asignados durante el gobierno de Hugo Chávez para la construcción de plantas eléctricas. Ahora, a través de NABEP, recibió estos yacimientos en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo sin licitación pública.
La carta de los congresistas, enviada al secretario de Estado y al fiscal general, Todd Blanche, señala: "Dadas las numerosas acusaciones de corrupción que rodean al señor Betancourt, exigimos información sobre las negociaciones que dieron lugar a este acuerdo". Añade que "el largo historial de negocios cuestionables del señor Betancourt plantea serias dudas sobre qué papel podría desempeñar en la elaboración de la política estadounidense o como aliado importante de EEUU".
Los legisladores también exigieron un desglose completo de todas las reuniones y comunicaciones sostenidas entre funcionarios del gobierno de Trump y Betancourt o sus operadores. En el texto, advierten que la política exterior hacia Caracas no puede quedar condicionada por convenios comerciales opacos que beneficien a personas señaladas judicialmente, lo que a su juicio socava la credibilidad y la seguridad nacional de Estados Unidos.
Por ahora, la administración Trump puede desoír las cartas de los legisladores, pero una victoria demócrata en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de medio término cambiaría de raíz el escenario: a partir de enero, la oposición pasaría de firmar reclamos de protesta a presidir las comisiones con facultad legal para emitir citaciones bajo juramento y forzar la desclasificación de los contratos y auditorías del Tesoro.
No obstante, Marco Rubio quiso disminuir la presión y aseguró esta semana que el informe de KPMG “tiene que completarse” y “estará disponible. Estamos muy orgullosos de él”.
