La reestructuración generó euforia tras el cambio de régimen chavista. Pero aún ni se conoce el monto exacto de la deuda. Un informe lo revelará en estos días: llegaría a u$s 240.000 millones. Los inversores recibirían un 30% menos de lo que esperan por el terremoto y sus consecuencias.
La devastación que provocaron los dos terromotos que sufrió Venezuela hacen peligrar la recuperación económica.
La espantosa tragedia que atraviesa Venezuela también tiene su eco en el mercado.
Y ya está acelerando una ola de ventas que, de hecho, se había puesto en marcha a mediados de mayo, cuando el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez anunció la que podría ser la mayor reestructuración de deuda de la historia.
Los inversores saben que la incipiente pero pujante recuperación económica en la que estaba embarcada Venezuela hoy pende de un hilo después de la devastación de los dos terremotos que asolaron al país.
Una evaluación preliminar de las Naciones Unidas estimó los daños directos en u$s 6.700 millones pero las pérdidas totales podrían ser hasta tres veces más. No sólo la capacidad de pago del gobierno no será la misma sino que el proceso probablemente pueda demorarse.
Las dudas que ahora arreciaron habían empezado a despuntar en el mercado en mayo, cuando muchos decidieron que era el momento de tomar ganancias, aunque por otras razones.
En aquel entonces, aunque el anuncio de la operación había llegado mucho antes de lo que cualquiera hubiera esperado, los inversores empezaron a dudar si podrían recuperar lo suficiente para justificar el aumento de precio de los bonos en default.
Es que la reestructuración disparó un rally que hizo de los bonos venezolanos el mejor negocio entre toda la deuda emergente. Según datos de Bloomberg, treparon 220% en los últimos 12 meses y casi 70% este año.
La captura del presidente bolivariano Nicolás Maduro y el cambio de régimen en el país convencieron a los inversores de que finalmente se avanzaría en una negociación de la deuda y todos quisieron comprar a precios deprimidos.
Los bonos ya estaban cerca de 60 centavos por dólar y era difícil que pudieran apreciarse mucho más, según el consenso de los analistas. Hoy están cotizando cada vez más próximos de la zona de los 45 centavos. Esto es una caída del 30%.
Venezuela comenzó a incumplir sus obligaciones en 2017 a medida que las sanciones de Estados Unidos la asfixiaban financieramente. El conjunto de deuda en default incluye desde bonos de la petrolera estatal PDVSA hasta acciones legales por las expropiaciones de la era chavista y créditos de China y Rusia.
Incluso antes del desastre natural, el mercado ya esperaba con nerviosismo el informe de sostenibilidad de la deuda que debe elaborar el gobierno junto a su asesor financiero, Centerview Partners.
Después de años de opacidad oficial, será un panorama del verdadero estado de las finanzas públicas, la verdadera capacidad de pago del país y el nivel de reducción de deuda al que se aspira. Pero sobre todo los inversores aguardan el dato central: a cuánto asciende verdaderamente la deuda en default.
Wall Street venía manejándose con estimaciones que oscilaban entre u$s 150.000 millones y u$s 200.000 millones. Pero un artículo reciente del Financial Times sugirió que la cifra total ascendería a u$s 240.000 millones.
Mientras tanto, el producto bruto interno (PBI) se calcularía en unos u$s 100.000 millones (en 2012, el último año de Hugo Chávez, era de u$s 370 millones).
Según estrategas de Citigroup, esto implicaría que Venezuela necesitaría aplicar una quita de deuda mayor a la prevista para llevar sus obligaciones a niveles sostenibles. Para los inversores, supondría “valores de recuperación aproximadamente entre un 30% y un 35% inferiores a los precios actuales del mercado”.
Una de las dificultades que puede enfrentar esta mega-operación que debe llevar adelante Venezuela es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no estará implicado, lo que es inusual en estas operaciones.
Las conversaciones con el organismo hasta ahora sólo se enfocaron en el Artículo IV, la revisión periódica de las economías de sus países miembros, un proceso al que Venezuela no se somete desde 2004.
Y muchos se preguntan si los funcionarios venezolanos que estuvieron al frente del gobierno durante años de colapso económico pueden elaborar con credibilidad el principal análisis técnico de la reestructuración sin supervisión externa.
De hecho, la administración Trump emitió una licencia especial para que Venezuela pudiera contratar servicios de asesoría financiera para la operación pero prohíbe las negociaciones directas con los acreedores.
Los inversores hoy ya no saben dónde están parados.
No sólo esperan saber el monto preciso de la deuda. Se preguntan cuál será el costo de la destrucción causada por la tragedia. Y necesitan precisiones sobre el impacto en una economía que hasta hace poco crecería a dos dígitos.
No queda nada de aquella euforia por la deuda venezolana ante el fin de la truncada épica bolivariana.
