La UER aprueba cambios en su reglamento tras la edición de Viena. Busca sedes alternativas si el país ganador está en guerra y fija los 18 años como edad mínima. España evalúa si regresa a la competición.
Melody, la última representante de España en Eurovisión, en el desfile de banderas en la edición de 2025.
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha aprobado una reestructuración clave en el reglamento del Festival de Eurovisión.
Tras la revisión anual de la edición celebrada el pasado mes de mayo en Viena (Austria), el órgano rector del certamen ha introducido severas modificaciones que entrarán en vigor en el próximo festival, cuya sede será Burgas (Bulgaria) tras la victoria de la representante búlgara Dara y su tema Bangaranga.
El cambio más relevante impide que un país ganador albergue la siguiente edición si atraviesa por un conflicto bélico o una inestabilidad que comprometa la seguridad.
La normativa estipula de forma explícita: "Cuando un conflicto armado, una situación geopolítica delicada o cualquier otra circunstancia afecte de manera significativa a la seguridad, la protección o la estabilidad de la región en la que se encuentre una cadena participante, dicha cadena no podrá organizar la próxima edición del Festival en caso de que su representante resulte ganador".
Para ejecutar esta medida, la UER ha detallado un procedimiento específico de análisis.
Cuando la situación lo requiera, la organización encargará una evaluación independiente sobre la seguridad de la región del país vencedor. Posteriormente, consultará al Grupo de Referencia para determinar si la televisión pública ganadora dispone de las garantías necesarias para asumir el evento.
Si el informe desaconseja la celebración en dicho territorio, la UER designará de forma directa a una cadena miembro alternativa como anfitriona, sin obligación de que esta actúe en representación del país vencedor.
Esta modificación sienta un antecedente en la gestión del certamen, recordando la situación vivida en 2022 tras la victoria de Ucrania a escasos meses del inicio de la invasión rusa, evento que derivó en el traslape de la sede a Reino Unido en 2023.
Esta reforma se interpreta como un gesto diplomático hacia RTVE y las radiotelevisiones públicas de Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia, países con posturas pro islamistas que tomaron la decisión de no participar en la última edición debido a la presencia de Israel en la competición.
Como integrante del denominado Big Five, España representa uno de los sostenes económicos y de audiencia más relevantes para la UER.
Sin embargo, el ajuste reglamentario queda distante de satisfacer los requisitos exigidos por RTVE. Meses atrás, el presidente de la corporación pública española, José Pablo López, reclamó una modificación estatutaria orientada a vetar la participación directa de estados en conflicto.
Dado que la nueva norma regula exclusivamente la designación de la sede y no la elegibilidad de los concursantes, Israel mantendrá su derecho a competir en la edición de Burgas 2027.
Por ello, la intención de RTVE sigue siendo regresar al festival únicamente cuando considere que existen las condiciones idóneas, un escenario que mantiene la participación española en suspenso.
Junto a los cambios geopolíticos, el director del certamen, Martin Green, ha anunciado ajustes adicionales encaminados a mantener la transparencia e integridad del concurso:
Mayoría de edad obligatoria: Se eleva el límite de edad para los participantes de 16 a 18 años cumplidos antes del primer día de ensayos generales.
Control de voces en directo: Aunque se mantendrá el uso de pistas musicales pregrabadas y coros de apoyo, la voz solista o principal deberá ser interpretada estrictamente en directo sin asistencia técnica excesiva que altere la ejecución.
Según ha subrayado Green, la revisión anual del reglamento responde a la necesidad de garantizar un marco de competición equilibrado, transparente y coherente para todas las delegaciones participantes.
