El plan de Estados Unidos de deportar a miles de personas hacia terceros países está "desencadenando una cascada de violaciones de derechos humanos", advirtió un grupo de 23 expertos e inspectores independientes de la ONU. Según el informe, a través de este esquema de externalización migratoria la administración de Donald Trump involucró a al menos otros 35 Estados y expulsó a alrededor de 23.000 personas hacia terceras naciones, "incrementando los riesgos de tortura y malos tratos, así como de desapariciones forzadas".
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Washington promovió la firma de convenios con países en desarrollo para que asuman la custodia de los migrantes que no pueden ser repatriados legalmente a sus lugares de origen.
Después de meses de disputa judicial, este martes, la Corte Suprema permitió al gobierno reanudar su programa de traslado de migrantes a países distintos de sus naciones de origen y anunció que escucharía los argumentos del caso más adelante este año.
"Riesgos de tortura, malos tratos y desapariciones forzadas"
De acuerdo con el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado este lunes, estos acuerdos bilaterales están "vulnerando el principio consuetudinario de no devolución en países de todo el mundo que aceptan recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos".
En esa línea, los especialistas denunciaron que, "debido a su falta de transparencia, estos acuerdos quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos".
Los expertos, entre los que se cuentan relatores especiales de Naciones Unidas sobre derechos de migrantes y sobre protección de derechos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, advirtieron que ese tipo de acuerdos está "incrementando los riesgos de tortura y malos tratos, así como de desapariciones forzadas".
Los países receptores
La lista de más de 35 naciones receptoras abarca tanto a estados africanos en crisis, como Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia y Sudán del Sur, como a un extenso bloque latinoamericano integrado por Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Por su parte, el Gobierno de Uruguay mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre la posibilidad de recibir a deportados de distintas nacionalidades. En diálogo con El Observador USA en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, confirmó que su administración sostiene contactos fluidos con Washington respecto de la factibilidad del acuerdo.
"Eso es algo que se está trabajando desde hace ya mucho tiempo. Hace unos cuantos meses que venimos conversando, aunque no hay nada concreto. Sabemos que el tema está en América Latina. Hay países que firmaron y otros que no firmamos todavía. Pero es un diálogo muy abierto y tolerante", afirmó el mandatario.
Los expertos firmantes, encabezados por el relator especial sobre derechos humanos de los migrantes Gehad Madi, instaron a los países de la lista a suspender de inmediato estos acuerdos, así como a restablecer el acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces.
Los especialistas denunciaron que varios de estos convenios estipulan únicamente una recepción temporal para luego activar una segunda expulsión hacia un nuevo destino. Este mecanismo, alertaron, suele ir acompañado de presiones y amenazas contra los migrantes para forzarlos a solicitar el retorno voluntario a sus países de origen, a pesar de los graves riesgos que esa repatriación implica para su integridad física y su protección internacional.
Disputa judicial
Desde su retorno a la Casa Blanca, la administración Trump buscó ampliar los acuerdos bilaterales con terceros países con el objetivo de acelerar las deportaciones masivas, una de sus promesas de campaña.
La medida fue judicializada y, tras una serie de fallos en instancias inferiores que declararon ilegal el procedimiento, el Gobierno solicitó la intervención de la Corte Suprema para reactivar las expulsiones hacia terceras naciones.
El martes, el Tribunal Supremo autorizó reanudar las deportaciones rápidas a terceros países mientras los magistrados evalúan la validez de la política impulsada por la administración Trump. La resolución marca la tercera ocasión en que la alta corte permite al Ejecutivo aplicar esta medida de manera temporal.
Los tres magistrados del ala progresista de la Corte expresaron su disidencia frente a la decisión. No obstante, el tribunal confirmó que escuchará los alegatos orales del caso en diciembre, sumando a su agenda un recurso de alto impacto sobre la política migratoria del Gobierno.
Mientras la estrategia permanece frenada por la vía judicial, la administración insiste en la legalidad del esquema y sostiene que todas las operaciones se ejecutan en estricto apego a la legislación migratoria vigente.
Los cuestionamientos internacionales sobre esta práctica provienen de relatores e inspectores independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si bien desempeñan mandatos específicos para la supervisión de crisis globales y garantías fundamentales, los especialistas ejercen sus funciones a título personal y no expresan la postura oficial del organismo multinacional.