El terremoto que ha sacudido a Venezuela ha terminado de exponer el colapso de un Estado desmantelado por décadas de ineficiencia y autoritarismo chavista. Mientras el número de víctimas crece, la ayuda internacional llega a un país carente de cualquier tipo de infraestructura y planificación.
Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).
Los terremotos que golpearon Venezuela constituyen un caso muy inusual.
En lugar del sismo clásico seguido por réplicas de menor magnitud, se registraron dos terremotos separados por menos de un minuto. Este fenómeno es conocido como "doblete sísmico".
Los especialistas sostienen que esta modalidad multiplicó el poder destructivo.
En la zona del epicentro, la intensidad alcanzó niveles comparables con los más altos de la escala de Mercalli, asociados a daños estructurales severos.
Gran parte del territorio venezolano se encuentra en zonas sísmicas y los movimientos son diarios, pero, en general, sin que tengan repercusiones o, incluso, sin que se perciban. Los sismos de mayor impacto histórico datan de 1900, en la región andina, y de 1967, en Caracas.
Por eso, la repetición no es solo una posibilidad lejana. Esta "Espada de Damocles" no ha motivado a los gobiernos chavistas a modernizar sus sistemas de alerta y rescate, ni a implementar nuevos códigos de construcción y protocolos ante catástrofes. Los resultados se ven en esta tragedia.
A modo de contraste, el sismo de magnitud 7.2 que sacudió la costa norte de Japón el mismo día que en Venezuela no ocasionó víctimas fatales ni daños estructurales graves, lo que evidencia la eficacia de la gestión preventiva.
Las primeras 72 horas posteriores al desastre constituyen un período decisivo para localizar personas con vida entre los escombros. Sin embargo, los diagnósticos son desalentadores y todo indica que el balance de víctimas se incrementará dramáticamente.
En Venezuela, alrededor del 85 % del parque habitacional está construido con ladrillo o bloques de hormigón. Una porción significativa de esas edificaciones carece de refuerzos estructurales. Así, la probabilidad de que se produzcan daños graves o incluso un colapso aumenta de forma radical.
Los efectos sobre la infraestructura y la vida del país se extenderán mucho más allá de la emergencia inmediata. Las imágenes satelitales y los testimonios desde el terreno revelan una destrucción inédita.
Al mismo tiempo exponen la incapacidad, o la inexistencia, de una respuesta eficiente en la búsqueda, rescate y atención médica. A la par, comienzan a aflorar denuncias sobre el aprovechamiento que bandas criminales hacen de las necesidades básicas de los damnificados.
Estas horas críticas solo admiten la solidaridad y una ayuda internacional que, en esta ocasión, no ha faltado. Este punto no es menor. Muchas veces, la ideología de quienes conducen los Estados constituye una limitación para la recepción de ayuda.
En este caso, hasta adversarios declarados como Nayib Bukele y Javier Milei enviaron ayuda, y el gobierno estadounidense organizó una operación humanitaria con casi tres centenares de técnicos y profesionales especializados en rescate, medicina y logística, con experiencia internacional.
Este escenario contrasta con antecedentes históricos como el del ciclón Nargis en Myanmar en 2008, donde un régimen militar de corte nacionalista y socialista impidió el ingreso de ayuda internacional, agravando las consecuencias de la tragedia.
Es un contrafáctico pensar qué hubiera ocurrido con Nicolás Maduro en la presidencia, pero no resulta irracional suponer que habría habido mayores dificultades para la llegada de ayuda exterior. Un precedente relevante es el deslave de 1999, bajo el gobierno de Hugo Chávez.
Cuando un alud de lodo de enormes proporciones azotó el estado Vargas, el hoy fallecido dictador complicó el ingreso de la asistencia internacional, mientras el Estado venezolano era incapaz de gestionar la reconstrucción y la atención a las víctimas de una tragedia que dejó miles de muertos.
La actual gestión de Delcy Rodríguez refleja la misma incapacidad estatal para hacer frente a la magnitud de este desastre que en aquella ocasión, pero le suma una debilidad política estructural que le impide los gestos sultanistas de Chávez.
Con el arresto de Maduro, numerosos empresarios y emprendedores han retornado con la intención de recuperar propiedades o iniciar negocios, y sus testimonios coinciden en que la devastación previa al terremoto, producto de la política, es comparable a la de un país en guerra.
Venezuela ha dejado de generar bienes básicos, su producción petrolera es una sombra de lo que fue y sufre un colapso de los servicios esenciales. Como en Cuba, su mentora, los desmanes son atribuidos a la intervención de las potencias occidentales antes que a sus propias políticas.
Este proceso repite el modelo implementado por los hermanos Castro para enmascarar su dinámica extractiva. Se trata de una élite cerrada que concentra el poder, se enriquece y justifica sus privilegios mediante un discurso progresista, victimista y antiimperialista.
En Venezuela, este relato contó con el apoyo de intelectuales, artistas y organizaciones como CLACSO, el Foro de San Pablo e incluso el Vaticano, así como con la cooperación de gobiernos de diversas latitudes, que actuaron como cómplices para dotar de verosimilitud a la narrativa oficial.
Bajo la mirada impasible de la comunidad internacional, más de 7,7 millones de venezolanos emprendieron un éxodo sin precedentes en la historia reciente de la región. Este flujo migratorio supera con creces las cifras de desplazamiento de las dictaduras del Cono Sur en los años setenta.
Quienes poseían formación profesional, méritos o deseos de prosperidad o de libertad huyeron de la hecatombe chavista a través de rutas peligrosas, como la selva del Darién, bajo el acecho de redes mafiosas y carteles que se enriquecieron con el comercio de personas.
Mientras tanto, el Estado avanzó hacia un modelo totalitario en el que se controlaba cada paso de la sociedad civil, como en la Rumania de los Ceaucescu. Para ello delegó el control social no solo en una policía política, sino también en carteles, bandas criminales y grupos paramilitares.
Venezuela carece de cualquier logística que exija planificación, sistematicidad y detalle.
Se sabe por experiencia de eventos sísmicos —como el caso de Haití— que gran parte de la mortalidad se produce con posterioridad a los movimientos, debido a la falta de una respuesta adecuada.
El sismo no ha hecho más que descorrer el velo sobre las ruinas de una nación cuya verdadera catástrofe comenzó mucho antes del primer temblor.
Ante la ausencia del Estado, el país ha quedado a merced de su propia resistencia. Pero ahora estará obligado a refundar, desde los escombros, no solo viviendas y servicios, sino la arquitectura misma de una sociedad que ha sobrevivido entre la tragedia tectónica y la devastación totalitaria.
Tras años de infierno, los venezolanos ya no tienen nada más que perder.