De entrada conviene mirar con cuidado el monto de las reservas en los campos adjudicados. Durante el gobierno de Hugo Chávez se les asignó a los yacimientos una tasa de recuperación de 20%, pero Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, recuerda que en la Faja del Orinoco se ha logrado extraer alrededor de 8% del petróleo bajo tierra.
Esto implica que los campos otorgados a NABEP cuentan en realidad con reservas cercanas a 20.000 millones de barriles, un tercio de lo que Trump se ufana en controlar. Aun así, sigue siendo una cifra muy relevante que supera, por ejemplo, todas las reservas de Brasil.
El precio de la gasolina
Trump afirmó que el acuerdo “reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses”. Sin embargo, todo indica que, de haber algún efecto, será a largo plazo y no antes de que los votantes, frustrados por el encarecimiento del combustible, acudan a las urnas para renovar el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
La mitad de los campos son bloques “verdes”, aún sin desarrollo ni infraestructura, por lo que tardará entre tres y cuatro años para que comiencen a producir. La consultora Rystad estima que pasarán al menos diez años antes de que los 17 campos operen a plena capacidad y generen 1,5 millones de barriles diarios.
Esto explica la indiferencia de los operadores del mercado petrolero, conscientes de que la guerra en Medio Oriente, en particular en torno al estrecho de Ormuz, es la variable determinante. Tras el anuncio del acuerdo con Venezuela, el precio del barril siguió escalando, impulsado por el conflicto con Irán.
Tras años de corrupción y pésima gerencia, la producción total de Venezuela se ubicó en agosto en 1,2 millones de barriles diarios. En 1999, cuando el chavismo llegó al poder, el país superaba los 3 millones de barriles al día. Ese declive explica que hoy Venezuela no tenga mayor incidencia en los precios del petróleo.
Las reservas estratégicas
Entre las alarmas encendidas en Estados Unidos destaca que sus reservas estratégicas de petróleo, un inventario almacenado en túneles subterráneos de sal en Luisiana y Texas para usar en situaciones de emergencia, se encuentran hoy en apenas 40% de su capacidad, el nivel más bajo desde 1983.
Biden utilizó parte de las reservas para aumentar la oferta de crudo y evitar que los precios se dispararan aún más tras la invasión de Rusia a Ucrania. Trump, por su parte, las ha empleado para tratar de contener el alza del barril en medio de la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.
La Casa Blanca sostiene que el acuerdo con Venezuela se traduce en un suministro estable y barato de petróleo que “puede facilitar el reabastecimiento” de las reservas. Pero la producción actual de NABEP es de apenas 170.000 barriles diarios. Incluso si se cumpliera el plan de expansión, tomaría años reponerlas con esta fuente y además el crudo venezolano es más pesado del que se utiliza como reserva.
El secretario de Energía, Cris Wright, ha señalado que contempla que las refinerías de Estados Unidos reciban crudo pesado de Venezuela para procesarlo y, a cambio, se libere crudo liviano destinado a las reservas estratégicas. Sin embargo, cualquier gasto importante requeriría la aprobación del Congreso, y está por verse si los demócratas, que han objetado el acuerdo con Venezuela, lo respaldan.
Un rol nada claro
Washington concreta su participación en NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, creada bajo la administración Biden para impulsar inversiones privadas en tecnologías clave mediante préstamos y asistencia técnica. La oficina ya adquirió acciones en una compañía de tierras raras, pero el pacto con Venezuela la coloca en un terreno inédito: asumir una participación en una empresa petrolera, lo que podría llevar a los demócratas a revisar con lupa el acuerdo.
De acuerdo con lo anunciado, NABEP tiene un plan de inversión de 100.000 millones de dólares. Lo que aún no está claro es el rol que jugará la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono y cómo piensa ayudar a que la empresa capte los fondos y los socios adicionales que necesita, más allá de figurar como accionista en NABEP.
NABEP es propiedad de Alejandro Betancourt, una figura controvertida que ha enfrentado investigaciones por corrupción y presunto lavado de dinero en Venezuela, España y Suiza. Según la ONG Transparencia Venezuela, una de sus compañías, Derwick Associates, se benefició con sobreprecios millonarios en contratos otorgados durante el gobierno de Hugo Chávez para construir plantas eléctricas.
Betancourt ha negado los señalamientos. Esta semana, Cris Wright aseguró en Caracas que “Estados Unidos negoció este acuerdo muy cuidadosamente, asumimos prácticas empresariales extremadamente serias” y recordó que el pacto otorga a Washington poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva de NABEP, y que la mayoría de sus integrantes serán estadounidenses.
Cuando se le preguntó en una entrevista con Bloomberg TV si NABEP sería capaz de atraer a socios adicionales para ayudar a desarrollar los yacimientos petrolíferos que controla actualmente, Wright respondió: "Oh, estoy seguro de que eso sucederá".
Fragilidad jurídica
Según un análisis de UBS, la durabilidad legal y política del acuerdo es incierta: no existe aún un contrato o decreto publicado y persisten dudas sobre su adecuación a la legislación venezolana y sobre cómo lo verían futuros gobiernos en ambos países.
Delcy Rodríguez no ha sido electa y ejerce la presidencia de manera ilegítima tras haber sido vicepresidenta de Nicolás Maduro, quien fue reelecto en julio de 2024 en unas elecciones empañadas por contundentes denuncias de fraude electoral.
Cris Wright y Delcy Rodríguez en Caracas
AFP
En Estados Unidos el acuerdo estará bajo la interrogante de si necesita la aprobación del Congreso. UBS advierte que las impugnaciones legales no pueden descartarse. Citi sostiene en un reporte que es necesario “mayor transparencia” y “una legitimidad política más amplia” para que los acuerdos puedan perdurar ante un futuro cambio de gobierno en la Casa Blanca.
Al pronunciarse sobre el acuerdo, María Corina Machado, principal dirigente de la oposición venezolana, dijo: “El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, en clara alusión al gobierno de Delcy Rodríguez.
"Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo: ¿quién firma?, ¿qué es realmente lo que se firma?, ¿quién pone el dinero?, ¿quién da las garantías?, cómo ¿beneficia esto a los venezolanos? Con absoluta razón, esto ha generado una profunda preocupación por las implicaciones que tiene para el futuro de nuestro país", dijo Machado en un video publicado en su cuenta de X.
Si bien aseguró que Estados Unidos es “el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico”, Machado subrayó que el chavismo no es el interlocutor adecuado: “Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, recalcó.
Agregó que una asociación beneficiosa “requiere trabajar de forma sostenida bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia. Y esto solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”.
