El problema es que la dramática situación no es sólo responsabilidad de las autoridades de turno. Claro que lo es porque son quienes actualmente deben gestionar el sistema y son responsables de las 20 muertes ocurridas en 2025 de personas —algunas menores de edad y otras mayores— que estaban bajo su cuidado o protección, entre otros horrores que se han conocido.
Pero este problema que tiene un carácter estructural “se observa desde hace diez años”, señala el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que advierte —como uno de los “fenómenos emergentes en los últimos años”— el hecho de que “bandas y grupos vinculados a la criminalidad captan a niñas, niños y adolescentes antes, durante y después de su paso por el sistema de protección”.
De modo que no es algo que empezó a pasar en 2025, sino que viene por lo menos desde 2015, o tal vez antes, por lo que también es responsabilidad de las autoridades del gobierno pasado de la coalición multicolor, y del anterior, también del Frente Amplio, que no hicieron nada por modificar un problema que no ha hecho más que agravarse con los años y las sucesivas gestiones.
También en este tema se cuenta con diagnósticos alarmantes y no se advierte que el plan o las soluciones que se proponen vayan a generar cambios inmediatos como se necesitaría.
El informe de la Inddhh que te mencionaba expone, entre las malas decisiones que se toman, que a la hora de ingresar a los niños se los envía a donde haya lugar y se los separa de hermanos y de su lugar de origen. Afirma que desde 2010 los niños o adolescentes transitan en promedio por tres centros, y se han registrado situaciones en las que fueron trasladados por más de diez lugares.
Tampoco hay capacidad para atender su salud mental, otro “problema estructural”. El monitoreo constató que el 56% de los centros de protección había tenido en el último mes una niña, niño o adolescente hospitalizada/o por razones de salud mental. En el 53% de los centros del país se registraron situaciones de intento de autoeliminación.
Y el problema tiene el telón de fondo de las salidas no acordadas que se reportaron en el 73% de los centros en los últimos seis meses. El informe señala que “en algunos departamentos esto adquiere una dimensión particular, con niveles de riesgo de vulneración grave”. Como te contó esta nota de Tomer Urwicz, las salidas no autorizadas de niños y adolescentes crecieron 381% en una década.
Esas situaciones se centran en los adolescentes pero la primera infancia tampoco está en una situación mucho mejor, ya que el trámite de las adopciones también ha mostrado una cara terrible, con situaciones dramáticas en las que el más perjudicado resulta ser el niño.
La semana pasada se sumó un nuevo capítulo con el caso del empresario Giuseppe Cipriani y su pareja, Nicole Minetti, que dejó al descubierto una serie de irregularidades.
Si bien el expresidente Pablo Abdala se apuró a señalar que el proceso fue ajustado a Derecho y se cumplió con la normativa, las actuales autoridades tienen el caso en revisión ya que al momento de la adopción, Minetti contaba con antecedentes judiciales por inducción a la prostitución y peculado, una condición que impide adoptar.
Esa decisión resulta escandalosa si se compara con otros casos que han sido divulgados por El Observador.
Por ejemplo el caso de Cecilia y Pablo, que relató esta nota de Carolina Delisa y Tomer Urwicz. Luego de haber pasado por un proceso de dos años y nueve meses, con entrevistas, talleres, visitas a su casa, se les informó que eran “no idóneos” para adoptar. En el medio una de las técnicas que los trataba los reprochó haber “tocado a la casta política”, ya que habían conseguido por un conocido una reunión con Abdala, entonces presidente, para averiguar en qué estaba el proceso.
O el caso de otra pareja que, tras un proceso de casi cinco años, el INAU los sacó de la lista de adoptantes bajo el argumento de que no “resonaban” y no “vibraban” con los niños.
Pedro Jisdonian en la interpelación a Gonzalo Civila
Pedro Jisdonian en la interpelación a Gonzalo Civila
Foto: Ignacio Izquierdo / FocoUy
Las pobres respuestas
Desde la oposición la respuesta ha estado en pedir explicaciones llamando al INAU y al Mides varias veces, esta última con la interpelación que terminó sin respaldo ni apoyo a las autoridades, ya que de las cuatro mociones que se plantearon ninguna obtuvo las mayorías.
Desde el INAU y Mides dieron una serie de respuestas que no van al fondo del asunto. Por ejemplo, como solución al tema de las salidas no accordadas se mencionó que se está trabajando en un nuevo protocolo para que en lugar de llamar a la policía como primera alternativa, se pondere el riesgo y se busquen otras alternativas, como averiguar si fue a la casa de su madre.
¿De verdad alguien cree que ajustando protocolos se solucionará un tema tan estructural? Si no se entiende que el problema está en la vida que se le ofrece, en la falta de motivación para vivir —no digo ya en la falta de cariño, tan necesaria para cualquier ser humano en etapa de crecimiento y desarrollo—. Si no se busca solucionar en serio la atención en salud mental, la raíz de todos los problemas sociales, no se podrá atender a esos niños y jóvenes dañados.
INAU ha informado que avanza en la eliminación de la internación de niños de 0 a 3 años en centros de 24 horas, con el objetivo de desinternar a 300 niños, que implementa modelos de atención basados en las historias de vida de los menores, no en su edad o género, desarmando el centro exTribal y que diseña un programa de salud mental a nivel nacional.
Y la otra fantástica solución que está en votación de la Cámara de Diputados es crear un “comisionado parlamentario para infancias y adolescencias”. Lo impulsa la senadora del FA Blanca Rodríguez pero el proyecto requiere dos votos opositores, ya que no cuenta con mayorías.
Fue aprobado el martes únicamente con los votos del FA mientras que blancos y colorados objetaron que no quieren crear más cargos, además de que existe una posible superposición de competencias y funciones con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
La Inddhh dice lo mismo y con razón. Esa institución que también es controlada por el Parlamento ya trabaja en el área de la infancia, y así ocurre en otros países del mundo. De hecho, en este tema ha sido el organismo que ha trabajado y realizado diagnósticos.
En marzo creó un grupo de trabajo para examinar la normativa y las prácticas del INAU a partir de denuncias en los procesos de adopción y de varias fallas detectadas en el sistema. Y también creó uno sobre violencia territorial para buscar soluciones para esos niños y adolescentes expuestos a la marginalidad y pobreza, a las balaceras y al narcotráfico.
No es creando más burocracia y duplicando funciones que se atacará el problema sino usando mejor los recursos que ya existen.
El INAU y el sistema en general evidencian que la institucionalidad de protección a la infancia no sirve. Y en este caso no es un tema de recursos porque el INAU tiene un presupuesto para 2026 es de $23.820 millones de pesos, el doble del que tiene el Poder Judicial con $10.897 millones para el año, que equivale al 0,32% del PIB de Uruguay.
Una implosión, en sentido figurado describe un colapso interno, silencioso, donde la presión acumulada supera la capacidad de resistencia del sistema. Es lo que estamos viviendo en el sistema de protección de la infancia.
Y también le cabe responsabilidad al Poder Judicial, porque son los jueces de familia los que validan las decisiones de los técnicos de INAU, los que piden informes y los que visitan los centros. Mientras que hay jueces que hacen su trabajo a conciencia, hay otros que transcurren y se toman los expedientes como un mero trámite.
Por fuera de burocracias y de tejes y manejes políticos se precisa que, tras la implosión, surja una nueva institucionalidad, o al menos que todos los actores del sistema se tomen en serio la tarea de la que depende el futuro del país.
