La Policía Nacional busca al periodista y activista Vito Quiles para ejecutar una orden de detención dictada por un juzgado de instrucción de Madrid. La medida cautelar fue acordada mediante un auto judicial tras haber sido declarado en situación de rebeldía por "sustraerse a la acción de la Justicia". El colaborador de la plataforma Estado de Alarma (EDATV), que suele abordar a funcionarios y políticos en espacios públicos, decidió no comparecer a ninguna de las dos citaciones formales programadas por la jueza para tomarle declaración, fijadas inicialmente para el pasado 9 de junio y posteriormente para el día 25 del mismo mes.
Agentes policiales se personaron en las dependencias laborales de la plataforma EDATV con el objetivo de ejecutar el arresto, el cual no pudo materializarse al no encontrarse el investigado en su puesto de trabajo. Pese a que su representación legal, ejercida por el despacho Ospina Abogados, comunicó inicialmente que Quiles se encontraba en su domicilio y que tenía previsto acudir de forma voluntaria a una comisaría para aclarar el asunto, el propio activista modificó públicamente su estrategia y manifestó su decisión explícita de permanecer huido de las autoridades.
Ofrecimiento de asilo por parte del Ejecutivo de Javier Milei
Tras hacerse pública la orden de arresto, Vito Quiles realizó declaraciones en las que asegura disponer de un respaldo político internacional de primer nivel para eludir la actuación de las fuerzas de seguridad. El colaborador televisivo afirmó haber recibido el soporte expreso del presidente de la República Argentina, Javier Milei, quien le habría brindado refugio diplomático dentro del territorio español.
"No voy a entregarme ni a exponerme a ser detenido, como quiere el Gobierno, hasta nuevo aviso. He recibido el respaldo de Milei y su ofrecimiento para resguardarme en la embajada argentina en España si viera que la situación se agrava", declaró el activista, que en más de una ocasión se le negaron respuestas en conferencias de prensa del gobierno español.
La defensa técnica ha esgrimido que la orden judicial de arresto resulta "desproporcionada" al enmarcarse en un presunto delito de injurias y calumnias, argumentando que no merece una actuación tan agresiva por parte de los agentes. Asimismo, el investigado trasladó la responsabilidad de la actuación policial a supuestas "directrices sospechosas del Ministerio del Interior". Quiles aseguró también que su equipo legal recibió una comunicación desde el juzgado sobre un presunto "malentendido" respecto a la intención real de la orden de detención, motivo por el cual decidieron reservarse la decisión de acudir ante el temor de sufrir un arresto premeditado a su llegada.
Denuncia por presunto delito continuado de calumnias contra el honor
El origen del procedimiento penal se fundamenta en una demanda interpuesta por un funcionario del Ministerio de Hacienda, quien ejerce labores técnicas en dicho departamento desde hace 41 años bajo administraciones tanto del Partido Popular como del PSOE. El querellante acusa a Vito Quiles de un delito continuado de calumnias a raíz de la difusión de información "absolutamente falsa" a través de sus perfiles en las redes sociales Telegram y TikTok.
Según los términos de la demanda, el activista propagó un "bulo" donde afirmaba que este trabajador público era un asesor de la ex vicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que había salido de prisión gracias a la intervención directa y el encubrimiento de la ministra para ser posteriormente contratado en el Ministerio.
La acusación formal recalca que las publicaciones incluyeron el nombre completo y la fotografía del funcionario, lo cual desencadenó una "persecución pública" con cientos de reacciones de usuarios profiriendo insultos, vejaciones y amenazas. La representación legal de la víctima sostiene que el perjuicio sobre su reputación es "constante y continuado en el tiempo" debido a que los contenidos siguen disponibles en internet, por lo que solicita una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales y profesionales.
Declaraciones de Quiles ante la supuesta cacería judicial
En una serie de vídeos difundidos a través de sus perfiles personales en redes sociales, Vito Quiles defendió su inocencia y alegó un absoluto desconocimiento del expediente técnico de la causa penal por la que se ordena su captura, señalando de forma irónica: "Si dije eso sobre un funcionario de Hacienda fue hace mucho tiempo y no me acuerdo, la verdad. Supongo que sería verdad porque tengo cero condenas por mentir". En un intento de desmarcarse de esta acusación, llegó a indicar que pensaba que la reclamación provenía de una persona vinculada al entorno de la vicepresidenta Yolanda Díaz por supuestos delitos de acoso sexual publicados en sus canales.
Además, enmarcó toda la actividad judicial dentro de una supuesta "cacería judicial y mediática" dirigida por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Según sus manifestaciones, esta persecución estatal se inició a raíz de las preguntas formuladas por su parte a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Quiles cuestionó la normalidad democrática del proceso al denunciar el rastreo policial en su vivienda y puesto de trabajo, al tiempo que repasó distintos casos de corrupción que a su juicio rodean al PSOE —mencionando los casos de la propia Begoña Gómez, las joyas de Zapatero, Leire Díez o Plus Ultra— para denunciar que sus responsables están en sus casas. Finalmente, aludió con ironía a la situación del político Carles Puigdemont para justificar su condición actual frente a la Policía: "Si tenéis la misma suerte que con Puigdemont, podemos estar días así".
Otras causas y antecedentes del investigado en los juzgados
El requerimiento de detención dictado por el juzgado de instrucción de Madrid se suma a otros procedimientos que involucran al activista en distintas instancias judiciales del territorio nacional. Entre las causas penales abiertas se encuentra un procedimiento derivado de un altercado en el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, lugar al que el investigado acudió presencialmente para proclamar que no asumía sus responsabilidades tras un apagón de suministro eléctrico acontecido en abril de 2025.
De forma paralela, el nombre del colaborador de EDATV ha estado implicado de manera regular en otras denuncias interpuestas ante los tribunales españoles. Entre ellas destacan las denuncias por supuestos delitos de acoso y agresión promovidas en su momento tanto por Begoña Gómez, cónyuge del presidente del Gobierno, como por la analista política Sarah Santaolalla. Ambas querellas específicas, según detallaron las fuentes jurídicas consultadas, se encuentran archivadas de manera provisional por las correspondientes autoridades judiciales.
